Las medidas de carácter neoliberal y las estrategias injerencistas condenan a la pobreza y la exclusión a millones de personas.
Las políticas deliberadamente impulsadas, fundamentalmente en el ámbito económico, y las prácticas neocoloniales se constituyen, entre otras, en las principales causas de la migración en el continente americano, especialmente en países como Venezuela y Colombia que han experimentado un flujo migratorio continuo y en ambos sentidos de la frontera que comparten los dos países.
En este argumento coincidieron académicos y especialistas durante el desarrollo del seminario web “Flujos Migratorios en las Américas: causas estructurales y desafíos”, un evento paralelo al 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y coorganizado por ARGOS – Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos; la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Asociación Internacional de Juristas Demócratas (IADL).
Micòl Savia, representante permanente de la IADL ante la ONU-Ginebra e investigadora de ARGOS, explicó en sus palabras introductoras que las medidas de carácter neoliberal y las estrategias injerencistas condenan a la pobreza y la exclusión a millones de personas en el continente americano.
La jurista sugiere que para atender con rigor el tema de la migración se debe identificar, analizar y denunciar las causas estructurales que obligan a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y arriesgar sus vidas en la búsqueda de nuevas oportunidades.
“Las causas estructurales de las migraciones y de los desplazamientos forzosos se descuidan con demasiada frecuencia”, enfatizó.
El conflicto armado y la migración colombiana
En el caso de Colombia, el fenómeno de la migración se relaciona intrínsecamente con el histórico conflicto armado y la implementación de planes militares de seguridad, como el denominado Plan Colombia, según el análisis de Giovanni Libreros, investigador del colombiano Centro por el Pensamiento y Diálogo Político.
A partir de la década de 1990, el escalamiento de este conflicto presionó una oleada importante de migración de ciudadanos colombianos hacia Venezuela, precisó Libreros.
Sin embargo, refirió que el flujo continuo y de “doble vía” de la migración colombo-venezolana por razones económicas, del conflicto colombiano y de los intereses geopolíticos latinoamericanos se presenta desde el año 1950.
Citando cifras de organismos estatales y agencias internacionales, Libreros afirmó que la migración colombiana se ha dirigido principalmente hacia Venezuela (33,23%), seguido por Estados Unidos (27,82%) y España (12,82).
“Venezuela continúa siendo el primer país de recepción de emigrantes colombianos […] La migración de venezolanos hacia Colombia no se compara con la migración de Colombia hacia Venezuela. Aunque las cifras actuales de venezolanos que han migrado a Colombia son altas, si miramos en términos históricos, Venezuela ha sido un país receptor de migración colombiana”, amplió.
Un fenómeno reciente
Venezuela, históricamente ha sido un país receptor de migrantes; sin embargo, el país petrolero ha experimentado en los últimos años un atípico fenómeno migratorio, principalmente hacia países como Colombia, Perú y Ecuador.
Desde Caracas, Giordana García, investigadora de la Organización No Gubernamental Sures, argumentó que la venezolana es una migración inducida por la actual crisis económica en el país, derivada de la aplicación de un esquema de medidas coercitivas unilaterales.
“No es política, por lo que está lejos de ser una crisis de refugiados”, enfatizó.
La investigadora denunció que, hasta la fecha, se han aplicado a Venezuela más de 100 medidas coercitivas unilaterales formales y otras 300 informales. Del mismo modo, denunció la confiscación de activos en el extranjero y el bloqueo de más de 7 mil millones de dólares del Estado venezolano en la banca internacional.
En febrero pasado, al concluir una visita a Venezuela, la relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, denunció el “efecto devastador” de estas medidas en la población venezolana.
La experta de las Naciones Unidas observó que las sanciones han exacerbado la situación económica venezolana, y su aplicación habría limitado en un 99% los ingresos del país. Entre otras consecuencias, esta situación derivó en el aumento del número de migrantes venezolanos.
La migración venezolana también es inducida a través de un discurso activador con fines políticos y objetivos económicos, según Giordana García.
En este sentido, la investigadora de Sures cuestionó las cifras de agencias internacionales –y estudios que carecen de objetividad- en torno a este fenómeno.
Biden continúa políticas de Trump
En Norteamérica, el Gobierno del presidente Joe Biden continúa con parte de las “peores políticas” de su antecesor Donald Trump, específicamente el Título 42, según la valoración de Marjorie Cohn, profesora emérita de la Thomas Jefferson School of Law.
Desde que Trump implementó el Título 42 en marzo de 2020, más de 630.000 personas han sido expulsadas de los Estados Unidos, 240.000 de ellas durante el Gobierno de Biden, precisó la académica.
La profesora estadounidense cuestionó, además, el criterio de la Casa Blanca para otorgar los Estatutos de Protección Temporales (TPS, por sus siglas en inglés).
“Venezuela fue designada para el TPS antes que Haití, cuando este este país tiene condiciones peores y esto se debe a que el Gobierno estadounidense se opone al venezolano, pero apoya al de Haití”, complementó.
En el cierre del seminario web, Taroa Zúñiga, investigadora de ARGOS en Chile, denunció la carga racista y el sesgo clasista en la política migratoria de la nación austral, que se ha evidenciado en las expulsiones recientes de migrantes venezolanos.
Adrienne Pine, investigadora de ARGOS Estados Unidos, explica que son los motores del capitalismo global los principales factores que obligan a las personas a emigrar, configurando una lucrativa industria que involucra a empresas transnacionales de seguridad fronteriza y bufetes de abogados que mercantilizan la necesidad de regularización de los migrantes y los costosos trámites de […]
Adrienne Pine, investigadora de ARGOS Estados Unidos, explica que son los motores del capitalismo global los principales factores que obligan a las personas a emigrar, configurando una lucrativa industria que involucra a empresas transnacionales de seguridad fronteriza y bufetes de abogados que mercantilizan la necesidad de regularización de los migrantes y los costosos trámites de solicitud de asilo en lo países receptores.
«La expansión del capitalismo neoliberal requiere de la fuerza laboral, itinerante y vulnerable, que crea la migración forzada; produce a un ‘otro’ eminentemente flexible y, en última instancia, desechable», asegura.
