En Estados Unidos de América (EE. UU.) los crímenes de odio por discriminación racial y étnica vienen en aumento. La población de origen latino ha sido la más afectada. El discurso antiinmigrante del expresidente Donald Trump fue impulsor y corresponsable de la creciente xenofobia hacia la población migrante en general y hacia los migrantes de origen latino en particular. Sin embargo, el discurso antilatino en EE. UU. es de vieja data y se emparenta con políticas racializadas fundacionales de la nación estadounidense, que paradójicamente está conformada en su origen por migrantes.

Las primeras leyes migratorias de EE. UU. dieron prioridad a migrantes provenientes del norte de Europa. En 1790, la Ley de Naturalización otorgaba la ciudadanía estadounidense exclusivamente a las “personas blancas libres”, situación ratificada por el Congreso de ese país durante casi un siglo. Desde entonces las políticas de migración estuvieron fundamentadas por una perspectiva segregacionista, que estableció cuotas de migración “aceptable” (del norte de Europa), en detrimento de otras poblaciones. Aunado a la relación de profundo racismo hacia las poblaciones afrodescendientes e indígenas nativas, atravesada por el colonialismo y sus secuelas de esclavismo y genocidio.

En el siglo XX, la migración a EE. UU. desde América Latina se vio fomentada por programas de captación de mano de obra barata, como por ejemplo el Programa Braceros, que significó la contratación de miles de trabajadores mexicanos del sector agrícola y ferroviario, la mayoría provenientes de las regiones rurales y más pobres de la región. Este programa fue denunciado posteriormente por ser violatorio de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que eran explotados laboralmente y hacinados en condiciones deplorables.

Actualmente viven en EE. UU. aproximadamente 12 millones de mexicanos. Un grueso de esta población se dedica, en el mayor de los casos, a diversos trabajos de servicios como limpieza, cuidados de niños, ancianos y enfermos, preparación de alimentos o vigilancia y construcción. El discurso antiinmigrante de Trump atacó con especial saña a la población mexicana, llegando a afirmar que desde México “envían violadores” o gente con “el coeficiente intelectual más bajo”, por lo que se haría necesario “proteger a nuestras familias de aquellos que buscan hacernos daño”, justificando así la construcción del multimillonario muro en la frontera de EE. UU. con México y el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur.

El nacionalismo extremista de Trump avivó la ya instalada xenofobia contra mexicanos y latinoamericanos en general, incluso contra todo aquel que hable español. En las ciudades fronterizas comenzaron a aparecer con más fuerza grupos de odio antiinmigrantes con filiaciones supremacistas y defensoras del uso de la violencia.

En agosto de 2019, en la ciudad de El Paso (Texas), un hombre blanco asesinó a mansalva a 22 personas en un supermercado Walmart, la mayoría latinos. El asesino publicó un comunicado por internet donde afirmaba su intención de combatir la “invasión hispana en Texas”. Este tipo de consignas son frecuentemente emitidas por grupos de odio filonazis cuyo principal motor es la limpieza étnica. Solo en los estados que hacen frontera con la nación azteca donde se concentra la mayor población de origen latino se han identificado más de 150 grupos de odio: California (72 grupos), Florida (68 grupos) y Texas (54 grupos),¹ en el resto del país se expresa también la existencia de grupos de odio antiinmigrantes en los estados de Arizona, Virginia, Alabama, Carolina del Norte, Colorado, Nevada, Michigan, Nueva York, Oregón, Washington, Mississippi, Colorado.²

La xenofobia en EE. UU. hacia los latinos sólo es comparable con la que sufren también las poblaciones musulmanas, víctimas de la “cruzada contra el terrorismo”, instalada desde los hechos del 11 de septiembre y azuzada por el entonces presidente George W. Bush. La violencia por xenofobia y discriminación se ha convertido en una lamentable característica de los últimos tiempos en EE. UU., tanto por parte de las fuerzas de seguridad que viene cometiendo sistemáticamente abusos policiales como el que devino en el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd y las consecuentes protestas y movilizaciones multitudinarias en todo el país, como por civiles y grupos de odio que extrañamente son permitidos sin mayores restricciones.

