La Tercera Ley de Newton es categórica: Por cada acción existirá una reacción con la misma fuerza y proporcionalmente opuesta. Así sucede en todos los fenómenos humanos, incluida la política. De cada acción se espera una reacción igual. Hoy en día, el problema es que existen instancias hegemónicas que, al no poder ejecutar acciones que favorezcan sus intereses particulares, por impopulares, antidemocráticas o contrarias al derecho, en consecuencia diseñan “acciones” que justificarán eventuales “reacciones”, las cuales entonces serán aceptadas socialmente como necesarias, esperadas y urgentes.

En el mundo de la geopolítica y de las relaciones internacionales ocurre lo mismo. En los últimos años, Estados dominados por gobiernos de corte neoliberal y nacionalista buscan responder enérgicamente a situaciones que precisamente fueron construidas discursivamente, tanto por ellos mismos como por sus aliados estratégicos, en medios de comunicación y otros espacios de interacción política, como foros internacionales y organismos multilaterales. Una de esas situaciones “creadas”, cuyo propósito oculto es justificar políticas y medidas radicales, es la consideración de la migración masiva como una amenaza a la seguridad nacional de los países receptores. Y la solución propuesta por parte de los Estados es la denominada securitización de la migración.

La representación social de los migrantes como amenaza a la seguridad nacional es resultado directo del proceso de criminalización del cual son objeto. Se trata de una construcción discursiva promovida por aquellos Estados que buscan restringir el ingreso de movilizados de otros países y justificar la enorme cantidad de recursos financieros que se destinan anualmente para diseñar y ejecutar políticas que, ante la opinión pública nacional y mundial, son necesarias para proteger a dichas naciones ante el peligro que representa la migración.

En el libro Pensar las migraciones contemporáneas, coordinado por las investigadoras Cecilia Jiménez Zunino y Verónica Trpin (Teseo, 2021), en el artículo Securitización de las migraciones, firmado por Andrés Pereira y Eduardo Domenech, se establece que el término securitización de las migraciones es una categoría producida “en el marco del proceso de producción política de la migración como asunto de seguridad a nivel internacional y en un contexto de endurecimiento de los controles migratorios y fronterizos en la zona del Atlántico Norte, tanto en los Estados Unidos y Canadá como en la Unión Europea”.

Los autores advierten que, en América Latina, la aplicación de la securitización de la migración varía de acuerdo a la naturaleza de las políticas migratorias y las formas que ha adoptado la desigualdad y violencia contra los migrantes en cada país o región. “En términos generales, en México y Centroamérica, ha sido utilizada para dar cuenta de la externalización de la política de control fronterizo de los Estados Unidos y de las experiencias de desaparición, secuestro y muerte de migrantes en su itinerario hacia el Norte”.

Pereira y Domenech recalcan que, con algunas excepciones, el uso de la categoría está asociado a los cambios en las políticas migratorias nacionales, especialmente a partir del llamado “giro a la derecha” en la región, con lo cual prevalece un uso genérico del término para denotar esquemas de regulación de la migración asociados a la “seguridad nacional” y vinculados con procesos y prácticas de criminalización de la migración.

Esto recalca la lógica impuesta de acción-reacción para justificar políticas cada vez más duras en materia de seguridad y vigilancia en las fronteras. Es decir, los migrantes son criminalizados (en algunos casos también los grupos de solidaridad que los asisten), por tanto se convierten en una amenaza a la seguridad nacional y, en consecuencia, se justifican las medidas.

Dichas medidas van desde el impulso de una legislación que sirva de marco jurídico para el diseño y ejecución de políticas públicas en materia migratoria, hasta la asignación de recursos financieros que posibiliten los gastos que acarrean la creación de instituciones pública y privadas, la adquisición de equipos de vigilancia, la contratación de personal y la ejecución de prácticas u operaciones como detección, captura y deportación de migrantes. Estas últimas las más criticadas porque, en la mayoría de los casos registrados, limitan o transgreden los derechos humanos de los migrantes.

Como se ha asomado, el caso más sonado y que sirve de ejemplo más palpable de lo que se entiende por securitización de las migraciones es lo que ocurre en la frontera sur de los Estados Unidos, punto de entrada de los intensos y permanente flujos migratorios que, de todas partes del mundo, intentan ingresar a la nación norteamericana.

Una fecha emblemática y que marcó un hito es el 11 de septiembre de 2001. El investigador Javier Treviño Rangel, en su artículo académico ¿De qué hablamos cuando hablamos de la «securitización» de la migración internacional en México?: Una crítica, indica que a pesar de que ya existía dicha práctica, el 9/11 (como los estadounidenses identifican el suceso) justificó ante la opinión pública la facultad de las autoridades “para detener a personas migrantes que no pueden acreditar su estancia legal en el país o para impulsar centros donde se priva de la libertad a migrantes”.

Para los autores, este hecho también inició, como ningún otro, la creencia de que la migración internacional indocumentada es una amenaza para la seguridad nacional y sirvió para que no sólo los EEUU sino también otros Estados –Canadá, por ejemplo- endurecieran radicalmente sus políticas frente a la migración internacional.

De hecho, producto del 9/11, en EEUU se crearon instituciones que hoy en día son los grandes ejecutores de las políticas migratorias más duras en la frontera sur y donde se concentran la mayor cantidad de recursos financieros.

Un presupuesto exponencial

Según un reporte de la agencia de noticias EFE, en 2003 fue creado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), el cual actualmente controla y administra un presupuesto de 381.000 millones de dólares, a través de las agencias de vigilancia de fronteras y el manejo de la inmigración.

Un informe divulgado en 2020 por la organización American Immigration Council indica que la ejecución de las leyes de inmigración está a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y del “temido” Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), ambas agencias dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y cuya función principal es la detención y deportación de inmigrantes indocumentados.

Según el informe reportado por EFE, el ICE y la CBP emplean actualmente más de 84.000 funcionarios, de los cuales más de 50.000 (55.5%) cumplen tareas específicamente policiales.

Los presupuestos de ambas dependencias han experimentado un crecimiento exponencial desde su creación. Por ejemplo, desde el año 1993, según el informe, “cuando la actual estrategia de vigilancia y control fronterizo se inició a lo largo del límite de México con Estados Unidos, el presupuesto anual de la Patrulla Fronteriza, que es ahora parte de la CBP, aumentó más de 10 veces, al pasar de 363 millones de dólares a casi 4.900 millones de dólares”.

También el gasto previsto para el ICE, entre 2003 y 2020, aumentó de 3.300 millones de dólares anuales a 8.400 millones de dólares. Según el American Immigration Council, los fondos fueron destinados fundamentalmente para “aumentar la capacidad de la agencia para confinar inmigrantes detenidos en sitios en todo el país”.

La importancia de la securitización de la migración en EEUU se refleja no sólo en los fondos destinados al levantamiento de cercas y vallas, tecnología de vigilancia, vehículos aéreos no tripulados (drones) y la construcción de edificios para detenidos, sino también en el incremento de los agentes de la Patrulla Fronteriza, que pasaron de 4.139 a 19.648 en el período fiscal 2019, “aún por debajo de la autorización del Congreso para la contratación de 23.645 agentes”, señala EFE.

¿Continuidad de las políticas?