El 10 de mayo, Fox News sacó un reportaje desde la frontera Texas-México, en el cual promulgó varias narrativas contradictorias. Se trataba del cruce, por el Río Bravo, de más de 50 migrantes venezolanos…
Autor: Adrienne Pine. Argos Estados Unidos
El 10 de mayo, Fox News sacó un reportaje[1] desde la frontera Texas-México, en el cual promulgó varias narrativas contradictorias. Se trataba del cruce, por el Rio Bravo, de más de 50 migrantes venezolanos supuestamente víctimas de la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro. Las mismas cámaras de Fox, tanto como sus entrevistas con los recién llegados muestran la diferencia enorme entre ese grupo y la inmensa mayoría de inmigrantes, principalmente proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica y de México, que intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos de América –EE. UU.–. A diferencia de la mayoría de inmigrantes que pasan por Texas, por ejemplo, quienes suelen haber caminado por días con la misma ropa y sin ningún tipo de equipaje más allá de agua (con suerte) o una mochila sucia por el viaje, este grupo llegó bien duchado y peinado, con ropa y maletas limpias, y al parecer bien alimentados. El reportero relató que miembros del grupo viajaron primero a Colombia, luego contrataron un avión para llevarlos a México, y después tomaron un autobús hasta la frontera. Tal vez al haber contratado un avión privado, pudieron evitar los retenes omnipresentes a pocos kilómetros de la frontera norte de México implementados para prohibir el paso de migrantes, o tal vez fue con una mordida formidable que lograron pasar donde no hay paso para migrantes de menos recursos. Asimismo, su acogida casi calurosa por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) contrasta notablemente con la violencia que sufren la mayoría de migrantes de países amigos de los Estados Unidos a manos de los agentes migratorios.
Dos semanas después, el Daily Caller, medio de comunicación de tendencia de ultraderecha fundado por Tucker Carlson de Fox News, publicó[2] un video de una anciana venezolana caminando con la ayuda de un agente de migración, hablándole con respeto, después de llegar al lado estadounidense del Río Bravo. Una imagen de un joven venezolano cargando la misma anciana cruzando el río momentos antes se hizo viral en las redes. El joven fue descrito[3] en la prensa como otro venezolano escapando por esa vía peligrosa de la violencia de su país de nacimiento, pero el mismo día de la publicación de la foto fue identificado[4] por sus compañeros de colegio como un tal César Padrón, que según sus medios sociales ya ha viajado por avión en varias oportunidades a Miami, donde presume[5] vivir una vida de lujo.
Los eventos mediáticos, que vienen como antesala a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes Venezolanos[6] (promovido acá por la “embajada” en Canadá afiliada con el autoproclamado pero impotente “presidente” de Venezuela Juan Guaidó) que tendrá lugar en Canadá el 17 de junio, fueron utilizados por Fox y otros medios para revindicar dos teorías. Con respecto a la primera, alegan que el presidente Biden (“Open Borders Biden” según varios medios) tiene una política de fronteras abiertas, denuncia irónica al tomar en cuenta que ha defendido el uso del Título 42, utilizando la pandemia como pretexto para deportar a migrantes que intentan ejercer su derecho de pedir asilo (deportando[7] durante el primer mes de su presidencia más haitianos que durante todo el año 2020, por ejemplo). De igual manera, siguiendo la línea de Trump, Biden sólo envió 2.7 millones de dosis de Astrazeneca a AMLO con la promesa[8] de que el gobierno mexicano apoyaría la política de deportación al norte de su país de los migrantes que intentaban ejercer su derecho internacional de pedir asilo en los EE. UU. En relación al segundo argumento de los medios es que los migrantes venezolanos que llegan al Río Bravo están huyendo del socialismo, lo cual es mostrado como un sinónimo de dictadura.
Al analizar las noticias sobre la migración a Estados Unidos, encontramos que es necesario abordar los problemas graves en el marco teórico hegemónico que se usa para hablar sobre migrantes, y la supuesta diferencia entre refugiados y migrantes económicos. Esta distinción retórica es muy importante dentro del marco actual, porque puede legitimar o no el migrante, o una clase de migrantes, a la hora de pedir asilo. Pero también puede ser utilizado en los medios masivos, en los discursos de políticos, en las cortes de asilo y en espacios ONGistas y humanitarios[9] para apoyar o para demonizar a los gobiernos nacionales de los países de origen de migrantes. El problema con este marco, como destacamos con la Dra. Siobhán McGuirk en nuestro libro recién publicado Asilo a la Venta[10], es que es una distinción falsa. Las olas migratorias de esta época no se deben principalmente a los Estados represivos –aunque muchos Estados sí lo son– ni a la falta de empleos o recursos económicos a nivel del país de origen –aunque empleos y recursos sí faltan en el Sur global– sino al imperialismo capitalista, con sede en Washington.
Entre otras cosas, los hondureños han sobrevivido la violencia de las políticas de “cero tolerancia”[11] y “mano dura” exportado por Rudy Giuliani como consultor internacional (antes de volverse la mano derecha de Trump). Han enfrentado la privatización neoliberal antes y después del golpe de Estado de 2009; y han sufrido[12] la violencia de la policía y el ejército hondureño, ambos financiados por el gobierno de los Estados Unidos, reprimiendo a su pueblo al servicio de tres gobiernos (Micheletti, Lobo y Hernández) avalados e impuestos cuatro veces por el Departamento de Estado de los EE. UU. sin haber ganado legítimamente elecciones presidenciales.
A pesar del hecho comprobado[13] en las mismas cortes federales de los Estados Unidos que el presidente actual del país, Juan Orlando Hernández, es un narcodictador[14], es muy difícil para los hondureños que huyen de su dictadura obtener asilo en los Estados Unidos. Según un estudio[15] realizado por investigadores de Syracuse University, en el 2020, sólo el 12.7 % de peticiones de asilo (incluyendo casos positivos de retención de remoción y alivio en virtud de la Convención Contra la Tortura) de hondureños fueron aprobados a nivel nacional en las cortes federales de inmigración en los Estados Unidos, menos que cualquier otro país. Ese mismo año, en comparación, se otorgó el asilo al 54.3 % de los venezolanos que lo solicitaron en las cortes federales, así que la probabilidad de recibir asilo fue más de cuatro veces más alta para un venezolano o venezolana que para un hondureño u hondureña, y casi el doble del promedio de los solicitantes procedentes de todos los países del mundo combinados (28.4 %). Y en el 2019, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), solicitantes venezolanos ganaron más casos[16] de asilo afirmativo que solicitantes de cualquier otro país del mundo, el 22.9 % de todos los casos aprobados, mientras los hondureños apenas alcanzaron el 1.9 % de ese mismo denominador. El asilo afirmativo es un proceso presidido por Oficiales de Asilo, no por jueces de corte de inmigración bajo amenaza de deportación, y comparado con el asilo defensivo, es mucho más accesible para personas que entran al país con visa estadounidense y dinero para contratar un buen abogado.