La proliferación de armas en el territorio nacional es parte de este flagelo social que se ha hecho habitual. Desde 1791 está vigente en EE. UU. el libre porte de armas, que según la segunda enmienda de la Constitución reza: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Por su parte, los gobiernos no parecen comprender la magnitud del problema. En diciembre de 2020 Naciones Unidas sesionó para discutir la aprobación de una resolución para “Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, sólo Estados Unidos y Ucrania estuvieron en contra de esta resolución.³

La recién electa administración Biden-Harris ha manifestado intenciones de mejorar la situación de los migrantes, al menos así lo han expresado públicamente, pero sigue latente el temor entre las personas migrantes ya que bajo las administraciones del partido demócrata el problema se ha mantenido. Un ejemplo de ello sucedió durante la administración Obama, cuando fueron deportados más de tres millones de migrantes indocumentados, al punto de que varios líderes de la comunidad latina se refirieron a Obama como el “Deportador en Jefe”. La mayor cantidad de personas deportadas entonces eran provenientes de México, seguido por los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

La pandemia de la COVID-19 ha profundizado situaciones de xenofobia contra la población migrante. Desde expresiones como “el virus amarillo” contra los asiáticos en general, hasta el recrudecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras con la excusa de no “dejar entrar” el virus desde el sur (a pesar de que EE. UU. es el país con más casos de contagios y muertes). Al respecto, en diciembre de 2020, Dana Graber Ladek, Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, enfatizó la necesidad de no utilizar la pandemia de la COVID-19 para azuzar la xenofobia y la importancia de velar por el cumplimiento de compromisos adquiridos en este sentido y proteger los derechos humanos de las personas migrantes.⁴

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es clara en cuanto a la importancia de la raza/etnia como un valor positivo para apalancar el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, e insta enfáticamente al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes −sea cual sea su estatus migratorio−, de refugiadas y desplazadas.

Referencias

1 Disponible en: https://www.splcenter.org/hate-map

2 Disponible en:  https://www.celag.org/cambio-de-gobierno-y-ascenso-de-la-ultraderecha-en-ee-uu/

3 Disponible en: https://www.axency.com/se-niegan-a-combatir-nazismo-discriminacion-y-xenofobia-espana-estados-unidos-y-la-mancomunidad-britanica/17/12/2020/

4 Disponible en: https://www.onu.org.mx/respetar-y-garantizar-los-derechos-de-las-personas-migrantes-en-tiempos-de-covid-19/

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo publicado en 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), México constituye “el principal corredor migratorio de país a país de todo el mundo”.¹ El territorio mexicano se ha convertido en la principal área de tránsito para migrantes de los países de Centroamérica –entre otros–, especialmente del llamado Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Asimismo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Centroamérica y México constituyen el mayor corredor migratorio del planeta: “quince millones de personas han seguido esta trayectoria, estimulados por las enormes brechas de productividad y salariales existentes entre los países”.²

Los migrantes indocumentados sufren todo tipo de violaciones de derechos humanos tanto en el tránsito hacia un mejor destino –si logran llegar– o en el trayecto de retorno para su deportación. La situación de “clandestinidad” les hace presa de abusos policiales que van desde hostigamiento, persecución y violencia, hasta la separación de familiares (incluso niños y niñas de sus familias) y la privación de libertad en centros de detención para inmigrantes en la frontera de Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.): las llamadas “hieleras”, celdas con temperaturas muy bajas, o las “perreras”, jaulas superpobladas. En 2019 aumentó 456 % en el número de familias detenidas en la frontera sur de EE. UU.³

