Millones de personas de distintas regiones de Colombia han sido víctimas del desplazamiento forzoso durante más de 50 años, esto, en un contexto de confrontación entre diversos grupos armados y bandas organizadas del narcotráfico por el control de territorios estratégicos, pugnas por la tenencia de la tierra, eliminación de la pequeña propiedad y desestructuración de la economía agraria, desarrollo de proyectos macroeconómicos y la pérdida por parte del Estado colombiano del monopolio del uso legítimo de la violencia. Así, grandes contingentes de grupos humanos, predominantemente campesinos, se han visto obligados a desplazarse de manera involuntaria y no planificada desde zonas rurales hasta centros urbanos y áreas metropolitanas de Colombia, de lo que ha derivado un reordenamiento sociodemográfico del territorio colombiano y la formación de un modelo de ciudad de alta segregación socio-espacial en la que coexisten fuertes contrastes socioeconómicos1.
Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para finales de 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo como resultado de persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público2, y un total de 45,7 millones de personas desplazadas internamente. Colombia es, seguido por la República Árabe Siria, el primer país con el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de 8 millones3, y con un número de migrantes radicados en el exterior que se estimaba para finales de 2015 en al menos 4 millones y medio de personas.
De acuerdo con los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno Forzado, primer documento de las Naciones Unidas dedicado a la cuestión de los desplazados internos, se entiende por personas desplazadas:
… [Aquellas] que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.4
El Estado colombiano reconoció por primera vez el problema del desplazamiento forzado interno durante la administración del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), mediante la promulgación de Ley 387 1997: “Ley para la Atención de la Población Desplazada”. Dos años antes de la publicación de este instrumento, en 1995, comenzó a saberse en el país de la existencia de un significativo y silencioso éxodo que para entonces superaba el medio millón de personas, la mayoría de ellos campesinos que por diverso tipo de hostigamientos, en su mayoría asociados al conflicto armado, habían tenido que abandonar sus hogares5. En julio de 1997 el Congreso colombiano aprobó la Ley 387 1997, donde define, en su artículo 1, que:
Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.6
El documento establece que toda persona de nacionalidad colombiana, víctima del desplazamiento forzoso, tiene derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, a gozar de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente, a beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar, a regresar a su lugar de origen y a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. También se estableció la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada víctima de la violencia armada, con el objetivo de desarrollar e implementar programas, proyectos y planes de carácter público y privado dirigidos a la atención integral de estos grupos vulnerables; a su reincorporación en la sociedad colombiana y a mitigar los efectos de los procesos y dinámicas que provocan el desplazamiento.
Las raíces de esta situación se encuentran en los últimos años de la década de 1940, momento en el que las guerras intestinas y la violencia bipartidista liberal-conservador desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948) dan inicio a un masivo éxodo de población campesina hasta la capital y otras ciudades del país, situación que se extiende hasta entrada la década de los sesenta, con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que se agudiza a partir de la década de los ochenta “con el narcotráfico, la guerra contrainsurgente desplegada por las fuerzas militares y el impulso de organizaciones de autodefensa, que degeneraron en grupos paramilitares y en aparatos de justicia privada”7. Investigaciones señalan que los casos de desplazamiento forzado registrados durante la década de 1990 produjeron una de las crisis humanitarias más grandes en la historia de Colombia: “41 % de los afectados señalan como responsables de su desplazamiento a las guerrillas, 21 % a los paramilitares, la mayoría de ellos congregados en las Autodefensas Unidas de Colombia, y 0,8 % a los agentes del Estado”8. Se estima que el 87 % de la población total desplazada proviene de zonas rurales9.
De este complejo cuadro ha derivado la necesidad de millones de personas colombianas de movilizarse dentro del territorio para resguardar sus vidas y conseguir mejores condiciones económicas y sociales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia se organiza en seis regiones10 y, a su vez, se divide en 32 departamentos y 132 provincias (caracterizadas por compartir características geográficas y culturales). Dentro de este mapeo, tenemos que, por ejemplo, el Eje Cafetero, ubicado en el centro-oeste del país e integrado por los departamentos Quindío, Risaralda y Caldas, ha sido un territorio especialmente afectado por el conflicto armado. Es una zona estratégica para actores armados ilegales y para el establecimiento de latifundios y megaproyectos, por su abundancia de recursos naturales y su ubicación privilegiada entre Bogotá, Cali y Medellín, y violencias como el desplazamiento y el despojo han sido una constante en esas dinámicas11.
Investigadores coinciden en que el desplazamiento forzoso en Colombia, más que una consecuencia del problema en torno a la tenencia de la tierra y del conflicto armado, constituye una estrategia de guerra aplicada por diversos actores armados para mantener el control sobre territorios con recursos estratégicos. Las estrategias aplicadas para la expulsión de la población y el control sobre el territorio pasan por masacres, persecuciones, asesinatos selectivos, tomas armadas de pueblos, reclutamiento de jóvenes y prohibición de circulación y prácticas de determinadas actividades12.
Derivado de estas formas de violencia, la movilización no voluntaria a los centros urbanos se ha convertido en el principal tipo de desplazamiento humano en Colombia (urbano-rural), aunque en los últimos años se ha reconocido que ha habido un traslado del conflicto armado a los principales centros urbanos del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali), originándose una nueva tipología de movilidad humana de carácter intraurbana13. El confinamiento ha sido también una de las estrategias implementadas por los grupos irregulares en la disputa por los territorios, sometiendo a la población nativa a medidas de prohibición de salida y circulación, ejerciendo control sobre instituciones externas que ingresan a las regiones y la vigilancia sobre el abastecimiento de alimentos, y mediante la siembra de minas antipersona que rodean las localidades14.
Este complejo panorama, en el que una amplia gama de derechos humanos de la población colombiana son vulnerados por diversos actores, plantea retos a la sociedad civil, instituciones estatales y organizaciones internacionales, de cara a la necesidad de trazar líneas de acción en materia de políticas públicas destinadas a la atención integral de estos grupos vulnerables que, por demás, están caracterizados por una amplia heterogeneidad. Asimismo, la implementación de medidas ajustadas a las circunstancias actuales y reales de estos contingentes humanos obliga, necesariamente, a avanzar en un análisis profundo de las causas históricas, económicas y sociales que han originado y mantenido en el tiempo la presencia de estos flujos migratorios internos a pesar de los diversos programas, planes, marcos e instrumentos jurídicos adoptados por las administraciones del país durante las últimas décadas.
Referencias
1 Martha Inés Villa. “Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía”. Revista Controversia, 2006; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2000).
2 Acnur, 2020.
3 Según Acnur, la cifra exacta es de 7.976.412. Según la Unidad de para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la cifra asciende a 8.101.759 personas desplazadas internamente.
4 Ibidem, 1998.
5 Id. Villa, 2006.
6 Ibidem. Acnur, 1997.
7 y 8 Sandra Milena González. “El desplazamiento forzado interno. Una comparación entre Colombia y Perú”. Universidad de Antioquia. Colombia, Estudio Político, 2018.
9 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH – UARIV. (CNMH, 2015).
10 Región Caribe; región Eje Cafetero y Antioquia; región Pacífica; región Central; región Llanos/Orinoquía; región Amazonía.
11 Comisión de la Verdad, Colombia, 2020.
12, 13 y 14 Ibíd. Villa, 2006.