Seguridad e inversión Es posible que con la salida del republicano Donald Trump de la presidencia de los EEUU se creyera ingenuamente que las políticas de migración se iban flexibilizar, pero no fue así. A pesar de que en su primer día en la Casa Blanca el demócrata Joe Biden revocó el decreto emitido por su antecesor el 25 de enero de 2017 que, entre otros temas, criminalizaba la permanencia indocumentada de migrantes por considerar una amenaza a la seguridad pública y nacional, no obstante reiteró que la política de su administración se enfocaría en proteger la seguridad nacional y fronteriza.

Según un análisis hecho por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), titulado La Doctrina Biden en Centroamérica, las políticas migratorias son un claro ejemplo de la política permanente de los Estados Unidos de securitización de la migración para justificar no sólo políticas de seguridad nacional sino también, y sobre todo, la inversión económica.

“Se supone que Biden apostará por una política migratoria integral, pero que no necesariamente será menos securitizada. La Estrategia Integral para América Central tiene un presupuesto previsto de cuatro mil millones de dólares, obtenidos por fondos del Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional) e inversión del sector privado, así como mayor participación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el desarrollo de infraestructura e IED en la región”, reza el análisis del Celag.

Es importante aclarar que IED son las siglas del término Inversión Extranjera Directa, es decir, la intervención económica que hace los EEUU en otros países y en las cuales detentan no sólo la potestad de escoger las empresas (casi siempre asociadas al gobierno de turno) sino también de mantener el control operativo y financiero de dichas inversiones. En otras palabras, la securitización de la migración tiene como trasfondo un interés económico, que es en lo que siempre coinciden demócratas y republicanos.

Por tal razón, Celag advierte en su análisis como el 2 de febrero de 2020, Biden ratificó, por medio de tres órdenes ejecutivas: 1) las medidas migratorias vinculadas a la reunificación familiar, 2) la creación de un marco regional integral para abordar las causas y mejorar la administración de los flujos migratorios desde América del Norte y Centroamérica, y 3) la posibilidad de proporcionar un procesamiento seguro y ordenado de los solicitantes de asilo de quienes migran por la frontera sur de EEUU, pero ese mismo día aclararon que esas acciones no significaban “que las fronteras estén abiertas” sino que eran “un paso más de la estrategia que pretende detener la migración forzada a través de la cooperación en la lucha contra la corrupción y la impunidad”. Vemos aquí cómo se sigue asociando la migración con el crimen, en este caso institucional o gubernamental.

A lo largo de la campaña electoral Biden se presentó como contrario a la gestión de Trump en materia migratoria. Sin embargo, fue Obama quien propuso la denominada Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica como una salida para la crisis humanitaria producto del incremento de la migración y Biden su principal articulador, reuniéndose intensamente con líderes y funcionarios de los países del Triángulo Norte para redactar y ejecutar las directrices de la Alianza, políticas que eran anunciadas como parte de un plan de seguridad regional pero que significaban también una inversión financiera importante en países de la región mesoamericana.

Es decir, la securitización de la migración en la región centroamericana seguirá presentándose como una reacción, urgente y necesaria, a la amenaza a la seguridad nacional que supone el éxodo masivo de movilizados, pero que en el fondo justifica una importante inversión económica, tanto en el extranjero como en territorio estadounidense, lo que se traduce en beneficios para quienes detentan el poder en la nación del sueño americano.

Por tal motivo, seguramente se mantendrá el discurso de criminalización de los migrantes para seguir legitimando una reacción “con la misma fuerza y proporcionalmente opuesta” en materia de seguridad, eso sí, con altísimas implicaciones financieras y económicas para el gobierno estadounidense de turno.

Autor: Adrienne Pine. Argos Estados Unidos

El 10 de mayo, Fox News sacó un reportaje[1] desde la frontera Texas-México, en el cual promulgó varias narrativas contradictorias. Se trataba del cruce, por el Rio Bravo, de más de 50 migrantes venezolanos supuestamente víctimas de la “dictadura” del presidente Nicolás Maduro. Las mismas cámaras de Fox, tanto como sus entrevistas con los recién llegados muestran la diferencia enorme entre ese grupo y la inmensa mayoría de inmigrantes, principalmente proveniente del Triángulo Norte de Centroamérica y de México, que intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos de América –EE. UU.–. A diferencia de la mayoría de inmigrantes que pasan por Texas, por ejemplo, quienes suelen haber caminado por días con la misma ropa y sin ningún tipo de equipaje más allá de agua (con suerte) o una mochila sucia por el viaje, este grupo llegó bien duchado y peinado, con ropa y maletas limpias, y al parecer bien alimentados. El reportero relató que miembros del grupo viajaron primero a Colombia, luego contrataron un avión para llevarlos a México, y después tomaron un autobús hasta la frontera. Tal vez al haber contratado un avión privado, pudieron evitar los retenes omnipresentes a pocos kilómetros de la frontera norte de México implementados para prohibir el paso de migrantes, o tal vez fue con una mordida formidable que lograron pasar donde no hay paso para migrantes de menos recursos. Asimismo, su acogida casi calurosa por los agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) contrasta notablemente con la violencia que sufren la mayoría de migrantes de países amigos de los Estados Unidos a manos de los agentes migratorios.

Dos semanas después, el Daily Caller, medio de comunicación de tendencia de ultraderecha fundado por Tucker Carlson de Fox News, publicó[2] un video de una anciana venezolana caminando con la ayuda de un agente de migración, hablándole con respeto, después de llegar al lado estadounidense del Río Bravo. Una imagen de un joven venezolano cargando la misma anciana cruzando el río momentos antes se hizo viral en las redes. El joven fue descrito[3] en la prensa como otro venezolano escapando por esa vía peligrosa de la violencia de su país de nacimiento, pero el mismo día de la publicación de la foto fue identificado[4] por sus compañeros de colegio como un tal César Padrón, que según sus medios sociales ya ha viajado por avión en varias oportunidades a Miami, donde presume[5] vivir una vida de lujo.

Los eventos mediáticos, que vienen como antesala a la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con Refugiados y Migrantes Venezolanos[6] (promovido acá por la “embajada” en Canadá afiliada con el autoproclamado pero impotente “presidente” de Venezuela Juan Guaidó) que tendrá lugar en Canadá el 17 de junio, fueron utilizados por Fox y otros medios para revindicar dos teorías. Con respecto a la primera, alegan que el presidente Biden (“Open Borders Biden” según varios medios) tiene una política de fronteras abiertas, denuncia irónica al tomar en cuenta que ha defendido el uso del Título 42, utilizando la pandemia como pretexto para deportar a migrantes que intentan ejercer su derecho de pedir asilo (deportando[7] durante el primer mes de su presidencia más haitianos que durante todo el año 2020, por ejemplo). De igual manera, siguiendo la línea de Trump, Biden sólo envió 2.7 millones de dosis de Astrazeneca a AMLO con la promesa[8] de que el gobierno mexicano apoyaría la política de deportación al norte de su país de los migrantes que intentaban ejercer su derecho internacional de pedir asilo en los EE. UU. En relación al segundo argumento de los medios es que los migrantes venezolanos que llegan al Río Bravo están huyendo del socialismo, lo cual es mostrado como un sinónimo de dictadura.