Se mantienen dos discursos distintos acerca del origen del éxodo hondureño de la última década: uno, de los Republicanos, se trata de la criminalización cultural de la población. El otro, de los Demócratas, enfoca el problema en la supuesta “corrupción” del gobierno hondureño. Sería más honesto llamarle golpismo o fascismo neoliberal[17] pero el gobierno de Estados Unidos prefiere calificarlo como corrupción porque se supone que ésta se resuelve con reformas liberales (financiadas[18] por el mismo gobierno estadounidense). Pero al final como el gobierno de Honduras es impuesto por el gobierno estadounidense, y como el país entero funciona como una enorme base militar para el Comando Sur[i], las cúpulas de ambos partidos políticos dentro del bipartidismo estadounidense están de acuerdo que la solución es alguna versión de la Alianza Para la Prosperidad[19] implementado por Biden como vicepresidente (tomando como modelo el Plan Colombia[20]), requiere fortalecer aún más el gobierno de Hernández, con inversiones masivas de fondos públicos estadounidenses en la militarización privatizada, mal llamada “seguridad”; en la externalización de la frontera estadounidense; y en los proyectos masivos extractivistas, mal llamados “desarrollo”, manejados por corporaciones extranjeras, quienes se lucran de estos proyectos que a su vez desplazan y asesinan a residentes de comunidades locales.
Se atribuye a Franklin Delano Roosevelt la frase “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, refiriéndose a Anastasio Somoza. Sea o no este el origen del dicho, es evidente que Juan Orlando Hernández es nuestro hijo de puta. Protege los intereses del imperio en Honduras. Así que los hondureños que huyen de la dictadura de Hernández, realmente huyen del imperio gringo que ha empobrecido a la población y que ha creado condiciones de violencia diaria insoportables, en particular desde que el gobierno de Obama y su Departamento de Estado presidido por Hillary Clinton, apoyó[21] el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en contra del último presidente democráticamente electo de Honduras, Mel Zelaya, después que Zelaya compró petróleo de Petrocaribe y sostuvo relaciones bilaterales amigables con su homólogo venezolano, Hugo Chávez.
De igual forma, si nos apartamos de la tesis miope que el marco ideal para analizar la emigración está dentro del Estado de origen, reconocemos que la gran mayoría de los venezolanos que emigran lo hacen por la misma razón que los hondureños: son expulsados de sus comunidades, de sus hogares y de sus tierras por la violencia salvaje del capitalismo imperialista. En el caso de Venezuela, el mecanismo de la expulsión de ciudadanos es distinto. Washington (y acá se incluye a la Organización de Estados Americanos), ya que no tiene un presidente que toma órdenes desde su embajada (que actualmente promueve el cambio de régimen[22] virtualmente), ha impulsado una guerra híbrida con el fin de dar un golpe al gobierno bolivariano.
Según Alena Douhan, relatora especial para las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, el bloqueo ha dejado al gobierno venezolano con apenas 1 %[23] de su presupuesto comparado con el presupuesto que tenía anteriormente a la implementación de las medidas coercitivas. El gobierno estadounidense y sus poderosos aliados no sólo han quitado miles de millones de dólares perteneciente al pueblo venezolano, sino que han financiado a la oposición neoliberal, extremadamente violenta, provocando vulnerabilidad y precariedad para los ciudadanos de Venezuela, que aún así en promedio gozan de condiciones mucho mejores que los hondureños.
Pero en Washington, se niega esa realidad. Según ambos partidos políticos, no son las medidas coercitivas[24], ni el intento de golpe[25] coordinado por el Departamento de Estado, ni los drones[26], ni las guarimbas[27] racistas y asesinas, ni los mercenarios[28], sino el gobierno nacional, democráticamente electo, de Venezuela el que tiene la culpa de la crisis. Y ya que la lógica hegemónica de la migración nos dice que la gente huye de los Estados, y no de la violencia del imperio, pocos se oponen.
Y ¿cómo se refleja esta concepción en la política migratoria hacia países amigos y enemigos de Washington? Ya se ha notado el hecho de que, en las cortes de asilo, el porcentaje de casos de asilo de venezolanos que son aprobados es más del doble que para solicitantes del resto del mundo, y cuatro veces mayor que el porcentaje de casos aprobados para hondureños, quienes huyen de un Estado ocupado militarmente por los Estados Unidos. La política de asilo que favorece a los venezolanos es muy parecida a la política preferencial de “pies secos, pies mojados” implementado por el presidente Bill Clinton, que durante muchos años se aplicó para otorgar residencia a cualquier cubano que llegaba a las playas de Miami. Los discursos ideológicos imperialistas alimentan las cifras que favorecen a migrantes cuyos países de origen son enemigos estatales de los Estados Unidos, y estas cifras, a su vez, confirman ideológicamente la tesis de que los proyectos socialistas son necesariamente dictatoriales y que, por tanto, producen refugiados.
Cabe destacar que los venezolanos que emigran a raíz del esta violencia capitalista y que tienen los recursos para hacerlo (incluyendo dinero, pasaportes y avales) contratan vuelos privados hasta el Río Bravo para recibir la bienvenida del CBP y sus parientes en Miami o Texas, mientras los venezolanos con menos recursos que se han visto obligados a salir de su país se han quedado[29] principalmente en países vecinos, donde sufren discriminación y violencia. Y en los EE. UU., los venezolanos que se oponen a la política intervencionista no son bienvenidos[30] bajo las lógicas detrás de las políticas preferenciales que benefician sus compatriotas en las cortes de asilo. No se puede pedir asilo en los EE. UU. dando como motivo la necesidad de escapar de la violencia imperialista de los EE. UU. en Venezuela.
Otro ejemplo importante de la implementación de políticas migratorias pro-imperialistas y de cambio de régimen es el del Estatus de Protección Temporal –TPS–. El TPS, se designa a nivel federal en casos excepcionales considerados por el gobierno estadounidense como crisis, a ciertas clases de inmigrantes de ciertos países. Estos inmigrantes, a su vez, tienen que aplicar cada cierto tiempo (depende del país y del año) para renovar su estatus, y sólo son elegibles bajo condiciones restringidas, por ejemplo, si no tienen antecedentes criminales, y si han vivido continuamente en el país que otorga el TPS desde la fecha designada por cada país de origen. El TPS, para quienes lo reciben, da permiso para quedarse y para trabajar en el país que lo otorga, siempre mientras sigue vigente la designación a nivel nacional del TPS para el país de destino y para el evento o situación particular por el cual fue designado.
El presidente Trump intentó poner fin al TPS que habían dispuesto para muchos países, incluyendo a Honduras, pero su esfuerzo quedó estancado[31] en las cortes, así que hoy día todavía está vigente el TPS para los hondureños. Pero decir esto engaña. El TPS que existe para los hondureños no está dirigido a los que huyeron del golpe ni a los que huyeron de la violencia de la dictadura actual, ni siquiera a los que huyeron de los escuadrones de la muerte implementando por las políticas importadas de Rudy Giuliani a principios del milenio. Para poder recibir el TPS como hondureño en los Estados Unidos, el solicitante tiene que haber entrado[32] al país antes del 31 de diciembre del año 1998, es decir, después del huracán Mitch.
