ARGOS – Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, manifiesta su gran preocupación ante la grave situación humanitaria que enfrentan las comunidades territoriales y poblaciones migrantes en el departamento colombiano de Arauca, una región históricamente afectada por el conflicto armado interno que vive ese país desde hace décadas.
Este territorio se encuentra ubicado en la región de la Orinoquía, en el límite con Venezuela, una zona separada por 300 kilómetros de cauce del imponente río Arauca. Se trata de una frontera porosa e híbrida en la que ciudadanos de ambos países se han integrado cultural, social y económicamente a lo largo de los años, a consecuencia de un flujo migratorio de doble vía que terminó formando un mestizaje cultural. Según los datos oficiales, en el 2020, la población de ese departamento alcanzó los 294.206 habitantes (65, 5% urbana y 34,5% rural), de los cuales 90.302 personas (30,6%) han sido reconocidas como víctimas de la violencia política[1].
Con un índice de pobreza multidimensional del 90,7% en zonas rurales y de 54,8% en cabeceras urbanas, la población araucana ha tenido que enfrentar durante semanas una grave situación social provocada por la emergencia invernal: el departamento completa un mes sin agua, energía y combustible, con los corredores viales colapsados, el 100% de ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivos (UCI) para el tratamiento de la COVID-19, problemas de conexión a internet, afectaciones al comercio (tercer renglón de la economía) y problemas de desabastecimiento que han dejado miles de damnificados en seis de las siete municipalidades que componen esta zona. El anterior panorama pone al descubierto el abandono estatal de esta región que, paradójicamente, es una de las más militarizadas del país.
Es importante recordar que en el mes de marzo se presentaron intensos combates en el municipio Páez (estado fronterizo de Apure), en el sector de La Victoria. Allí, grupos armados colombianos atacaron a la Guardia Nacional de Venezuela y sembraron minas antipersonales en el territorio con el fin de atemorizar a la población civil y producir un abandono forzoso de sus viviendas, quienes circunstancialmente tuvieron que movilizarse hasta la localidad colombiana de Arauquita para resguardar sus vidas. La estrategia de intervención estadounidense del “Plan Colombia” continúa utilizando como base operacional el suelo colombiano, lo que pone en riesgo la vida e integridad física de las comunidades que habitan las regiones fronterizas, especialmente, en la región del Catatumbo y el departamento de Arauca.
Ante estos hechos, hacemos un llamado respetuoso a la comunidad internacional y al gobierno colombiano para que:
- Concentre sus esfuerzos en atender las necesidades humanitarias de las comunidades territoriales y poblaciones migrantes que residen en las zonas fronterizas
- Priorice la inversión social en estas localidades y en los sectores que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad
- Cumpla con la implementación de los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, en especial, lo concerniente a las medidas de desmantelamiento del paramilitarismo, la Reforma Rural Integral (RRI), los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Programas Integrales de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS).
[1] Datos tomados de: https://portalterritorial.dnp.gov.co/kpt/