Al analizar las noticias sobre la migración a Estados Unidos, encontramos que es necesario abordar los problemas graves en el marco teórico hegemónico que se usa para hablar sobre migrantes, y la supuesta diferencia entre refugiados y migrantes económicos. Esta distinción retórica es muy importante dentro del marco actual, porque puede legitimar o no el migrante, o una clase de migrantes, a la hora de pedir asilo. Pero también puede ser utilizado en los medios masivos, en los discursos de políticos, en las cortes de asilo y en espacios ONGistas y humanitarios[9] para apoyar o para demonizar a los gobiernos nacionales de los países de origen de migrantes. El problema con este marco, como destacamos con la Dra. Siobhán McGuirk en nuestro libro recién publicado Asilo a la Venta[10], es que es una distinción falsa. Las olas migratorias de esta época no se deben principalmente a los Estados represivos –aunque muchos Estados sí lo son– ni a la falta de empleos o recursos económicos a nivel del país de origen –aunque empleos y recursos sí faltan en el Sur global– sino al imperialismo capitalista, con sede en Washington.

Entre otras cosas, los hondureños han sobrevivido la violencia de las políticas de “cero tolerancia”[11] y “mano dura” exportado por Rudy Giuliani como consultor internacional (antes de volverse la mano derecha de Trump). Han enfrentado la privatización neoliberal antes y después del golpe de Estado de 2009; y han sufrido[12] la violencia de la policía y el ejército hondureño, ambos financiados por el gobierno de los Estados Unidos, reprimiendo a su pueblo al servicio de tres gobiernos (Micheletti, Lobo y Hernández) avalados e impuestos cuatro veces por el Departamento de Estado de los EE. UU. sin haber ganado legítimamente elecciones presidenciales.

A pesar del hecho comprobado[13] en las mismas cortes federales de los Estados Unidos que el presidente actual del país, Juan Orlando Hernández, es un narcodictador[14], es muy difícil para los hondureños que huyen de su dictadura obtener asilo en los Estados Unidos. Según un estudio[15] realizado por investigadores de Syracuse University, en el 2020, sólo el 12.7 % de peticiones de asilo (incluyendo casos positivos de retención de remoción y alivio en virtud de la Convención Contra la Tortura) de hondureños fueron aprobados a nivel nacional en las cortes federales de inmigración en los Estados Unidos, menos que cualquier otro país. Ese mismo año, en comparación, se otorgó el asilo al 54.3 % de los venezolanos que lo solicitaron en las cortes federales, así que la probabilidad de recibir asilo fue más de cuatro veces más alta para un venezolano o venezolana que para un hondureño u hondureña, y casi el doble del promedio de los solicitantes procedentes de todos los países del mundo combinados (28.4 %). Y en el 2019, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), solicitantes venezolanos ganaron más casos[16] de asilo afirmativo que solicitantes de cualquier otro país del mundo, el 22.9 % de todos los casos aprobados, mientras los hondureños apenas alcanzaron el 1.9 % de ese mismo denominador. El asilo afirmativo es un proceso presidido por Oficiales de Asilo, no por jueces de corte de inmigración bajo amenaza de deportación, y comparado con el asilo defensivo, es mucho más accesible para personas que entran al país con visa estadounidense y dinero para contratar un buen abogado. 

Se mantienen dos discursos distintos acerca del origen del éxodo hondureño de la última década: uno, de los Republicanos, se trata de la criminalización cultural de la población. El otro, de los Demócratas, enfoca el problema en la supuesta “corrupción” del gobierno hondureño. Sería más honesto llamarle golpismo o fascismo neoliberal[17] pero el gobierno de Estados Unidos prefiere calificarlo como corrupción porque se supone que ésta se resuelve con reformas liberales (financiadas[18] por el mismo gobierno estadounidense). Pero al final como el gobierno de Honduras es impuesto por el gobierno estadounidense, y como el país entero funciona como una enorme base militar para el Comando Sur[i], las cúpulas de ambos partidos políticos dentro del bipartidismo estadounidense están de acuerdo que la solución es alguna versión de la Alianza Para la Prosperidad[19] implementado por Biden como vicepresidente (tomando como modelo el Plan Colombia[20]), requiere fortalecer aún más el gobierno de Hernández, con inversiones masivas de fondos públicos estadounidenses en la militarización privatizada, mal llamada “seguridad”; en la externalización de la frontera estadounidense; y en los proyectos masivos extractivistas, mal llamados “desarrollo”, manejados por corporaciones extranjeras, quienes se lucran de estos proyectos que a su vez desplazan y asesinan a residentes de comunidades locales.

Se atribuye a Franklin Delano Roosevelt la frase “es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”, refiriéndose a Anastasio Somoza. Sea o no este el origen del dicho, es evidente que Juan Orlando Hernández es nuestro hijo de puta. Protege los intereses del imperio en Honduras. Así que los hondureños que huyen de la dictadura de Hernández, realmente huyen del imperio gringo que ha empobrecido a la población y que ha creado condiciones de violencia diaria insoportables, en particular desde que el gobierno de Obama y su Departamento de Estado presidido por Hillary Clinton, apoyó[21] el golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en contra del último presidente democráticamente electo de Honduras, Mel Zelaya, después que Zelaya compró petróleo de Petrocaribe y sostuvo relaciones bilaterales amigables con su homólogo venezolano, Hugo Chávez.

De igual forma, si nos apartamos de la tesis miope que el marco ideal para analizar la emigración está dentro del Estado de origen, reconocemos que la gran mayoría de los venezolanos que emigran lo hacen por la misma razón que los hondureños: son expulsados de sus comunidades, de sus hogares y de sus tierras por la violencia salvaje del capitalismo imperialista. En el caso de Venezuela, el mecanismo de la expulsión de ciudadanos es distinto. Washington (y acá se incluye a la Organización de Estados Americanos), ya que no tiene un presidente que toma órdenes desde su embajada (que actualmente promueve el cambio de régimen[22] virtualmente), ha impulsado una guerra híbrida con el fin de dar un golpe al gobierno bolivariano.

Según Alena Douhan, relatora especial para las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, el bloqueo ha dejado al gobierno venezolano con apenas 1 %[23] de su presupuesto comparado con el presupuesto que tenía anteriormente a la implementación de las medidas coercitivas. El gobierno estadounidense y sus poderosos aliados no sólo han quitado miles de millones de dólares perteneciente al pueblo venezolano, sino que han financiado a la oposición neoliberal, extremadamente violenta, provocando vulnerabilidad y precariedad para los ciudadanos de Venezuela, que aún así en promedio gozan de condiciones mucho mejores que los hondureños.

Pero en Washington, se niega esa realidad. Según ambos partidos políticos, no son las medidas coercitivas[24], ni el intento de golpe[25] coordinado por el Departamento de Estado, ni los drones[26], ni las guarimbas[27] racistas y asesinas, ni los mercenarios[28], sino el gobierno nacional, democráticamente electo, de Venezuela el que tiene la culpa de la crisis. Y ya que la lógica hegemónica de la migración nos dice que la gente huye de los Estados, y no de la violencia del imperio, pocos se oponen.