Caso distinto es el otorgado para Venezuela el 9 de marzo del 2021, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) justificó esta política mediante el siguiente[33] argumento:
Actualmente Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria grave.Bajo la influencia de Nicolás Maduro, el país “ha estado en medio de una crisis económica y política severa durante varios años.” La crisis de Venezuela se ha marcado por un rango amplio de factores, incluso: la contracción económica, la inflación y la hiperinflación, la pobreza encrudecida, altos niveles de desempleo, acceso reducido y escasez a alimentos y medicina, un sistema médico debilitado, el regreso o aumento de incidencia de ciertas enfermedades contagiosas, un colapso en servicios básicos; escasez de agua, electricidad, y petróleo; polarización política, tensiones institucionales y políticas, abusos de derechos humanos y represión, violencia y crimen, corrupción, un aumento en la movilidad humana y en el desplazamiento, incluyendo la migración interna, emigración, y migrantes retornados; y el impacto del COVID-19, entre otros factores.
No todo lo que se alega, dentro de la declaración de ICE sobre el otorgamiento de TPS para los venezolanos, se debe a la guerra híbrida, sin embargo, la mayor parte tiene relación con aquella. Un estudio publicado en abril de 2019 por el reconocido Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés), demuestra que las medidas coercitivas habían provocado más de 40 mil muertes excesivas en la población venezolana entre 2017 y 2018 y que habían agravado de forma radical también la morbilidad y la pobreza. Y a pesar de la guerra económica en su contra, gracias a la prioridad que el gobierno venezolano da a la salud pública, durante toda la pandemia los índices de infección y de mortalidad han sido mucho más bajos que en los países vecinos, ni hablar de los Estados Unidos. Y precisamente, ésta fue una de las razones por la cual muchos venezolanos que estaban viviendo en el exterior retornaron al país durante la pandemia. Tampoco es coherente colocar como justificación para el TPS las presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela, ya que con este argumento se debería haber otorgado un TPS, por ejemplo, a países vecinos como Colombia[34] y Brasil[35], donde las violaciones a los derechos humanos han sido de carácter sistemático, sin embargo ninguno de los dos ha sido designados para TPS en los EUA por esta razón). Por supuesto cuando el país que más viola los derechos humanos, incluso hacia sus propios ciudadanos[36], se sitúa como juez y salvador de países enemigos, su hipocresía no es ingenua, sino que viene siendo una herramienta ideológica para justificar su política exterior.
Cuando se analizan las bases argumentativas sobre las que se basa el otorgamiento de los TPS para ciudadanos de países considerados por el gobierno de EE. UU. como enemigos, del imperio junto al hecho de que “No” se otorga el TPS para ciudadanos de países amigos que están en plena crisis también provocada por el mismo imperio, evidencia que esta política no es más que otra estrategia que busca el cambio de régimen. Es precisamente por eso que el gobierno de Biden ha abogado tanto para que los demás países sudamericanos también otorguen el TPS a los migrantes venezolanos, a pesar de que muchos de estos mismos países sufren crisis considerablemente más graves[37] que Venezuela.
El TPS es una de las pocas formas que por el momento permite la movilidad a muchas personas, y el derecho a la movilidad, tanto como el derecho a no emigrar, que deben ser universales. Algunos emigrantes, por ejemplo, venezolanos que cuentan con recursos económicos, aun en sus momentos de crisis y sufrimiento, gozan de más opciones (y menos peligro) de movilidad comparados con sus compatriotas más humildes o con emigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica o de México. Sin embargo, los medios estadounidenses dramatizan con poca honestidad el sufrimiento de los migrantes anteriores mientras invisibilizan a los últimos, para fortalecer la lógica de las mismas políticas capitalistas procedentes de Washington que obligan a las personas a emigrar.
Para finalizar, si caemos en la lógica que distingue a los migrantes por un lado como refugiados y migrantes forzados, si vienen de países cuyos gobiernos son identificados como enemigos del imperio capitalista, y por otro lado cuando vienen de países amigos, como migrantes económicos y víctimas de culturas defectuosas en busca del sueño americano con solicitudes de asilo poco creíbles, fortalecemos la misma violencia imperialista que expulsa a todos aquellos migrantes que salen con pesadumbre de sus comunidades, por falta de opciones.
[i] Vine, David. 2014. “When a Country Becomes a Military Base: Blowback and Insecurity in Honduras.” En Biosecurity and Vulnerability, coordinado por Lesley Sharp y Nancy Chen, 25–44. Santa Fe, N.M: School for Advanced Research Press.
Entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021, sólo en la frontera sur, más de medio millón de personas han sido expulsadas bajo el Título 42
A las múltiples y diversas amenazas que se ciernen de manera permanente sobre los miles de migrantes que intentan cruzar diariamente la peligrosa frontera de México y Estados Unidos, desde hace un poco más de un año se sumó una más, la cual además alienta o favorece, tanto los atropellos del Gobierno norteamericano como las condenables acciones del crimen organizado que giran alrededor del fenómeno de movilidad humana en la región. Se trata de la aplicación de la poco conocida disposición sanitaria denominada “Título 42”, la cual fue invocada estratégicamente en marzo de 2020 por la administración republicana de Donald Trump y que, erróneamente, se pensaba sería anulada con la llegada del Gobierno demócrata de Joe Biden. Lamentablemente, eso no ha ocurrido.
Según la organización estadounidense de asistencia humanitaria a migrantes American Immigration Council[1], a pesar de la existencia del histórico derecho de solicitar asilo por parte de las personas que llegan a la frontera sur desde México, desde el 20 de marzo de 2020 ese derecho fundamental fue abruptamente suspendido.
En un documento difundido[2] con motivo de cumplirse el primer año de la aplicación de la muy criticada medida y ante la falta de rectificación de la administración Biden, American Immigration Council explicó que los migrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos, así como los que buscan solicitar asilo, han sido sistemáticamente rechazados y expulsados de regreso a México o sus países de origen, bajo una antigua y poco conocida disposición de Ley de Salud de 1944, Sección 265 del Título 42, la cual Trump invocó para lograr su objetivo largamente deseado: cerrar la frontera.
“Con esta disposición, cientos de miles de personas han sido expulsados desde el comienzo de la pandemia, a pesar de que los puertos de entrada permanecen abiertos con casi nueve millones de personas cruzando la frontera sur en diciembre de 2020 y miles de personas volando a los Estados Unidos todos los días”, denuncia la organización en el documento.
Esta situación que amenaza el flujo y la vida de los migrantes que intentan ingresar a EE. UU., comenzó el 20 de marzo de 2020 cuando el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), con el pretexto de la emergencia global por la COVID-19, emitió un reglamento de emergencia[3] para activar un aspecto específico de la Ley de Salud de los EE. UU. Según la legislación invocada, la sección 265 del Título 42 autoriza a los directores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) a impedir el ingreso a los Estados Unidos de personas cuando éste sospeche que “existe un grave peligro de introducción de una contagiosa enfermedad en los Estados Unidos”.
