El desplazamiento forzado del que es víctima la población colombiana desde hace 50 años, con su origen en la violencia bipartidista desatada a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y en la ola de violencia del narcotráfico y la guerra contrainsurgente durante la década de 1980, ha tenido connotaciones especiales y muy específicas sobre los grupos étnicos de ese país, como lo son las comunidades afrocolombianas e indígenas1. Son estos grupos humanos los que han sufrido, en mayor medida, los efectos del desgarramiento cultural y psicosocial que produce el proceso de deslocalización y desterritorialización que deja tras de sí la migración forzada. Al mismo tiempo, la pérdida del territorio que acarrea el conflicto interno colombiano, ha alterado distintos aspectos de la vida de las comunidades –economía, cosmovisiones y prácticas culturales–, al cual está indisolublemente ligada debido a que este es un espacio dotado de una profunda carga simbólica y de múltiples sentidos ordenadores de la realidad2.
El fenómeno del desplazamiento forzado colombiano responde a una lógica de la concentración de la propiedad agraria y control territorial por parte de latifundistas, grupos armados y bandas organizadas del narcotráfico, así como al desarrollo de megaproyectos ligados a inversión en grandes obras de infraestructuras y explotación de recursos naturales llevado a cabo por el capital nacional y trasnacional. En medio de estas pugnas y alianzas entre diversos actores legales e ilegales, las comunidades afrocolombianas e indígenas han sido desterradas y despojadas de sus territorios ancestrales, mediante prácticas que acarrearon graves vulneraciones a los derechos humanos, caracterizadas por masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzosas de personas3.
Según cifras del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (Sisdhes), creado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), un total de 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia durante 2020, siendo el Pacífico colombiano (conformado por municipios costeros de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) una de las regiones más afectadas; solo en uno de los departamentos que forma parte de esa región, Nariño, se concentró el mayor número de eventos de desplazamiento (30), dejando 11.470 personas en esta situación. De igual modo, más del 50 % de las víctimas de desplazamiento pertenecían a pueblos étnicos diferenciados, siendo la población afrodescendiente la que presentó mayor número de desplazados con 9.150 personas, mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas4.
El Pacífico es una de las regiones más afectadas ante la violencia de los grupos armados y las actividades criminales e ilegales de las bandas del narcotráfico. Codhes precisó, en un boletín publicado en noviembre de 2017, que para ese año esta región concentraba el 33 % del total de las acciones armadas y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en agresiones directas contra la población civil por parte de grupos armados ilegales sin identificar, la Fuerza Pública, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras guerrillas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)5. Así también, para el mismo año, el Pacífico colombiano concentró el 68 % de los desplazamientos masivos y múltiples ocurridos a nivel nacional6. De acuerdo con la organización, esto obedece a que esta área, que reúne la mayoría de los territorios afrodescendientes titulados y de resguardo indígena, constituye el corredor de salida de narcóticos hacia otros países y concentra el mayor número de hectáreas cultivadas de coca (Nariño y Cauca).
Recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas efectivas para proteger a la población de la violencia persistente a lo largo de todo el país, haciendo énfasis en la necesidad de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal y como se solicitó en el Acuerdo de Paz de 2016”. Asimismo, urgió a las autoridades a llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos reportadas, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación7.
En este sentido, investigadores en la materia sostienen que una de las causas del sostenimiento en el tiempo de esta tragedia humanitaria interna descansa en la debilidad del aparato estatal colombiano. De acuerdo con Ceballos Bedoya, la fragmentariedad y precariedad de la institucionalidad del Estado colombiano ha sido una constante en la historia nación, condición que explicaría el por qué las autoridades estatales se ven impedidas de ejercer y mantener el control sobre amplias porciones del territorio nacional. “En un Estado estructurado y operante el desplazamiento forzado no dejaría de ser un evento esporádico, coyuntural, sin que se configurara una catástrofe humana de tan prolongada duración y tan incontenible fuerza como la de la experiencia colombiana”.8
Ante la ausencia de una institucionalidad sólida y la no tenencia del monopolio del uso legítimo de la violencia para el mantenimiento del orden interno, la sociedad colombiana se encuentra frente a un Estado vulnerable, incapaz de proveerle seguridad y servicios. Así, se abren espacios para la emergencia de dinámicas paraestatales que derivan en la disputa de distintos grupos por el poder y que se expresan en un ambiente generalizado de violencia. De acuerdo con información del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), para el período 2018-2019 habían desplegados a lo largo del territorio colombiano 15 grupos narcoparamilitares con actuaciones definidas9 y con vínculos estrechos con el aparato estatal. Sobre este punto, la organización no gubernamental Human Rights Watch ha denunciado durante décadas la coordinación activa entre brigadas del Ejército colombiano, destacamentos policiales, unidades gubernamentales y los grupos paramilitares en el objetivo común, entre otros, del combate contra la guerrilla. En palabras de un funcionario municipal colombiano, la relación entre ambos actores constituye “un matrimonio”10.