Y ¿cómo se refleja esta concepción en la política migratoria hacia países amigos y enemigos de Washington?  Ya se ha notado el hecho de que, en las cortes de asilo, el porcentaje de casos de asilo de venezolanos que son aprobados es más del doble que para solicitantes del resto del mundo, y cuatro veces mayor que el porcentaje de casos aprobados para hondureños, quienes huyen de un Estado ocupado militarmente por los Estados Unidos. La política de asilo que favorece a los venezolanos es muy parecida a la política preferencial de “pies secos, pies mojados” implementado por el presidente Bill Clinton, que durante muchos años se aplicó para otorgar residencia a cualquier cubano que llegaba a las playas de Miami. Los discursos ideológicos imperialistas alimentan las cifras que favorecen a migrantes cuyos países de origen son enemigos estatales de los Estados Unidos, y estas cifras, a su vez, confirman ideológicamente la tesis de que los proyectos socialistas son necesariamente dictatoriales y que, por tanto, producen refugiados.

Cabe destacar que los venezolanos que emigran a raíz del esta violencia capitalista y que tienen los recursos para hacerlo (incluyendo dinero, pasaportes y avales) contratan vuelos privados hasta el Río Bravo para recibir la bienvenida del CBP y sus parientes en Miami o Texas, mientras los venezolanos con menos recursos que se han visto obligados a salir de su país se han quedado[29] principalmente en países vecinos, donde sufren discriminación y violencia. Y en los EE. UU., los venezolanos que se oponen a la política intervencionista no son bienvenidos[30] bajo las lógicas detrás de las políticas preferenciales que benefician sus compatriotas en las cortes de asilo. No se puede pedir asilo en los EE. UU. dando como motivo la necesidad de escapar de la violencia imperialista de los EE. UU. en Venezuela.

Otro ejemplo importante de la implementación de políticas migratorias pro-imperialistas y de cambio de régimen es el del Estatus de Protección Temporal –TPS–. El TPS, se designa a nivel federal en casos excepcionales considerados por el gobierno estadounidense como crisis, a ciertas clases de inmigrantes de ciertos países. Estos inmigrantes, a su vez, tienen que aplicar cada cierto tiempo (depende del país y del año) para renovar su estatus, y sólo son elegibles bajo condiciones restringidas, por ejemplo, si no tienen antecedentes criminales, y si han vivido continuamente en el país que otorga el TPS desde la fecha designada por cada país de origen. El TPS, para quienes lo reciben, da permiso para quedarse y para trabajar en el país que lo otorga, siempre mientras sigue vigente la designación a nivel nacional del TPS para el país de destino y para el evento o situación particular por el cual fue designado.

El presidente Trump intentó poner fin al TPS que habían dispuesto para muchos países, incluyendo a Honduras, pero su esfuerzo quedó estancado[31] en las cortes, así que hoy día todavía está vigente el TPS para los hondureños. Pero decir esto engaña. El TPS que existe para los hondureños no está dirigido a los que huyeron del golpe ni a los que huyeron de la violencia de la dictadura actual, ni siquiera a los que huyeron de los escuadrones de la muerte implementando por las políticas importadas de Rudy Giuliani a principios del milenio. Para poder recibir el TPS como hondureño en los Estados Unidos, el solicitante tiene que haber entrado[32] al país antes del 31 de diciembre del año 1998, es decir, después del huracán Mitch.

Caso distinto es el otorgado para Venezuela el 9 de marzo del 2021, donde el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE por sus siglas en inglés) justificó esta política mediante el siguiente[33] argumento:

Actualmente Venezuela se enfrenta a una emergencia humanitaria grave.Bajo la influencia de Nicolás Maduro, el país “ha estado en medio de una crisis económica y política severa durante varios años.” La crisis de Venezuela se ha marcado por un rango amplio de factores, incluso: la contracción económica, la inflación y la hiperinflación, la pobreza encrudecida, altos niveles de desempleo, acceso reducido y escasez a alimentos y medicina, un sistema médico debilitado, el regreso o aumento de incidencia de ciertas enfermedades contagiosas, un colapso en servicios básicos; escasez de agua, electricidad, y petróleo; polarización política, tensiones institucionales y políticas, abusos de derechos humanos y represión, violencia y crimen, corrupción, un aumento en la movilidad humana y en el desplazamiento, incluyendo la migración interna, emigración, y migrantes retornados; y el impacto del COVID-19, entre otros factores.

No todo lo que se alega, dentro de la declaración de ICE sobre el otorgamiento de TPS para los venezolanos, se debe a la guerra híbrida, sin embargo, la mayor parte tiene relación con aquella. Un estudio publicado en abril de 2019 por el reconocido Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés), demuestra que las medidas coercitivas habían provocado más de 40 mil muertes excesivas en la población venezolana entre 2017 y 2018 y que habían agravado de forma radical también la morbilidad y la pobreza. Y a pesar de la guerra económica en su contra, gracias a la prioridad que el gobierno venezolano da a la salud pública, durante toda la pandemia los índices de infección y de mortalidad han sido mucho más bajos que en los países vecinos, ni hablar de los Estados Unidos. Y precisamente, ésta fue una de las razones por la cual muchos venezolanos que estaban viviendo en el exterior retornaron al país durante la pandemia. Tampoco es coherente colocar como justificación para el TPS las presuntas violaciones a derechos humanos en Venezuela, ya que con este argumento se debería haber otorgado un TPS, por ejemplo, a países vecinos como Colombia[34] y Brasil[35], donde las violaciones a los derechos humanos han sido de carácter sistemático, sin embargo ninguno de los dos ha sido designados para TPS en los EUA por esta razón). Por supuesto cuando el país que más viola los derechos humanos, incluso hacia sus propios ciudadanos[36], se sitúa como juez y salvador de países enemigos, su hipocresía no es ingenua, sino que viene siendo una herramienta ideológica para justificar su política exterior.

Cuando se analizan las bases argumentativas sobre las que se basa el otorgamiento de los TPS para ciudadanos de países considerados por el gobierno de EE. UU. como enemigos, del imperio junto al hecho de que “No” se otorga el TPS para ciudadanos de países amigos que están en plena crisis también provocada por el mismo imperio, evidencia que esta política no es más que otra estrategia que busca el cambio de régimen. Es precisamente por eso que el gobierno de Biden ha abogado tanto para que los demás países sudamericanos también otorguen el TPS a los migrantes venezolanos, a pesar de que muchos de estos mismos países sufren crisis considerablemente más graves[37] que Venezuela.

El TPS es una de las pocas formas que por el momento permite la movilidad a muchas personas, y el derecho a la movilidad, tanto como el derecho a no emigrar, que deben ser universales. Algunos emigrantes, por ejemplo, venezolanos que cuentan con recursos económicos, aun en sus momentos de crisis y sufrimiento, gozan de más opciones (y menos peligro) de movilidad comparados con sus compatriotas más humildes o con emigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica o de México. Sin embargo, los medios estadounidenses dramatizan con poca honestidad el sufrimiento de los migrantes anteriores mientras invisibilizan a los últimos, para fortalecer la lógica de las mismas políticas capitalistas procedentes de Washington que obligan a las personas a emigrar.

Para finalizar, si caemos en la lógica que distingue a los migrantes por un lado como refugiados y migrantes forzados, si vienen de países cuyos gobiernos son identificados como enemigos del imperio capitalista, y por otro lado cuando vienen de países amigos, como migrantes económicos y víctimas de culturas defectuosas en busca del sueño americano con solicitudes de asilo poco creíbles, fortalecemos la misma violencia imperialista que expulsa a todos aquellos migrantes que salen con pesadumbre de sus comunidades, por falta de opciones.