En los últimos años, el fenómeno de la migración de Centroamérica al Norte se ha caracterizado por la modalidad de movilización masiva a través de “caravanas” de migrantes que se dan vía terrestre en grandes grupos y suelen convocarse mediante redes sociales. En enero de 2021 se movilizaron en caravana más de 7500 personas, en su mayoría provenientes de Honduras, quienes fueron reprimidas por las fuerzas policiales guatemaltecas. La dispersión violenta de la caravana devino en el regreso de más 3000 migrantes, principalmente a Honduras, mientras otro grupo de migrantes llegó a la zona fronteriza entre Guatemala y México. En la caravana migraban niños, de los cuales, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 80% viajaban no acompañados.⁴

La construcción de una imagen negativa del migrante es parte del proceso de securitización de las políticas tanto internas como externas de EE. UU., que han desplegado una ingeniería de control sobre las fronteras de la mano de una narrativa que legitima el uso de mayor fuerza policial, la construcción de muros, la instalación de cámaras, la deportación, etc. Esta perspectiva de la migración no la trajo a la palestra Donald Trump, ha sido parte de una política sistemática de militarización y confección de consenso de las distintas administraciones de la Casa Blanca, que colocan al mismo nivel problemáticas como el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la migración, en un ejercicio de criminalización de los migrantes.

La presión del gobierno de EE. UU. a los países de la sub-región se ha concretado en tratados, pactos y acuerdos que obligan a los países a reforzar los mecanismos de seguridad y represión sin atender de manera bilateral los problemas estructurales que generan la migración forzada. Enunciando los acuerdos como parte de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, EE. UU. ha creado programas de financiamiento en materia de seguridad con México y los países del Triángulo Norte, que han devenido en mayores focos de muerte, detenciones y gasto fiscal que pudo invertirse en otras áreas como educación o salud. Tales son los casos de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Centroamericana para la seguridad Regional.

El Plan Frontera Sur, implementado por el Gobierno de México en 2014 a instancias de la administración estadounidense (presidida por Barak Obama), y como continuidad de la Iniciativa Mérida, significó la militarización de la frontera mexicana hasta Guatemala, además de la criminalización de la migración indocumentada. El Plan contempló la contratación de cuadrillas de seguridad privada, vigilancia mediante drones y cámaras instaladas en trenes y sistemas de geolocalización. Bajo este sistema, los migrantes sufrieron mayores situaciones de persecución, detención y deportación. Entre 2014 y 2015 las deportaciones aumentaron de 47,36 % a 96,61 %.

Luego de la estridente modalidad de presión de la administración Trump y el recrudecimiento de medidas antiinmigrantes, el recién electo presidente Joe Biden inauguró su administración con un claro movimiento de distanciamiento de su predecesor, declarando la suspensión de algunas de las medidas más extremas de Trump, como los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que permitían deportar a quienes solicitaran asilos provenientes del Triángulo Norte, o la construcción de un cinematográfico muro entre México y EE. UU. Biden es conocedor del tema, pues durante la administración Obama estuvo a cargo de la iniciativa Plan Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo fue organizar junto a los Gobiernos del Triángulo Norte una respuesta a la crisis migratoria de 2014, con un fuerte incremento de los mecanismos de seguridad y defensa, sin conseguir mayores logros a pesar de una inversión multimillonaria a través del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).⁵

La migración de centroamericanos responde a un conjunto de condiciones históricas signadas por la colonización y la dominación, lo que ha generado una situación permanente de asimetrías que atraviesan todo el sistema social y económico de la sub-región. La ausencia de políticas públicas que puedan ofrecer condiciones de desarrollo y estabilidad a las familias ha sido el caldo de cultivo de la migración, aunada a la idea del “sueño americano” y la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida ante un panorama de desigualdades, desempleo y precariedad generalizada.

