14 de mayo de 2021
ARGOS – Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos manifiesta su preocupación por las múltiples denuncias de vulneración a los derechos humanos cometidos por la Fuerza Pública de Colombia, en el contexto de las manifestaciones y protestas que se registran en ese país desde el 28 de abril, en principio en contra de la Reforma Tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, pero que luego revelaron demandas sociales más profundas del pueblo colombiano.
Desde el inicio de la jornada de protestas circulan informes de personas asesinadas extrajudicialmente y detenidas sin el debido proceso, así como videos y testimonios de víctimas de actos de tortura, amenazas, hostigamiento y uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para reprimir las movilizaciones legítimas de la ciudadanía.
Asimismo, consternan los ataques armados de la Fuerza Pública y personas no identificadas contra representantes de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión Médica Prehospitalaria en Colombia, en una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y violación a los derechos Humanos.
Como resultado de estas acciones, la organización no gubernamental Temblores informó que entre el 28 de abril y el 10 de mayo de 2021 ocurrieron, a nivel nacional, al menos 1.956 casos de violencia cometida por efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, dentro de los que se identificó: 313 víctimas de violencia física, 40 casos de violencia homicida cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1.003 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 418 intervenciones violentas en el marco de las protestas, 28 víctimas de agresiones oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego y 12 víctimas de violencia sexual
Los eventos que se desarrollan en Colombia no pueden entenderse aisladamente del conflicto armado que se libra en ese país desde hace décadas, que ha provocado una cifra acumulada de cerca de 8 millones de desplazados; ni de la violencia y desatención estructural que ha caracterizado al Estado colombiano con relación a las poblaciones vulnerabilizadas, como las comunidades negras, los pueblos indígenas, las mujeres, los niños (as) y jóvenes.
En este sentido, nos preocupa enormemente que esta nueva escalada del conflicto vaya a generar un mayor número de desplazados en ese país, como también una situación de desplazados fuera del territorio colombiano, repercutiendo en los países vecinos.
Del total de los asesinatos registrados hasta el momento, 35 tuvieron lugar en la ciudad de Cali, departamento de Valle del Cauca (ubicado en la región del Pacífico), hogar de la segunda población afrodescendiente más extensa de América del Sur, según reportó la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES).
Esta región, que reúne a los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, concentró en 2020 el mayor número de personas desplazadas forzosamente a nivel nacional, con un total de 21.932. El año pasado, solo en Nariño se registraron 32 eventos de desplazamiento forzoso múltiple y masivo, el mayor número a nivel nacional, dejando un saldo de 11.470 víctimas.
La situación humanitaria de las poblaciones rurales en Colombia es crítica. En 2020 un total de 32.217 personas fueron forzadas a desplazarse en 106 eventos de desplazamiento múltiple y masivo a nivel nacional. Casi el 80 por cierto de estos eventos estuvo relacionado con la presencia de grupos armados (35,13%), amenazas e intimidaciones (23,3%) y enfrentamientos (20,07%).
De esta cifra, más del 50 por ciento pertenecían a pueblos étnicos diferenciados, siendo de la población afrodescendiente 9.150 víctimas, mientras que de los pueblos indígenas unas 7.049. El patrón se mantuvo en cuanto al perfil de las personas asesinadas, pues más del 30 por ciento pertenecían a pueblos étnicamente diferenciados: 48 indígenas y 20 afrodescendientes.
Como apuntan diversos investigadores, movimientos sociales y organizaciones de Derechos Humanos en Colombia, la violencia ejercida actualmente por el Estado colombiano tiene un impacto desproporcionado en las comunidades afros y pueblos indígenas. Un amplio número de los casos más agresivos de violencia estatal registrados durante los últimos lustros han ocurrido en territorios habitados por estas poblaciones, sometidas, por demás, a una histórica exclusión socioeconómica que se ha exacerbado en medio del contexto impuesto por la pandemia de la COVID-19.
Informaciones recientes de la Defensoría del Pueblo también indican que durante 2021 un total de 27.435 personas fueron víctimas del desplazamiento forzado a causa del aumento de la violencia en varias regiones del país, lo que representa un aumento del 177 por ciento respecto al mismo periodo de 2020.
Ante esta situación:
- Instamos al gobierno de Colombia a detener el uso excesivo y arbitrario de la violencia contra la población civil, la estigmatización y criminalización de la protesta social.
- Exhortamos a las autoridades gubernamentales a entablar un diálogo amplio que incluya a todos los sectores de la vida política nacional, y a reconocer las demandas sociales emanadas de la sociedad civil.
- Solicitamos al Estado colombiano cumplir con la implementación integral del Acuerdo de Paz y garantizar el derecho a la vida de los líderes y lideresas sociales, defensores de los Derechos Humanos y población civil colombiana en general.
- Exhortamos a los órganos e instituciones del Estado colombiano a implementar programas de atención especial a las poblaciones en situación de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado interno para atender sus necesidades en medio de la crítica situación que enfrenta el país en la actualidad.