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[1] Disponible en: https://www.foxnews.com/us/border-crisis-video-migrants-crossing-rio-grande

[2] Disponible en: https://twitter.com/VenturaReport/status/1397709244032602113

[3] Disponible en: https://marketresearchtelecast.com/an-elderly-venezuelan-woman-crossing-the-rio-grande-in-the-arms-of-another-migrant-an-image-of-two-endless-crises/55967/

[4] Disponible en: https://twitter.com/aeplmrm/status/1397984807821484041

[5] Disponible en: https://www.instagram.com/p/BPd2Amuh184/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

[6] Disponible en: https://ca.embajadavenezuela.org/noticias/canada-acogera-la-proxima-conferencia-internacional-de-donantes-en-solidaridad-con-los-refugiados-y-migrantes-venezolanos/

[7] Disponible en: https://www.quixote.org/wp-content/uploads/2021/03/The-Invisible-Wall.pdf

[8] Disponible en: https://www.seattletimes.com/nation-world/u-s-will-send-mexico-surplus-vaccines-as-it-seeks-help-on-immigration-enforcement/

[9] Disponible en: https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/index.aspx?lang=spa

[10] Disponible en: https://www.alainet.org/es/articulo/209603

[11] Disponible en: https://www.jacobinmag.com/2013/04/life-and-death-in-the-worlds-homicide-capital/

[12] Disponible en: https://www.mintpressnews.com/honduras-political-prisoner-edwin-espinal-released-us-trained-police-medieval/261374/

[13] Disponible en: https://www.wsj.com/articles/honduran-president-hernandez-implicated-in-drug-trade-11610254811

[14] Disponible en: https://www.washingtonpost.com/world/the_americas/honduras-president-narcotrafficking-hernandez/2021/02/11/1fa96044-5f8c-11eb-ac8f-4ae05557196e_story.html

[15] Disponible en: https://trac.syr.edu/immigration/reports/630/

[16] Disponible en: https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/yearbook/2019/refugee_and_asylee_2019.pdf

[17] Disponible en: https://brill.com/view/journals/puan/1/1/article-p20_20.xml

[18] Disponible en: https://www.justice.gov/eoir/page/file/1248036/download

[19] Disponible en: https://tomdispatch.com/will-bidens-central-american-plan-slow-migration-or-speed-it-up/

[20] Disponible en: https://theintercept.com/2020/04/18/trump-latin-america-foreign-policy-joe-biden/

[21] Disponible en: https://www.huffpost.com/entry/hillary-clinton-needs-to_b_9680642

[22] Disponible en: https://twitter.com/adriennepine/status/1338481041502310401

[23] Disponible en: https://www.thecanary.co/global/world-analysis/2021/02/13/damning-un-report-urges-the-uk-to-unfreeze-venezuelan-gold/

[24] Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26747&LangID=E

[25] Disponible en: https://www.reuters.com/world/us/biden-will-recognize-guaido-venezuelas-leader-top-diplomat-says-2021-01-19/

[26] Disponible en: https://edition.cnn.com/2019/03/14/americas/venezuela-drone-maduro-intl/index.html

[27] Disponible en: https://www.latinorebels.com/2019/02/20/wrongkindofvenezuelan/

[28] Disponible en: https://nymag.com/intelligencer/2020/05/dumbest-aspects-of-the-mercenary-coup-plot-in-venezuela.html

[29] Disponible en: https://www.iom.int/es/news/el-perfil-de-los-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-en-america-latina-y-el-caribe-revela

[30] Disponible en: https://www.latinorebels.com/2019/02/20/wrongkindofvenezuelan/

[31] Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2020/12/09/2020-27154/continuation-of-documentation-for-beneficiaries-of-temporary-protected-status-designations-for-el

[32] Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2018/06/05/2018-12161/termination-of-the-designation-of-honduras-for-temporary-protected-status

[33] Disponible en: https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/09/2021-04951/designation-of-venezuela-for-temporary-protected-status-and-implementation-of-employment

[34] Disponible en: https://mcgovern.house.gov/uploadedfiles/colombia_2021_-_final_pdf-to_secy_blinken_-_protests-police_response_14may21.pdf

[35] Disponible en: https://news.un.org/en/story/2021/05/1091482

[36] Disponible en: https://mappingpoliceviolence.org/

[37] Disponible en: https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/22/the-colombian-protests-reflect-a-deep-legitimacy-crisis

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[i] Vine, David. 2014. “When a Country Becomes a Military Base: Blowback and Insecurity in Honduras.” En Biosecurity and Vulnerability, coordinado por Lesley Sharp y Nancy Chen, 25–44. Santa Fe, N.M: School for Advanced Research Press.

En Estados Unidos de América (EE. UU.) los crímenes de odio por discriminación racial y étnica vienen en aumento. La población de origen latino ha sido la más afectada. El discurso antiinmigrante del expresidente Donald Trump fue impulsor y corresponsable de la creciente xenofobia hacia la población migrante en general y hacia los migrantes de origen latino en particular. Sin embargo, el discurso antilatino en EE. UU. es de vieja data y se emparenta con políticas racializadas fundacionales de la nación estadounidense, que paradójicamente está conformada en su origen por migrantes.

Las primeras leyes migratorias de EE. UU. dieron prioridad a migrantes provenientes del norte de Europa. En 1790, la Ley de Naturalización otorgaba la ciudadanía estadounidense exclusivamente a las “personas blancas libres”, situación ratificada por el Congreso de ese país durante casi un siglo. Desde entonces las políticas de migración estuvieron fundamentadas por una perspectiva segregacionista, que estableció cuotas de migración “aceptable” (del norte de Europa), en detrimento de otras poblaciones. Aunado a la relación de profundo racismo hacia las poblaciones afrodescendientes e indígenas nativas, atravesada por el colonialismo y sus secuelas de esclavismo y genocidio.

En el siglo XX, la migración a EE. UU. desde América Latina se vio fomentada por programas de captación de mano de obra barata, como por ejemplo el Programa Braceros, que significó la contratación de miles de trabajadores mexicanos del sector agrícola y ferroviario, la mayoría provenientes de las regiones rurales y más pobres de la región. Este programa fue denunciado posteriormente por ser violatorio de los derechos humanos de los trabajadores migrantes que eran explotados laboralmente y hacinados en condiciones deplorables.

Actualmente viven en EE. UU. aproximadamente 12 millones de mexicanos. Un grueso de esta población se dedica, en el mayor de los casos, a diversos trabajos de servicios como limpieza, cuidados de niños, ancianos y enfermos, preparación de alimentos o vigilancia y construcción. El discurso antiinmigrante de Trump atacó con especial saña a la población mexicana, llegando a afirmar que desde México “envían violadores” o gente con “el coeficiente intelectual más bajo”, por lo que se haría necesario “proteger a nuestras familias de aquellos que buscan hacernos daño”, justificando así la construcción del multimillonario muro en la frontera de EE. UU. con México y el endurecimiento de las políticas migratorias en la frontera sur.

El nacionalismo extremista de Trump avivó la ya instalada xenofobia contra mexicanos y latinoamericanos en general, incluso contra todo aquel que hable español. En las ciudades fronterizas comenzaron a aparecer con más fuerza grupos de odio antiinmigrantes con filiaciones supremacistas y defensoras del uso de la violencia.