La disposición permite que cualquier oficial de frontera, incluidos los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y los agentes de la Patrulla Fronteriza, ejecuten lo dispuesto en la orden dada a los CDC, es decir, actúen discrecionalmente y eviten el ingreso a EE. UU., bajo sospecha de ser portadores de la COVID-19, a personas provenientes de cualquier país que intenten ingresar vía Canadá o México y que normalmente “serían introducidos en un entorno congregado” en un puerto de entrada o en una estación de la Patrulla Fronteriza. Esto afecta a personas que regularmente son retenidas después de llegar a la frontera, incluyendo solicitantes de asilo, niños no acompañados y personas que intentan ingresar al país sin inspección.
Según estadísticas de la Oficina Federal de Aduanas y Protección de Fronteras de EE. UU.[4], entre los meses de octubre de 2020 y abril de 2021, sólo en la frontera sur, han sido expulsadas bajo el Título 42, más de medio millón de personas, específicamente 536 mil 793 migrantes.
Desde el mismo momento de la activación del Título 42 de la Ley de Salud de EE. UU., la medida fue calificada como una acción política y no como una medida sanitaria. A pesar de la afirmación de que la orden era necesaria para “proteger a los Estados Unidos de un problema de salud pública”, a un año de su aplicación, American Immigration Council denunció que declaraciones públicas, denuncias, reportes de prensa e informes científicos demostraron que el origen de esta medida provino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) y de la Casa Blanca.
De hecho, científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) expresaron enérgicamente su rechazo a la medida, argumentando que no había una justificación de salud pública para implementarla.
No obstante, la medida se mantuvo. En marzo de 2020, el entonces vicepresidente republicano Mike Pence ordenó a la Agencia de Control de Enfermedades que “usara sus poderes de emergencia para sellar eficazmente las fronteras de Estados Unidos”, con el propósito de anular la opinión expresada públicamente por algunos científicos de la agencia que dijeron que no había evidencia de que la acción frenaría el coronavirus, según un reporte de la agencia AP[2] divulgado en octubre del año pasado y que develó las maniobras del Gobierno de Trump por mantener la medida a pesar de las críticas de carácter científico.
Lo que es difícil de entender, tanto a estadounidenses como a la comunidad internacional, es que, a pesar de las críticas hechas por el Partido Demócrata en 2020, las promesas electorales hechas antes de los comicios de noviembre de 2020 y las primeras declaraciones al asumir el mandato en enero de 2021, el Gobierno demócrata de Joe Biden no ha mostrado ningún cambio a la política impuesta por Trump.
A pesar de que en mayo de 2021 la Administración Biden-Harris anunció un aumento radical en la cuota anual dispuesta para el otorgamiento de estatus de refugiados a 62.500 personas, el cual Trump mantenía en 15.000, para la organización de noticias independientes Truthout[3], dicha medida “no cambia las otras formas estructurales masivas en las que la administración Biden-Harris continúa perpetuando la crisis en la frontera”.
En un artículo[4] firmado por la académica estadounidense Marjorie Cohn[5], voceros califican lo que sucede en la frontera como una auténtica crisis humanitaria y de derechos humanos. “No hay crisis en la frontera causada por migrantes. Hay una crisis humanitaria y de derechos humanos porque el gobierno de Estados Unidos ha cerrado efectivamente la frontera a los solicitantes de asilo y no les ha permitido solicitar asilo desde marzo de 2020”, expresó Nicole Phillips, directora legal de Haitian Bridge Alliance[6], ONG que brinda asistencia a inmigrantes haitianos en California.
Según Truthout, la continuidad en la aplicación de la medida del Título 42 por parte de la Administración Biden-Harris sigue causando separaciones familiares y amenazando la vida de niños, adolescentes y adultos, como se documenta en un informe de abril de 2021 publicado por las ONG en materia de migración Human Rights First, Haitian Bridge Alliance y Al Otro Lado. Según el documento, la medida impulsa a familias a enviar a sus hijos al otro lado de la frontera para protegerlos de secuestros, agresiones sexuales y otras formas de violencia.
Queda claro que, por esta medida, los migrantes son “blancos fáciles” para los secuestradores y otras personas cuando son devueltas a México. Así lo denunció a partir de testimonios recogidos el diario Los Ángeles Times en un artículo publicado[7] el pasado mes de abril.
Por su parte, Human Rights First[8], cita Truthout, identificó al menos 492 informes de ataques violentos desde el 21 de enero de 2021, incluidos secuestros, violaciones y agresiones contra personas que quedaron varadas en la frontera o expulsadas hacia México.
Además de los peligros evidentes causados por el crimen organizado que gira alrededor de la migración al sur de la frontera de los EE. UU. y que se ha intensificado con la aplicación del Título 42, también se ha registrado un incremento en el maltrato que sufren los migrantes por parte de las autoridades estadounidenses. Además de las detenciones violentas, retenciones arbitrarias y expulsiones sin derecho a la solicitud a asilo, se registra una precaria atención humanitaria.
Según el referido informe de Human Rights First, citado por Truthout, las personas que no son enviadas a México y que son detenidas por la Patrulla Fronteriza, sufren abusos múltiples, se les niega atención médica de emergencia, les roban sus pertenencias y sus expulsiones son ejecutadas en horas de la noche a ciudades fronterizas peligrosas.
En conclusión, tanto organizaciones no gubernamentales como organismos multilaterales y la comunidad internacional en general esperan una rectificación inmediata por parte de la administración Biden en la política migratoria al sur de los EE. UU. y, específicamente, en la aplicación del Título 42, el cual según expertos viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como la Convención de Refugiados, que otorgan a los no ciudadanos el derecho de asilo si pueden demostrar un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política. También viola la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contiene una disposición de no devolución.
Por último, contraviene la disposición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la cual ha declarado reiteradamente que, durante la pandemia, no se debe expulsar a los solicitantes de asilo y refugiados en áreas fronterizas sin un análisis individualizado de sus necesidades de protección, pues ello viola el derecho internacional.
El pasado 8 de mayo el Reino de los Países Bajos continuó con su política sistemática de expulsión masiva de venezolanos y venezolanas que habían emigrado por motivos económicos hacia las islas de Aruba y Curazao, territorios del reino ubicados en el mar Caribe a menos de 50 kilómetros de las costas de la República Bolivariana de Venezuela.
El presente Informe Especial es parte de una de las líneas de investigación – acción que ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos viene desarrollando en torno a los procesos de movilidad humana en la región de América Latina. Este estudio contextualiza las relaciones económicas y sociales que a lo largo de la historia han condicionado las relaciones entre Venezuela y los Países Bajos como países vecinos en el mar Caribe, y más específicamente la historia reciente marcada por la actividad petrolera. Asimismo, se analiza cómo la profundización de las medidas coercitivas unilaterales, que afectan la economía venezolana en general, y a la industria petrolera en particular, van agrietando las relaciones con las islas neerlandesas, poniendo en evidencia una política de vecindad mucho más marcada por el pragmatismo que por la solidaridad.
