ARGOS. Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, manifiesta su profunda preocupación por la aplicación en Chile de la nueva Ley de Migraciones que ha derivado en vulneración de los derechos humanos de las personas y grupos migrantes.
El Gobierno de Chile expulsó el 04 de agosto, a 77 inmigrantes de origen peruano y boliviano en un vuelo chárter, el quinto que fleta este año, en el marco de una estrategia del Ejecutivo de ese país para desalentar la migración irregular. Durante el 2021 y en medio de la pandemia, se han deportado 547 personas en cinco vuelos en el marco de la nueva ley de migración. La mayor parte de las personas devueltas este año son venezolanas (185), seguidas por los colombianos (105) y bolivianos (99) y en menor medida dominicanos, peruanos y de otras nacionalidades.
Según denuncias efectuadas por las víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, en el marco de estas “expulsiones sumarias”, no se ha respetado el debido proceso –ya que se realizan los fines de semana, de forma aleatoria y sorpresiva, impidiendo a las personas afectadas acceder a llamadas telefónicas o a abogados, en un horario donde las cortes no sesionan para evitar la presentación de recursos de amparo– e inclusive, generando separación dentro de las familias. Asimismo, en meses recientes, la Corte Suprema chilena anuló varias órdenes de deportación por considerar que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”, pero en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación.
Frente a esta situación, el gobierno de Chile ha vulnerado los llamamientos de las Naciones Unidas a detener estas expulsiones, como también los tratados internacionales ratificados por el Estado chileno, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todos estos instrumentos se reconoce el derecho a la no discriminación de las personas por su nacionalidad o condición social (inclusive migratoria), y se establece expresamente la prohibición de la expulsión masiva de extranjeros. Igualmente, se encuentran en contradicción con lo establecido en la Constitución vigente de Chile (artículo 19), la cual garantiza a todas las personas la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos; señalando que ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias.
Ante esta situación:
• Rechazamos la aplicación arbitraria de esta nueva Ley de Migraciones, y solicitamos su suspensión inmediata.
• Rechazamos las “expulsiones sumarias” solicitando las garantías del debido proceso a toda persona migrante, tanto en las instancias administrativas como en las judiciales.
• Exigimos al Estado chileno a respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas en condiciones de movilidad humana, independientemente de su condición o situación migratoria.
• Solicitamos a los órganos e instituciones del Estado chileno a poner fin a estas graves y reiteradas vulneraciones.
• Exigimos el cese de toda acción de funcionarios del Estado chileno que conlleven prácticas de discriminación y xenofobia y, en particular, de las que impliquen expulsiones masivas de migrantes extranjeros.