En agosto de 2019, en la ciudad de El Paso (Texas), un hombre blanco asesinó a mansalva a 22 personas en un supermercado Walmart, la mayoría latinos. El asesino publicó un comunicado por internet donde afirmaba su intención de combatir la “invasión hispana en Texas”. Este tipo de consignas son frecuentemente emitidas por grupos de odio filonazis cuyo principal motor es la limpieza étnica. Solo en los estados que hacen frontera con la nación azteca donde se concentra la mayor población de origen latino se han identificado más de 150 grupos de odio: California (72 grupos), Florida (68 grupos) y Texas (54 grupos),¹ en el resto del país se expresa también la existencia de grupos de odio antiinmigrantes en los estados de Arizona, Virginia, Alabama, Carolina del Norte, Colorado, Nevada, Michigan, Nueva York, Oregón, Washington, Mississippi, Colorado.²

La xenofobia en EE. UU. hacia los latinos sólo es comparable con la que sufren también las poblaciones musulmanas, víctimas de la “cruzada contra el terrorismo”, instalada desde los hechos del 11 de septiembre y azuzada por el entonces presidente George W. Bush. La violencia por xenofobia y discriminación se ha convertido en una lamentable característica de los últimos tiempos en EE. UU., tanto por parte de las fuerzas de seguridad que viene cometiendo sistemáticamente abusos policiales como el que devino en el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd y las consecuentes protestas y movilizaciones multitudinarias en todo el país, como por civiles y grupos de odio que extrañamente son permitidos sin mayores restricciones.

La proliferación de armas en el territorio nacional es parte de este flagelo social que se ha hecho habitual. Desde 1791 está vigente en EE. UU. el libre porte de armas, que según la segunda enmienda de la Constitución reza: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Por su parte, los gobiernos no parecen comprender la magnitud del problema. En diciembre de 2020 Naciones Unidas sesionó para discutir la aprobación de una resolución para “Combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, sólo Estados Unidos y Ucrania estuvieron en contra de esta resolución.³

La recién electa administración Biden-Harris ha manifestado intenciones de mejorar la situación de los migrantes, al menos así lo han expresado públicamente, pero sigue latente el temor entre las personas migrantes ya que bajo las administraciones del partido demócrata el problema se ha mantenido. Un ejemplo de ello sucedió durante la administración Obama, cuando fueron deportados más de tres millones de migrantes indocumentados, al punto de que varios líderes de la comunidad latina se refirieron a Obama como el “Deportador en Jefe”. La mayor cantidad de personas deportadas entonces eran provenientes de México, seguido por los países del Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador.

La pandemia de la COVID-19 ha profundizado situaciones de xenofobia contra la población migrante. Desde expresiones como “el virus amarillo” contra los asiáticos en general, hasta el recrudecimiento de las medidas de seguridad en las fronteras con la excusa de no “dejar entrar” el virus desde el sur (a pesar de que EE. UU. es el país con más casos de contagios y muertes). Al respecto, en diciembre de 2020, Dana Graber Ladek, Jefa de Misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México, enfatizó la necesidad de no utilizar la pandemia de la COVID-19 para azuzar la xenofobia y la importancia de velar por el cumplimiento de compromisos adquiridos en este sentido y proteger los derechos humanos de las personas migrantes.⁴

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es clara en cuanto a la importancia de la raza/etnia como un valor positivo para apalancar el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino de los migrantes, e insta enfáticamente al respeto de los derechos humanos de las personas migrantes −sea cual sea su estatus migratorio−, de refugiadas y desplazadas.

Referencias

1 Disponible en: https://www.splcenter.org/hate-map

2 Disponible en:  https://www.celag.org/cambio-de-gobierno-y-ascenso-de-la-ultraderecha-en-ee-uu/

3 Disponible en: https://www.axency.com/se-niegan-a-combatir-nazismo-discriminacion-y-xenofobia-espana-estados-unidos-y-la-mancomunidad-britanica/17/12/2020/

4 Disponible en: https://www.onu.org.mx/respetar-y-garantizar-los-derechos-de-las-personas-migrantes-en-tiempos-de-covid-19/

Según el Informe sobre las migraciones en el mundo publicado en 2020 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), México constituye “el principal corredor migratorio de país a país de todo el mundo”.¹ El territorio mexicano se ha convertido en la principal área de tránsito para migrantes de los países de Centroamérica –entre otros–, especialmente del llamado Triángulo del Norte: El Salvador, Honduras y Guatemala. Asimismo, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Centroamérica y México constituyen el mayor corredor migratorio del planeta: “quince millones de personas han seguido esta trayectoria, estimulados por las enormes brechas de productividad y salariales existentes entre los países”.²

Los migrantes indocumentados sufren todo tipo de violaciones de derechos humanos tanto en el tránsito hacia un mejor destino –si logran llegar– o en el trayecto de retorno para su deportación. La situación de “clandestinidad” les hace presa de abusos policiales que van desde hostigamiento, persecución y violencia, hasta la separación de familiares (incluso niños y niñas de sus familias) y la privación de libertad en centros de detención para inmigrantes en la frontera de Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.): las llamadas “hieleras”, celdas con temperaturas muy bajas, o las “perreras”, jaulas superpobladas. En 2019 aumentó 456 % en el número de familias detenidas en la frontera sur de EE. UU.³

En los últimos años, el fenómeno de la migración de Centroamérica al Norte se ha caracterizado por la modalidad de movilización masiva a través de “caravanas” de migrantes que se dan vía terrestre en grandes grupos y suelen convocarse mediante redes sociales. En enero de 2021 se movilizaron en caravana más de 7500 personas, en su mayoría provenientes de Honduras, quienes fueron reprimidas por las fuerzas policiales guatemaltecas. La dispersión violenta de la caravana devino en el regreso de más 3000 migrantes, principalmente a Honduras, mientras otro grupo de migrantes llegó a la zona fronteriza entre Guatemala y México. En la caravana migraban niños, de los cuales, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el 80% viajaban no acompañados.⁴

La construcción de una imagen negativa del migrante es parte del proceso de securitización de las políticas tanto internas como externas de EE. UU., que han desplegado una ingeniería de control sobre las fronteras de la mano de una narrativa que legitima el uso de mayor fuerza policial, la construcción de muros, la instalación de cámaras, la deportación, etc. Esta perspectiva de la migración no la trajo a la palestra Donald Trump, ha sido parte de una política sistemática de militarización y confección de consenso de las distintas administraciones de la Casa Blanca, que colocan al mismo nivel problemáticas como el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la migración, en un ejercicio de criminalización de los migrantes.

La presión del gobierno de EE. UU. a los países de la sub-región se ha concretado en tratados, pactos y acuerdos que obligan a los países a reforzar los mecanismos de seguridad y represión sin atender de manera bilateral los problemas estructurales que generan la migración forzada. Enunciando los acuerdos como parte de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, EE. UU. ha creado programas de financiamiento en materia de seguridad con México y los países del Triángulo Norte, que han devenido en mayores focos de muerte, detenciones y gasto fiscal que pudo invertirse en otras áreas como educación o salud. Tales son los casos de la Iniciativa Mérida y la Iniciativa Centroamericana para la seguridad Regional.