En un artículo publicado por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Marino Córdoba, activista por los derechos humanos y director de la organización, narra los sucesos ocurridos los días 20 de diciembre de 1996 y los días 26 y 27 de febrero de 1997 en el municipio Riosucio, departamento del Chocó, episodio que pasó a la historia bajo el nombre de “Operación Génesis”y que ha sido una de las más cruentas acciones de guerra protagonizada por paramilitares e instituciones del Estado colombiano contra la población civil afrocolombiana. Allí unieron fuerzas el ejército colombiano y paramilitares en una supuesta maniobra antisubversiva, estableciéndose en el lugar, ejerciendo control sobre la circulación de la población y los alimentos, improvisando cementerios clandestinos y obligando a los pobladores a abandonar su territorio. Decenas de personas fueron desaparecidas y asesinadas, otras tuvieron que huir para salvar sus vidas. Cuando las comunidades denunciaron los hechos, “les cayó todo el peso de la ley, muchos fueron asesinados y desaparecidos, otros aún tienen procesos judiciales y las comunidades han sido y son estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla o paramilitares”11.
Ante este este dramático cuadro de violencia generalizada, resulta imperativo apoyar la labor que desde hace décadas vienen realizando distintas organizaciones de la sociedad civil colombiana, orientadas a la implementación de acciones para sensibilizar a los distintos sectores de la sociedad nacional respecto a la urgente necesidad de proteger a las poblaciones afro e indígenas del país, particularmente afectadas por la violencia armada. Asimismo, instar a las instituciones colombianas a fortalecer su compromiso en el seguimiento y la veeduría a las obligaciones del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado interno.
Referencias
1 Elsa Rodríguez. “Región andina: dinámicas poblacionales y políticas públicas- Encuentro internacional”, en ACNUR, 09/07/2008. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Pueblos_indigenas/palau_2008_indigenas_afrocol_despl.pdf?view=1
2 Luis A. Arias. “Indígenas y afrocolombianos en situación de desplazamiento en Bogotá”, en Portal de revistas Universidad Nacional de Colombia, 01/01/2011. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/download/28365/38859
3 Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados a la población desplazada en Colombia, en Comisión Colombiana de Juristas, 2006. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/revertir_el_destierro_forzado.pdf
4 Jennifer Gutiérrez y Francy Barbosa “Desplazamiento forzado en Colombia. ¿Qué pasó en 2020?”, en Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 16/02/2021. Disponible en: https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/
5 y 6 “Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES”, en Boletín CODHES Informa, 10/2017. Disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2018/05/boletc3adn-codhes-informa-93.pdf
7 Comunicado Oficina del Alto Comisionado (2020), “Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia en zonas rurales”, 15/12/2020. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/450-ano-2020/9504-bachelet-insta-a-colombia-a-aumentar-la-proteccion-de-la-poblacion-debido-al-aumento-de-la-violencia-en-zonas-rurales
8 María A. Ceballos. “El desplazamiento forzado en Colombia y su ardua reparación”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 15, Nº 29, 2013. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/51408659.pdf
9 Indepaz. “Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia. Actualización 2018 y 2019”, 08/2020. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf
10 Human Right Watch. “La ‘sexta division’. Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia, 01/2001. Disponible en: https://www.hrw.org/es/report/2001/10/04/la-sexta-division/relaciones-militares-paramilitares-y-la-politica-estadounidense
11 Marino Córdoba. “24 años de la operación Génesis, un genocidio que sigue impune en Colombia”, en Afrodes, 23/12/2020. Disponible en: http://www.afrodescolombia.org/operacion-genesis-marino/#more-4306