Al final, se reportan los datos obtenidos a partir de la aplicación de un estudio aplicado a 29 de las personas expulsadas el pasado 8 de mayo en el propio aeropuerto, que nos brinda una aproximación sobre el trato brindado a los venezolanos y venezolanas en el Reino de los Países Bajos, perteneciente a la Unión Europea y la alta informalidad y la precariedad laboral que afecta a la población migrante venezolana.
Contexto general
Apenas a unas decenas de kilómetros al norte de la península de Paraguaná, al noroeste de Venezuela, se encuentran las islas de Aruba, Curazao y Bonaire, territorios del Reino de los Países Bajos. Las relaciones históricas, comerciales y familiares entre las poblaciones de estas islas con la península de Paraguaná, en el estado Falcón, son intensas.
En tiempos precolombinos, las islas estuvieron pobladas por indígenas caquetíos, al igual que la región venezolana contigua. Con la conquista española, su administración dependía de la provincia de Venezuela, con la ciudad de Coro como capital. El dominio español de las islas se prolongó durante un siglo, hasta que les fueron arrebatadas a la fuerza por el Reino de los Países Bajos.
Salvo algunos breves periodos de la historia, las tres islas siguieron perteneciendo al Reino de los Países Bajos. Desde 1986 formaron parte de la entidad denominada Antillas Neerlandesas, la cual existió hasta el año 2010. En el caso de Aruba y Curazao, a partir de 2010 detentan el estatus de países constituyentes del Reino, mientras que Bonaire depende directamente de la metrópoli.
Se considera que Aruba y Curazao, pese a pertenecer al Reino de los Países Bajos, no pertenecen a la Unión Europea, de manera que mantienen cierta autonomía para muchos asuntos, salvo para la defensa nacional, las relaciones exteriores y los tratados de extradición. Asimismo, todos los habitantes de ambas islas tienen pasaporte de los Países Bajos.
Breve reseña económica
En relación con la economía, la conquista de estas islas por parte de los Países Bajos respondía a la necesidad de buscar recursos, tales como la sal, pero también se trataba de enclaves estratégicos para la disputa del dominio español de América, razón por la cual la actividad comercial, legal o ilegal, con las costas venezolanas se cuenta en siglos.
Durante siglos los ingresos más importantes de estas islas provenían de la comercialización de las personas esclavizadas secuestradas desde África. Su ubicación estratégica en el mar Caribe abonaba a estos fines, pues allí eran enviadas estas personas para luego venderlas en tierra firme. Al declararse la prohibición de la esclavitud en 1856, la economía de estas islas entró en crisis, motivo por el cual una inmensa parte de su población emigró a otras Antillas del Caribe y, particularmente, a las cercanas costas venezolanas.
Sin embargo, durante el siglo XX, con el descubrimiento de yacimientos petroleros en el Lago de Maracaibo en Venezuela a menos de 300 kilómetros de Aruba, su principal actividad económica pasó a ser la refinación del crudo venezolano.
Por ejemplo, la compañía angloholandesa Royal Dutch Shell, una de las grandes multinacionales petroleras, obtuvo concesiones para la explotación de crudos en Venezuela y organizó un esquema en el que el crudo sería explotado en el Lago de Maracaibo, transportado al estado Falcón y enviado a las islas de Aruba y Curazao para su refinación. Un esquema similar fue el impuesto por la compañía norteamericana Standard Oil. Así tenemos que en 1918, Royal Dutch Shell pone en funcionamiento una refinería en Willemstad, capital de Curazao. Asimismo, en el año 1927 se establece la APM («Eagle Refinery Company») una filial de Shell, muy cerca del puerto de la ciudad de Orangestad, capital de Aruba. En ambos casos se trata de instalaciones exclusivamente destinadas al procesamiento del petróleo venezolano [1].
Durante décadas, la principal actividad económica de las islas fue precisamente la actividad petrolera, por lo que no resulta sorprendente que Venezuela fuese el principal socio comercial de las islas, por encima de los Países Bajos, su propia metrópoli, de los Estados Unidos y de cualquier otro país de la región del Caribe.
Incluso en la actualidad, a pesar de que ambas islas han desarrollado una enorme industria turística, y de que la caída de la producción petrolera venezolana ha afectado la actividad refinadora en las islas, Venezuela sigue siendo uno de los principales socios comerciales de ambas islas. Entre otras, porque su cercanía geográfica permite la importación de alimentos y otros insumos necesarios para la vida cotidiana desde Venezuela.
En el año 2018, cuando ya sobre Venezuela recaían numerosas medidas coercitivas unilaterales, que incluso afectaban a la industria petrolera, el principal rubro de exportación de Aruba eran los aceites de petróleo y minerales bituminosos, que representaban un total de 46 millones de dólares norteamericanos, mientras que el resto de los rubros de exportación solo representaban unos 12,5 millones de dólares [2]. De manera que el 72,96% de las exportaciones de Aruba se relacionan con insumos provenientes de Venezuela.
En el caso de Curazao, la dinámica es similar, por lo que la situación difícil que atraviesa la economía venezolana arrastra la actividad económica de la isla, que desde el año 2016 ya venía experimentando una recesión. Cabe señalar que la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la propietaria de Refinería Isla, que ha tenido una importancia enorme en las importaciones y exportaciones de Curazao, pero que en la actualidad tiene muchas dificultades para sostener sus operaciones debido a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos de América y la Unión Europea. De acuerdo con datos del Fondo Monetario Internacional, la economía curazoleña se ha contraído un 2% interanual al final de 2019, mientras que el desempleo se ubica en 21,9%. La situación venezolana también ha supuesto una disminución de los ingresos por la vía de la actividad turística, lo cual afecta tanto a Curazao como a Aruba [3].
Nuevo contexto migratorio
Durante los últimos años se ha venido produciendo un fenómeno migratorio de personas venezolanas que tratan de buscar alternativas económicas a su situación marcada por la precariedad económica y la creciente vulnerabilidad conforme se han venido aplicando las medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos de América y la Unión Europea.
El incremento de las migraciones venezolanas coincide en el tiempo con la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales más destructivas para la industria petrolera venezolana, es decir, durante el periodo comprendido entre 2017 y 2019, cuando la población migrante venezolana pasó de menos de 700 mil personas a alrededor de 2,5 millones de personas, ello de acuerdo con los datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas.
Según estimaciones, la región de América Latina ha recibido hasta el 85% de esta migración, aun cuando los flujos migratorios a las islas del Caribe no son tan significativos ni deben ser comparables en su magnitud con países como Colombia o Perú.