La violencia se ha constituido en una de las problemáticas más acuciantes, en tanto la proliferación de armas y pandillas no se ha detenido, más bien ha venido creciendo en el contexto de la pandemia. La emergencia sanitaria ha propiciado a su vez la profundización de la pobreza y la precariedad, el confinamiento ha dificultado el trabajo informal en países cuya mayor fuerza laboral se desempeña de esta manera, a la par de la merma en la recepción de remesas y su consecuente repercusión en la economía de estos países. Otra de las causas de la migración en Centroamérica se debe al cambio climático. A finales de 2020, cientos de familias perdieron sus casas, terrenos y cultivos producto de los huracanes Eta y Iota.

En suma, la falta de perspectivas económicas, la inseguridad alimentaria y sanitaria, la violencia sistémica y los desastres naturales son las principales motivaciones de quienes se ven forzados a migrar al Norte. Los tratados, pactos y programas impulsados históricamente desde EE. UU. han beneficiado mayormente a las élites de la sub-región, sin apalancar transformaciones estructurales en el ámbito social, lo que profundiza la pobreza y la falta de alternativas para las mayorías.

El gran desafío sigue estando en la superación de la lógica de securitización que prevalece sobre las estrategias de desarrollo y solidaridad. La tendencia a responder a las crisis migratorias con mayores medidas restrictivas y de represión debe ser reorientada a la comprensión estructural de las causas de la migración forzada, así como a la asunción de la migración en general como un derecho humano que además aporta riqueza cultural y social a los países destino.

Referencias

1 Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf

2 Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44649-desarrollo-migracion-desafios-oportunidades-paises-norte-centroamerica

3 Hines, Barbara. “Las políticas migratorias de Donald Trump”, en Nuso, Nº 284, noviembre-diciembre, 2019. Disponible en: https://nuso.org/articulo/las-politicas-migratorias-de-donald-trump/

4 Noticias ONU. “Niños de la caravana migrante regresan a Honduras heridos y traumatizados”, 21/01/2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/01/1486952

5 Silvina M. Romano, “¿Alianza para la Prosperidad de quién? La integración centroamericana bajo la supervisión estadounidense”, en Cartografías del sur, Nº 3, abril 2, 2016. Disponible en: http://rdd.undav.edu.ar/pdfs/pr74/pr74.pdf

Para muchas mujeres en Centroamérica migrar se ha convertido casi en una obligación más que en una opción. La violencia (intrafamiliar y callejera), la desigualdad de oportunidades de empleo y económicas en general, más las catástrofes naturales, se han transformado en problemas sociales acuciantes que afectan la vida cotidiana al punto de hacerla insostenible, a lo que se suma la pandemia de la COVID-19y las consecuencias sanitarias que ha conllevado.

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),¹ para 2019, de los 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, 48 % fueron mujeres; una cifra que se escribe fácil pero que –para hacernos una idea– en lo concreto alcanzaría a la misma cantidad de población total de Italia y Reino Unidos juntas.

Estados Unidos de América (EE. UU.) es el principal destino de los migrantes latinoamericanos; las comunidades de centroamericanos en el país del norte son cada vez más numerosas, por lo que uno de los motivos de la migración es la anhelada reunificación familiar. Las caravanas de migrantes son el reflejo de la crónica diaria de países como Honduras, Guatemala, El Salvador (el Triángulo Norte) y de algunas regiones de México donde la violencia se ha vuelto sistemática: el fuego cruzado entre bandas, las amenazas de muerte, el reclutamiento forzoso de menores para sumarlos a estructuras delincuenciales², aunada a la desigualdad de oportunidades económicas.

En el caso de las mujeres, sobre ellas ha recaído el peso de la administración y cuidados de los hogares e hijos de quienes migran (la mayoría hombres), lo que implica la duplicación del trabajo doméstico y de cuidado, ya de por sí subordinado a la discriminación de género y a la invisibilidad dentro de las políticas de atención y remuneración tanto del Estado como del sector privado, sumado a las jornadas de trabajo remunerado que también deben ejercer para subsistir. Esto ha llevado a que cada vez sea mayor la cantidad de mujeres que migran juntos con sus hijos, e incluso mujeres jóvenes y menores de edad.