El Plan Frontera Sur, implementado por el Gobierno de México en 2014 a instancias de la administración estadounidense (presidida por Barak Obama), y como continuidad de la Iniciativa Mérida, significó la militarización de la frontera mexicana hasta Guatemala, además de la criminalización de la migración indocumentada. El Plan contempló la contratación de cuadrillas de seguridad privada, vigilancia mediante drones y cámaras instaladas en trenes y sistemas de geolocalización. Bajo este sistema, los migrantes sufrieron mayores situaciones de persecución, detención y deportación. Entre 2014 y 2015 las deportaciones aumentaron de 47,36 % a 96,61 %.

Luego de la estridente modalidad de presión de la administración Trump y el recrudecimiento de medidas antiinmigrantes, el recién electo presidente Joe Biden inauguró su administración con un claro movimiento de distanciamiento de su predecesor, declarando la suspensión de algunas de las medidas más extremas de Trump, como los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA), que permitían deportar a quienes solicitaran asilos provenientes del Triángulo Norte, o la construcción de un cinematográfico muro entre México y EE. UU. Biden es conocedor del tema, pues durante la administración Obama estuvo a cargo de la iniciativa Plan Alianza para la Prosperidad, cuyo objetivo fue organizar junto a los Gobiernos del Triángulo Norte una respuesta a la crisis migratoria de 2014, con un fuerte incremento de los mecanismos de seguridad y defensa, sin conseguir mayores logros a pesar de una inversión multimillonaria a través del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID).⁵

La migración de centroamericanos responde a un conjunto de condiciones históricas signadas por la colonización y la dominación, lo que ha generado una situación permanente de asimetrías que atraviesan todo el sistema social y económico de la sub-región. La ausencia de políticas públicas que puedan ofrecer condiciones de desarrollo y estabilidad a las familias ha sido el caldo de cultivo de la migración, aunada a la idea del “sueño americano” y la esperanza de conseguir mejores condiciones de vida ante un panorama de desigualdades, desempleo y precariedad generalizada.

La violencia se ha constituido en una de las problemáticas más acuciantes, en tanto la proliferación de armas y pandillas no se ha detenido, más bien ha venido creciendo en el contexto de la pandemia. La emergencia sanitaria ha propiciado a su vez la profundización de la pobreza y la precariedad, el confinamiento ha dificultado el trabajo informal en países cuya mayor fuerza laboral se desempeña de esta manera, a la par de la merma en la recepción de remesas y su consecuente repercusión en la economía de estos países. Otra de las causas de la migración en Centroamérica se debe al cambio climático. A finales de 2020, cientos de familias perdieron sus casas, terrenos y cultivos producto de los huracanes Eta y Iota.

En suma, la falta de perspectivas económicas, la inseguridad alimentaria y sanitaria, la violencia sistémica y los desastres naturales son las principales motivaciones de quienes se ven forzados a migrar al Norte. Los tratados, pactos y programas impulsados históricamente desde EE. UU. han beneficiado mayormente a las élites de la sub-región, sin apalancar transformaciones estructurales en el ámbito social, lo que profundiza la pobreza y la falta de alternativas para las mayorías.

El gran desafío sigue estando en la superación de la lógica de securitización que prevalece sobre las estrategias de desarrollo y solidaridad. La tendencia a responder a las crisis migratorias con mayores medidas restrictivas y de represión debe ser reorientada a la comprensión estructural de las causas de la migración forzada, así como a la asunción de la migración en general como un derecho humano que además aporta riqueza cultural y social a los países destino.

Referencias

1 Disponible en: https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf

2 Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/44649-desarrollo-migracion-desafios-oportunidades-paises-norte-centroamerica

3 Hines, Barbara. “Las políticas migratorias de Donald Trump”, en Nuso, Nº 284, noviembre-diciembre, 2019. Disponible en: https://nuso.org/articulo/las-politicas-migratorias-de-donald-trump/

4 Noticias ONU. “Niños de la caravana migrante regresan a Honduras heridos y traumatizados”, 21/01/2021. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2021/01/1486952

5 Silvina M. Romano, “¿Alianza para la Prosperidad de quién? La integración centroamericana bajo la supervisión estadounidense”, en Cartografías del sur, Nº 3, abril 2, 2016. Disponible en: http://rdd.undav.edu.ar/pdfs/pr74/pr74.pdf

Para muchas mujeres en Centroamérica migrar se ha convertido casi en una obligación más que en una opción. La violencia (intrafamiliar y callejera), la desigualdad de oportunidades de empleo y económicas en general, más las catástrofes naturales, se han transformado en problemas sociales acuciantes que afectan la vida cotidiana al punto de hacerla insostenible, a lo que se suma la pandemia de la COVID-19y las consecuencias sanitarias que ha conllevado.

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),¹ para 2019, de los 272 millones de migrantes internacionales en el mundo, 48 % fueron mujeres; una cifra que se escribe fácil pero que –para hacernos una idea– en lo concreto alcanzaría a la misma cantidad de población total de Italia y Reino Unidos juntas.

Estados Unidos de América (EE. UU.) es el principal destino de los migrantes latinoamericanos; las comunidades de centroamericanos en el país del norte son cada vez más numerosas, por lo que uno de los motivos de la migración es la anhelada reunificación familiar. Las caravanas de migrantes son el reflejo de la crónica diaria de países como Honduras, Guatemala, El Salvador (el Triángulo Norte) y de algunas regiones de México donde la violencia se ha vuelto sistemática: el fuego cruzado entre bandas, las amenazas de muerte, el reclutamiento forzoso de menores para sumarlos a estructuras delincuenciales², aunada a la desigualdad de oportunidades económicas.

En el caso de las mujeres, sobre ellas ha recaído el peso de la administración y cuidados de los hogares e hijos de quienes migran (la mayoría hombres), lo que implica la duplicación del trabajo doméstico y de cuidado, ya de por sí subordinado a la discriminación de género y a la invisibilidad dentro de las políticas de atención y remuneración tanto del Estado como del sector privado, sumado a las jornadas de trabajo remunerado que también deben ejercer para subsistir. Esto ha llevado a que cada vez sea mayor la cantidad de mujeres que migran juntos con sus hijos, e incluso mujeres jóvenes y menores de edad.

En los países de origen, muchas mujeres deciden huir del crimen organizado que se verifica especialmente en México y los países del Triángulo Norte. Los jóvenes y la infancia de sectores populares están expuestos a ser secuestrados y reclutados por pandillas que, a su vez, acosan y amenazan a madres, hermanas y demás mujeres del núcleo familiar.

En cada una de las fases del ciclo migratorio los riesgos se multiplican para las mujeres. Tanto el país de origen, como en los países de tránsito, destino y retorno, la primera carga que llevan sobre sí las mujeres es la discriminación de género y la vulnerabilización sexual, al ser objeto de violaciones, secuestros para trata de personas, extorsión e incluso asesinato.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), afirmó la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de vulneración de las mujeres en toda la ruta migratoria: “En el estudio de la migración el papel de la mujer debe analizarse desde un enfoque diferenciado, ya que está sujeta a diversas vulnerabilidades, no solo en las comunidades de origen, sino también durante los desplazamientos”.³

Al panorama de pobreza extrema se le suma la violencia intrafamiliar, cuya cifra en estos cuatro países en 2019 fue de 1.555 mujeres asesinadas.⁴ Siendo Honduras la nación con más casos de femicidios (6,2 por cada 100.000 habitantes) en Latinoamérica y México con 983 casos fatales, el segundo –después de Brasil– en el continente.