De acuerdo con el DAES, la isla de Aruba había recibido hasta el año 2019, un total de 3.438 personas migrantes de nacionalidad venezolana, mientras que a Curazao habían emigrado 2.942 personas. En la actualidad, en el marco de la pandemia por COVID-19, este flujo migratorio de venezolanos y venezolanas que se encuentran en las islas, hoy con sus economías deprimidas y en una situación de presión, empiezan a resultar molestos para las autoridades de los Países Bajos [4], quienes no han dudado en emplear el recurso de las expulsiones de migrantes provenientes de Venezuela.
Más aún, el ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos modificó la política de puertas abiertas que habían mantenido con Venezuela, e impuso el requisito de visado para el ingreso de personas venezolanas a partir del 15 de enero de 2021[5], con lo cual se dejan claras las prioridades de los Países Bajos, así como su grado de compromiso hacia las personas migrantes.
De tal manera que los flujos migratorios pendulares entre Venezuela y los Países Bajos en el Caribe, así como la importante presencia de turismo venezolano hacia Aruba, Bonaire y Curazao, que marcaron la historia de las relaciones entre estos dos países, cambió para convertir a estas islas en el país de destino de emigrantes económicos que parten desde Venezuela a buscar mejores condiciones de vida.
Igualmente, como explicaremos a continuación, la alta precariedad e informalidad en el trabajo que realiza la población migrante venezolana los enfrenta a condiciones de mayor vulnerabilidad, que se acrecientan en el marco de la pandemia, las cuales fueron aprovechadas por las autoridades del Reino de los Países Bajos para adoptar las medidas de expulsión masiva, en franca contradicción con las recomendaciones de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, del fortalecimiento de los mecanismos de protección de este colectivo.
Por último, cabe señalar que tanto Aruba como Curazao participan en la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), así como en el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Enero-Diciembre de 2021). De manera que tanto Aruba como Curazao reciben apoyo, fundamentalmente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y por parte de la Organización Internacional para las Migraciones para “mejorar las condiciones de recepción y coordinar el suministro de información y asistencia para satisfacer las necesidades básicas inmediatas de las personas venezolanas, incluido el alojamiento” [6]. De manera que, pese a la recepción de recursos para la atención de migrantes venezolanos, los Países Bajos expulsan migrantes hacia Venezuela.
La expulsión masiva de migrantes de origen venezolano
El pasado 8 de mayo arribó a la República Bolivariana de Venezuela un avión de la empresa aérea privada Laser, con un grupo de personas de nacionalidad venezolana expulsadas por las autoridades de las islas de Aruba y Curazao, pertenecientes al Reino de los Países Bajos. Es el más nuevo episodio de la política sistemática de los Países Bajos de expulsión forzosa de emigrantes hacia Venezuela, que ha venido siendo desarrollada durante los últimos años. Se trata de una política de Estado invisibilizada por los grandes medios de comunicación social, no atendida en las organizaciones internacionales y que se encuentra claramente marcada por un irrespeto a los derechos humanos.
ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos, a través de equipos voluntarios en Venezuela, pudo registrar este suceso, colaborar en el recibimiento de las personas deportadas y aplicar un cuestionario de tal manera de contribuir a denunciar las situaciones que han padecido estas personas, especialmente con relación a su deportación forzosa desde los Países Bajos.
Así, el equipo de voluntarios logró tener acceso a las personas que fueron expulsadas cuando arribaron a Venezuela, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde arribó el vuelo comercial de una empresa privada de aviación contratada por el Reino de los Países Bajos para transportar a las personas expulsadas. Inicialmente se obtuvo información que en el vuelo regresaban 75 personas expulsadas, sin embargo, al bajar del avión sólo se contabilizaron 29.
En total, se entrevistó y aplicó un cuestionario a 29 personas, todas nacidas en Venezuela, 23 hombres y 6 mujeres. Se trató fundamentalmente de un grupo de jóvenes, 25 de ellos menores de 40 años, que poseían un nivel de estudios de educación media completa o incompleta. En relación con su estado civil, tenemos que 14 eran solteros(as), 14 casados(as) o unidos(as) y una persona divorciada.
Entre las personas entrevistadas tenemos a 12 provenientes de Aruba y 17 de Curazao. En relación con el tiempo que habían vivido en las islas, tenemos que 16 habían llegado en 2019 o más recientemente, mientras que otras 13 personas habían ingresado a las islas en el 2018 o antes. Es decir, se trataba de migrantes internacionales que se encontraban residenciados y con niveles importantes de arraigo en el país de acogida.
Cuando se indagó por la causa por la cual emigraron de Venezuela, tenemos que el 83% aluden a razones económicas, el 7% por razones de reunificación familiar y el 10% por otras razones más específicas, ninguna de las cuales se relaciona con la persecución política, o temores de ser perseguidos por razones de raza, sexo, condición social ni ninguna otra causa compatible con las nociones de asilo o refugio. Esto es, quedó evidenciado que se trataba de emigrantes económicos, no de personas que requieren de protección internacional.
En relación con sus características familiares, tenemos que el 97% de las personas migrantes viajaron solas, mientras que el 3% había emigrado junto con su pareja. Sin embargo, 79% de las personas manifiestan que dejaron hijos en Venezuela, mientras que solo el 21% de las personas informan no tener hijos.
En relación con la actividad que desarrollaban en las islas de Aruba y Curazao, tenemos que el 83% de las personas trabajaban, el 3% laboraba en el hogar en tareas de cuido de familiares o tareas del hogar, mientras que el 14% restante manifestó realizar otras actividades. Por tanto, resulta evidente que se trata de trabajadores migrantes, que deberían encontrarse protegidos por la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, si el Reino de los Países Bajos hubiese suscrito este tratado de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Al preguntar sobre la razón de expulsión, se obtiene que el 45% de las personas migrantes habían sido acusadas de ingresar ilegalmente al país, el 21% fueron acusadas de permanecer más tiempo del permitido en el país, el 27% de los entrevistados señala que fueron acusados de cometer algún acto delictivo durante su estadía y el 7% restante no respondieron a la pregunta. Por tanto, la gran mayoría de las personas fueron expulsadas por su condición de migración irregular.
Derechos humanos y la expulsión masiva de migrantes de origen venezolano
Del 100% de las personas entrevistadas, el 34% aseguran no haber contado con asesoría legal durante el proceso de expulsión. Esto es, a un tercio de la muestra se les privó el derecho a contar con defensa técnica especializada durante el procedimiento de expulsión, menoscabándose su derecho humano al debido proceso y, en la práctica, evidenciando la forma arbitraria en que se desarrolla la política de los Países Bajos de los migrantes provenientes de Venezuela.
Adicionalmente, se pudo constatar que el 17% declararon no haber tenido la oportunidad de recoger sus pertenencias antes de la expulsión. Además, tres personas se vieron obligadas a pagar algún tipo de impuesto o multa en el proceso de expulsión.
