En entrevista concedida al Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS, el secretario ejecutivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, José Rubiel Vargas, aseveró que el incumplimiento del Gobierno a la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, generó desde ese año una nueva ola de violencia y violaciones de los derechos humanos sistemática, a lo largo de todo el país.
El abogado mencionó cifras alarmantes de homicidios contra líderes sociales: más de 800 víctimas y hasta el 30 de abril contabilizó 272 asesinatos de excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sin contar a sus familiares, en su mayoría mujeres y niños.
Comentó que los cuatros años previos a la firma del Acuerdo de Paz (2012-2016), Colombia atravesó una época de calma en términos de violación de los derechos humanos, pero a partir de 2016 se retomó la violencia armada en contra de mujeres, niños, campesinos, líderes sociales y defensores de los derechos fundamentales.
Rubiel Vargas precisó que el Gobierno colombiano incumplió desde el inicio con el principio de buena fe contenido en el acuerdo, lo que ha generado que se agudice la violencia y sus consecuencias.
Además de ser víctimas de asesinatos, los excombatientes guerrilleros han sido forzados a desplazarse de sus espacios por las amenazas que reciben, aseguró el entrevistado, quien afirmó que también ha aumentado el número de organizaciones armadas, estimando que existen en Colombia 7.200 hombres armados, una cantidad casi igual a cuando las FARC operaban antes de entregar las armas tras el acuerdo de paz.
El defensor de derechos humanos apuntó que el Gobierno tampoco ha cumplido con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y que, por el contrario, implementa la fumigación con efectos nocivos para la salud de las personas y daños a la naturaleza, además que se evidencia una verdadera crisis humanitaria con más de 4 mil familias campesinas privadas de libertad, imputadas injustamente por el delito de narcotráfico.