En los países de origen, muchas mujeres deciden huir del crimen organizado que se verifica especialmente en México y los países del Triángulo Norte. Los jóvenes y la infancia de sectores populares están expuestos a ser secuestrados y reclutados por pandillas que, a su vez, acosan y amenazan a madres, hermanas y demás mujeres del núcleo familiar.

En cada una de las fases del ciclo migratorio los riesgos se multiplican para las mujeres. Tanto el país de origen, como en los países de tránsito, destino y retorno, la primera carga que llevan sobre sí las mujeres es la discriminación de género y la vulnerabilización sexual, al ser objeto de violaciones, secuestros para trata de personas, extorsión e incluso asesinato.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), afirmó la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de vulneración de las mujeres en toda la ruta migratoria: “En el estudio de la migración el papel de la mujer debe analizarse desde un enfoque diferenciado, ya que está sujeta a diversas vulnerabilidades, no solo en las comunidades de origen, sino también durante los desplazamientos”.³

Al panorama de pobreza extrema se le suma la violencia intrafamiliar, cuya cifra en estos cuatro países en 2019 fue de 1.555 mujeres asesinadas.⁴ Siendo Honduras la nación con más casos de femicidios (6,2 por cada 100.000 habitantes) en Latinoamérica y México con 983 casos fatales, el segundo –después de Brasil– en el continente.

El tránsito es un estadio de incertidumbre constante para los migrantes. A las largas jornadas de caminata expuestos al sol y con poca o muy escasa hidratación, sin dormir o durmiendo a la intemperie, se suman las olas de frío que en las últimas semanas han golpeado al norte de México. Una vez en la frontera, los trámites migratorios acarrean una larga espera, además de poder ser separados de familiares (incluso hijos de sus madres) por los protocolos de seguridad impuestos por las políticas migratorias de la administración Trump, que la nueva administración Biden aunque haya anunciado reformas no ha derogado del todo, como es el caso de los centros de detención de niños migrantes que aún funcionan, por ejemplo.

Asimismo, la violencia en las zonas fronterizas entre México y EE. UU. se manifiesta tanto por la persecución y represión de los guardias fronterizos de ambos países, como por los más de 165 grupos paramilitares supremacistas blancos, que defienden el nacionalismo y se hacen llamar “Migrant Hunters”, y que, como su nombre lo indica, se dedican a “cazar” migrantes, secuestrarlos y entregarlos a las autoridades o asesinarlos a sangre fría y enterrarlos en el desierto. Una forma de evadir a estos grupos y a los guardias fronterizos es contratando a los llamados “coyotes”, otra mafia que opera en la frontera ofreciendo ser “guías” luego de cobrar considerables sumas de dinero por facilitar este tránsito, que a veces puede significar cruzar el río en bote o a pie, atravesar zonas boscosas o largos desiertos. Los coyotes suelen tener –literalmente– la vida de muchos migrantes en sus manos y en muchos casos éstos terminan conduciendo a los migrantes –sobre todo a las mujeres– a las mafias de trata de personas.

Una vez en el lugar de destino, Estados Unidos, la mayoría de las migrantes indocumentadas se dedican a ser trabajadoras domésticas, mantenimiento de casas y edificios, preparación de alimentos, limpieza, cuidado de niños, pacientes enfermos y ancianos. Al respecto, es importante tomar en cuenta el rol determinante de las mujeres en la economía y la reproducción social, pues son las mujeres quienes llevan a cabo el mayor aporte a sus países de origen a través de las remesas:

Todos los años, unos 100 millones de mujeres migrantes envían remesas a sus países. Y si bien persiste la brecha salarial de género, tienden a enviar una mayor parte de sus salarios que los hombres, además de hacerlo con más regularidad. Estas contribuciones ayudan a sostener las economías de muchos países y representan un sustento para las familias y las comunidades, algo que es especialmente importante durante las épocas de crisis.⁵

La creciente migración de mujeres, así como de niñas, niños y adolescentes no acompañados, prende las alarmas sobre la necesaria atención diferenciada de esta población doblemente vulnerabilizada, tomando en cuenta la discriminación de género arraigada y dilatada por todos los países del corredor migrante, y de los países de origen y destino.