Del total de la muestra, el 93% de las personas migrantes estuvieron detenidas durante el proceso de expulsión. Así tenemos que el 24% estuvieron detenidas 10 días o menos, el 17% de las personas estuvieron detenidas entre 11 y 30 días, el 21% estuvieron detenidas entre uno y tres meses, cuatro personas cumplieron con un periodo de detención de entre cuatro meses y menos de un año. Finalmente, cuatro personas debieron cumplir periodos de detención de entre más de uno y hasta tres años.
Durante las entrevistas no se pudo registrar sobre la legalidad o arbitrariedad de estas detenciones, entre otras, porque: un tercio de las personas expulsadas no tuvieron asesoría legal, por lo que desconocían los motivos jurídicos de las medidas; y, otros simplemente no fueron debidamente informados de su situación legal.
En relación con las condiciones de la detención, tenemos que el 24% denuncian haber estado incomunicadas, lo que constituye una gravísima violación a sus derechos humanos y un incumplimiento a la normativa internacional que rige la materia suscripta por ese Reino.
Adicionalmente, se pudo registrar que el 7% aseguran no haber recibido comida y agua de forma adecuada, mientras que el 28% consideran no haber recibido un trato respetuoso durante la detención.
Resulta particularmente llamativo que solo el 14% fueron expulsadas por órdenes de tribunales, mientras que el 86% fueron expulsadas por órdenes de autoridades migratorias, razón por la cual no se entabló un juicio, ni tuvieron la oportunidad de defenderse. El 3% declaró no saber por órdenes de quién fue expulsada, lo que da cuenta de una práctica arbitraria contraria a los derechos humanos.
Por último, se pudo constatar que el 28% indican que solicitaron el derecho al asilo ante las autoridades, pero el mismo no les fue concedido. Lo que da cuenta que el Reino de los Países Bajos reconoce que se trata de una migración económica y no de personas que requieren protección internacional.
Es importante resaltar que el 48% de las personas consultadas declararon haber sido víctimas de discriminación por parte de las autoridades del país que las deportó, lo que da cuenta de prácticas ajenas a los derechos humanos por parte de las autoridades públicas de las islas durante los procesos migratorios.
Finalmente, también se indagó si estas personas habían recibido algún tipo de ayuda humanitaria durante su expulsión. En relación con este particular encontramos que solo el 38% de las personas recibieron el respaldo de la Cruz Roja y el 7% por organizaciones locales. Asimismo, se supo que el 24% contaron con el apoyo de agencias de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta información pone de relevancia que el Reino de los Países Bajos no ha dado un trato respetuoso y acorde con los principios internacionales en la materia. Es particularmente preocupante que las autoridades neerlandesas hubieran expulsado a la mayoría de los migrantes entrevistados sin que mediara el procedimiento correspondiente, que fuesen privados de su libertad en el marco del proceso de expulsión; igualmente que un número importante de personas estuvieron incomunicadas y que, incluso, algunas de ellas denuncien tratos no respetuosos, pagos de multas o impuestos, así como la imposibilidad de obtener sus pertenencias al momento de la deportación.
Más grave aún es el caso de una familia que logró reunificarse como consecuencia del movimiento migratorio, pero que fue nuevamente separada como consecuencia del procedimiento de expulsión. Igualmente, nos encontramos con casos en que tuvieron que dejar a sus hijos e hijas en el país de destino y no pudieron traerlos consigo. Particularmente, encontramos un caso de una mujer venezolana, que su pareja de nacionalidad del país de origen impidió que se llevara a su hijo y no le otorgó el permiso de viaje. Estas situaciones, denotan una grave violación de la Convención de los Derechos del Niño, dado que se privó a una persona menor de 18 años de edad del cuidado de uno de sus progenitores por razones migratorias. Este hecho da cuenta del irrespeto hacia la familia, la infancia y muy poca sensibilidad social.
En el marco del respeto y las garantías de los derechos de las personas en movilidad humana, y teniendo en cuenta la normativa internacional que rige la materia, desde ARGOS-Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos:
Exigimos al Reino de los Países Bajos respetar estrictamente todos los derechos humanos de las personas migrantes provenientes de Venezuela que residen en Aruba y Curazao, especialmente en caso que sea procedente su devolución previa decisión emitida por la autoridad competente, adoptada en el marco de un procedimiento que respete el debido proceso y garantías.
Exhortamos al Reino de Países Bajos a cesar inmediatamente la política sistemática de expulsión masiva de los migrantes venezolanos y venezolanas de las islas de Aruba y Curazao.
Invitamos al Reino de los Países Bajos a suscribir la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de la Organización de las Naciones Unidas, como norma mínima de protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes en el mundo.
El Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS efectuó este 27 de mayo el foro «Otras miradas a la migración venezolana», durante el cual el filósofo e investigador colombiano Giovanni Libreros analizó la estancia de venezolanos en su país en el contexto de la pandemia y la violencia armada.
El Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS efectuó este 27 de mayo el foro «Otras miradas a la migración venezolana», durante el cual el filósofo e investigador colombiano Giovanni Libreros analizó la estancia de venezolanos en su país en el contexto de la pandemia y la violencia armada.
Entre enero y mayo de 2021 se ha incrementado en un 170% la llegada de migrantes desde el Norte de África a Europa.
Hablar de movilidad humana es hablar de historias de cambio, transformación, huida, rescate, encuentros y desencuentros. Asimismo, acercarse a la información que se genera sobre las permanentes corrientes migratorias en todo el planeta es encontrarse con estadísticas que mueven el alma, disparan alarmas y develan una realidad descarnada: la muerte de centenares de migrantes en su intento por encontrar una nueva vida.
La Administración de Joe Biden anunció el TPS para migrantes venezolanos poco después de renovar la Orden Ejecutiva suscrita por el expresidente Barack Obama, según la cual la situación en Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Un grupo de migrantes venezolanos, alrededor de 50 personas incluyendo niños, llegó en días recientes a los Estados Unidos luego de atravesar el Río Bravo, según un video captado por el canal de noticias estadounidense Fox News, que ha sido replicado por otros medios y agencias internacionales.
A partir de 2016 se retomó la violencia armada en contra de mujeres, niños, campesinos, líderes sociales y defensores de los DDHH en Colombia
En entrevista concedida al Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS, el secretario ejecutivo del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, José Rubiel Vargas, aseveró que el incumplimiento del Gobierno a la implementación de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016, generó desde ese año una nueva ola de violencia y violaciones de los derechos humanos sistemática, a lo largo de todo el país.
En febrero de 2021, más de 60 niños y niñas relataron haber sido expulsados de Francia a voluntarios de Kesha Niya, un comedor comunitario de Ventimiglia que ofrece comidas a las personas que han sido devueltas del país europeo.
En incumplimiento de las normas de protección de la infancia e inmigración, la policía francesa está expulsando mensualmente a decenas de niños y niñas migrantes no acompañados a Italia, denunció este 5 de mayo Human Rights Watch.
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