Referencia

1 ONU. Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Ginebra 2019, p. 12.

2 Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/historia/2021/1/5ff51e7e4/familia-huye-de-su-hogar-para-salvar-su-vida-en-centroamerica.html

3 Disponible en: https://www.cepal.org/es/discursos/evento-mujeres-territorio-migracion-paises-norte-centroamerica

4 Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

5 Declaración de ONU Mujeres: Día Internacional del Migrante 2020. Los derechos humanos y la igualdad de género como elementos centrales de los programas y las políticas de migración. 17 de diciembre de 2020.

La migración hacia Estados Unidos es causada principalmente por la desigualdad de oportunidades y la falta de perspectivas económicas en los países de origen de quienes migran. Cada año, miles de personas parten desde México y Centroamérica huyendo de las condiciones económicas, la violencia sistemática, así como del cambio climático y sus efectos devastadores. Desde marzo de 2020, a las ya difíciles situaciones que originan la migración en la subregión, se sumó la crisis sanitaria generada por la pandemia de la (COVID-19).

Los migrantes ya de por sí se movilizan en condiciones de precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre, y transitan largos espacios a la intemperie, sin las condiciones mínimas de alimentación y cobijo, además de estar expuestos a altísimas cuotas de estrés producto de la inseguridad de la travesía. Los cuerpos de quienes migran padecen agotamiento, desgaste y enfermedades; a ello se adiciona la alta exposición a la COVID-19.

La pandemia profundizó los flagelos comunes para las personas en situación de migración forzada. La xenofobia, discriminación y criminalización se agudizaron hacia los migrantes al ser vistos en muchas oportunidades como “portadores del virus”, lo que ha desencadenado situaciones de violencia física y simbólica tanto en los países de tránsito como en los de destino.

Paradójicamente, en la actualidad el foco más crítico en el mundo por la COVID-19 se encuentra en Estados Unidos de América (EE. UU.), puesto que es el país con las cifras más elevadas tanto en casos de contagios como de fallecimientos. En las ciudades con mayor población en EE. UU. viven grandes comunidades de centroamericanos, que en las últimas décadas han conformado familias de varias generaciones y han consolidado su arraigo. Muchas de las personas migrantes de los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) y de México migran con la convicción de reunirse con familiares, por lo que la pandemia de la COVID-19 no ha significado un disuasivo.

Por su parte, las políticas extremas antinmigrantes de la administración Trump llevaron a México a convertirse en una frontera-nación, en tanto la mayoría de los migrantes sin documentos se quedaron varados en tierras aztecas. Entre 2014 y 2019, EE. UU. detuvo 2.960.500 migrantes en la frontera sur, mientras que en 2019 EE. UU. retuvo a 977.509 personas y México a 298.211.¹ Durante el mes de octubre de 2020 se recibieron en México 11.336 solicitudes de refugio de hondureños y 3.103 de El Salvador, lo que equivale a un 46 % del total.

En el contexto de la pandemia, la población migrante en tránsito se mantiene mayormente expuesta, pues no sólo no es atendida en los ya abarrotados centros de salud de los países del corredor migratorio, sino que no está contemplada en los planes nacionales de vacunación. Mientras en algunos países están abriendo las fronteras para turistas vacunados, a las personas migrantes se les cierran aún más puertas. Tanto en México como en los países de Centroamérica, los migrantes sin documentos simplemente no están contemplados para acceder a los planes de vacunación, pues no cuentan con documentos en regla. Esta situación además de profundizar el estado de vulnerabilidad de la población migrantes, acentúa la discriminación a la que pueden ser objeto por supuestamente ser constantes transmisores del virus.² En México, el plan de vacunación está restringido a quienes obtengan la Clave Única de Registro de Población (CURP), un código que sólo pueden obtener ciudadanos mexicanos, residentes permanentes y temporales.

Aunque se mantengan cerradas las fronteras la necesidad de migrar es una realidad en aumento, lo que ha generado el incremento del crimen organizado que ofrece rutas y medios de transporte clandestinos para movilizar a los migrantes sin seguir ningún tipo de protocolo sanitario, exponiéndolos a toda clase de peligros. Asimismo, se han hecho cada vez más frecuentes las estafas a migrantes recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduana que son extorsionados o engañados mediante supuestos planes de pago de fianzas.

Para quienes han sido detenidos la situación se agrava tomando en cuenta la incertidumbre jurídica en la que se encuentran, pues aunque el Gobierno de Biden anunció reformas en las políticas migratorias, éstas aún no se concretan. La revisión de las solicitudes de asilo puede tardar meses, en ese lapso las personas que esperan el proceso son retornadas a territorio mexicano donde se exponen a situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Las expulsiones de migrantes desde la frontera no dejan de sucederse pese a la pandemia, incluso en casos de personas enfermas de la COVID-19, que son expulsadas sin realizar los avisos oficiales correspondientes ni seguir los protocolos adecuados.³

Asimismo, la frontera sur de EE. UU. se mantiene cerrada y, de hecho, la actual administración del país del norte reabrió uno de los centros de detenciones para menores en la frontera de Texas. El Gobierno estadounidense afirma que será una medida temporal debido a los más de 6.000 menores sin acompañantes que han llegado a la frontera en lo que va de año.⁴ Por su parte, en una reciente entrevista,⁵ Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora para la frontera con México, afirmó que para tomar las precauciones adecuadas a la pandemia “es muy importante que la gente que no tiene una cita agendada se quede dónde está y no trate de cruzar la frontera hasta que reciba la llamada”, también aseveró que aunque se suavicen las políticas de migración de la administración anterior, en especial los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM) o programa “Quédate en México”, la mayoría de los solicitantes de asilo “no van a calificar” para el ingreso legal.

El 22 de febrero, la página de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en México publicó un comunicado del Agregado de Seguridad, Edgar Ramírez, donde el funcionario es explícito en cuanto al protocolo para las personas con casos abiertos del Programa Quédate en México, dice: “Que quede claro: no venga ahorita a la frontera”, e insta a los migrantes a esperar una llamada para concertar una cita.⁶

Todo apunta a que México seguirá siendo la nación-frontera o el “muro” para la migración del Triángulo Norte y otros países de Suramérica, e incluso transcontinental (especialmente desde África), que utilizan el corredor migratorio como acceso a EE. UU. Luego de la represión y dispersión de la caravana de migrantes en Guatemala, ha proliferado la llamada “migración hormiga”, grupos pequeños de migrantes que buscan sortear la vigilancia y la represión de las fuerzas policiales, lo que no los exime de lidiar con el crimen organizado en torno a la trata de personas, la extorsión y la estafa, así como a la exposición y falta de atención en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Referencias

1 Disponible en: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Migracion-y-COVID-19

2 Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/02/mexico-registro-vacunacion-excluye-importantes-sectores-poblacion/

3 Disponible en: https://sinfronteras.org.mx/osc-presentan-informe-sobre-las-graves-afectaciones-del-covid-19-en-poblacion-migrante-y-refugiada-en-mexico/

4 Disponible en: https://www.voanoticias.com/estadosunidos/eeuu-abre-centro-menores-no-acompanados-llegan-frontera

5 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56093388

6 Disponible en: https://mx.usembassy.gov/es/si-eres-migrante-y-tienes-caso-pendiente-bajo-el-protocolo-mpp-no-vengas-ahora-a-la-frontera/