El tránsito es un estadio de incertidumbre constante para los migrantes. A las largas jornadas de caminata expuestos al sol y con poca o muy escasa hidratación, sin dormir o durmiendo a la intemperie, se suman las olas de frío que en las últimas semanas han golpeado al norte de México. Una vez en la frontera, los trámites migratorios acarrean una larga espera, además de poder ser separados de familiares (incluso hijos de sus madres) por los protocolos de seguridad impuestos por las políticas migratorias de la administración Trump, que la nueva administración Biden aunque haya anunciado reformas no ha derogado del todo, como es el caso de los centros de detención de niños migrantes que aún funcionan, por ejemplo.

Asimismo, la violencia en las zonas fronterizas entre México y EE. UU. se manifiesta tanto por la persecución y represión de los guardias fronterizos de ambos países, como por los más de 165 grupos paramilitares supremacistas blancos, que defienden el nacionalismo y se hacen llamar “Migrant Hunters”, y que, como su nombre lo indica, se dedican a “cazar” migrantes, secuestrarlos y entregarlos a las autoridades o asesinarlos a sangre fría y enterrarlos en el desierto. Una forma de evadir a estos grupos y a los guardias fronterizos es contratando a los llamados “coyotes”, otra mafia que opera en la frontera ofreciendo ser “guías” luego de cobrar considerables sumas de dinero por facilitar este tránsito, que a veces puede significar cruzar el río en bote o a pie, atravesar zonas boscosas o largos desiertos. Los coyotes suelen tener –literalmente– la vida de muchos migrantes en sus manos y en muchos casos éstos terminan conduciendo a los migrantes –sobre todo a las mujeres– a las mafias de trata de personas.

Una vez en el lugar de destino, Estados Unidos, la mayoría de las migrantes indocumentadas se dedican a ser trabajadoras domésticas, mantenimiento de casas y edificios, preparación de alimentos, limpieza, cuidado de niños, pacientes enfermos y ancianos. Al respecto, es importante tomar en cuenta el rol determinante de las mujeres en la economía y la reproducción social, pues son las mujeres quienes llevan a cabo el mayor aporte a sus países de origen a través de las remesas:

Todos los años, unos 100 millones de mujeres migrantes envían remesas a sus países. Y si bien persiste la brecha salarial de género, tienden a enviar una mayor parte de sus salarios que los hombres, además de hacerlo con más regularidad. Estas contribuciones ayudan a sostener las economías de muchos países y representan un sustento para las familias y las comunidades, algo que es especialmente importante durante las épocas de crisis.⁵

La creciente migración de mujeres, así como de niñas, niños y adolescentes no acompañados, prende las alarmas sobre la necesaria atención diferenciada de esta población doblemente vulnerabilizada, tomando en cuenta la discriminación de género arraigada y dilatada por todos los países del corredor migrante, y de los países de origen y destino.

Referencia

1 ONU. Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. Ginebra 2019, p. 12.

2 Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/historia/2021/1/5ff51e7e4/familia-huye-de-su-hogar-para-salvar-su-vida-en-centroamerica.html

3 Disponible en: https://www.cepal.org/es/discursos/evento-mujeres-territorio-migracion-paises-norte-centroamerica

4 Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio

5 Declaración de ONU Mujeres: Día Internacional del Migrante 2020. Los derechos humanos y la igualdad de género como elementos centrales de los programas y las políticas de migración. 17 de diciembre de 2020.

La migración hacia Estados Unidos es causada principalmente por la desigualdad de oportunidades y la falta de perspectivas económicas en los países de origen de quienes migran. Cada año, miles de personas parten desde México y Centroamérica huyendo de las condiciones económicas, la violencia sistemática, así como del cambio climático y sus efectos devastadores. Desde marzo de 2020, a las ya difíciles situaciones que originan la migración en la subregión, se sumó la crisis sanitaria generada por la pandemia de la (COVID-19).

Los migrantes ya de por sí se movilizan en condiciones de precariedad, vulnerabilidad e incertidumbre, y transitan largos espacios a la intemperie, sin las condiciones mínimas de alimentación y cobijo, además de estar expuestos a altísimas cuotas de estrés producto de la inseguridad de la travesía. Los cuerpos de quienes migran padecen agotamiento, desgaste y enfermedades; a ello se adiciona la alta exposición a la COVID-19.

La pandemia profundizó los flagelos comunes para las personas en situación de migración forzada. La xenofobia, discriminación y criminalización se agudizaron hacia los migrantes al ser vistos en muchas oportunidades como “portadores del virus”, lo que ha desencadenado situaciones de violencia física y simbólica tanto en los países de tránsito como en los de destino.

Paradójicamente, en la actualidad el foco más crítico en el mundo por la COVID-19 se encuentra en Estados Unidos de América (EE. UU.), puesto que es el país con las cifras más elevadas tanto en casos de contagios como de fallecimientos. En las ciudades con mayor población en EE. UU. viven grandes comunidades de centroamericanos, que en las últimas décadas han conformado familias de varias generaciones y han consolidado su arraigo. Muchas de las personas migrantes de los países del Triángulo Norte (Honduras, El Salvador y Guatemala) y de México migran con la convicción de reunirse con familiares, por lo que la pandemia de la COVID-19 no ha significado un disuasivo.

Por su parte, las políticas extremas antinmigrantes de la administración Trump llevaron a México a convertirse en una frontera-nación, en tanto la mayoría de los migrantes sin documentos se quedaron varados en tierras aztecas. Entre 2014 y 2019, EE. UU. detuvo 2.960.500 migrantes en la frontera sur, mientras que en 2019 EE. UU. retuvo a 977.509 personas y México a 298.211.¹ Durante el mes de octubre de 2020 se recibieron en México 11.336 solicitudes de refugio de hondureños y 3.103 de El Salvador, lo que equivale a un 46 % del total.

En el contexto de la pandemia, la población migrante en tránsito se mantiene mayormente expuesta, pues no sólo no es atendida en los ya abarrotados centros de salud de los países del corredor migratorio, sino que no está contemplada en los planes nacionales de vacunación. Mientras en algunos países están abriendo las fronteras para turistas vacunados, a las personas migrantes se les cierran aún más puertas. Tanto en México como en los países de Centroamérica, los migrantes sin documentos simplemente no están contemplados para acceder a los planes de vacunación, pues no cuentan con documentos en regla. Esta situación además de profundizar el estado de vulnerabilidad de la población migrantes, acentúa la discriminación a la que pueden ser objeto por supuestamente ser constantes transmisores del virus.² En México, el plan de vacunación está restringido a quienes obtengan la Clave Única de Registro de Población (CURP), un código que sólo pueden obtener ciudadanos mexicanos, residentes permanentes y temporales.

Aunque se mantengan cerradas las fronteras la necesidad de migrar es una realidad en aumento, lo que ha generado el incremento del crimen organizado que ofrece rutas y medios de transporte clandestinos para movilizar a los migrantes sin seguir ningún tipo de protocolo sanitario, exponiéndolos a toda clase de peligros. Asimismo, se han hecho cada vez más frecuentes las estafas a migrantes recluidos en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduana que son extorsionados o engañados mediante supuestos planes de pago de fianzas.

Para quienes han sido detenidos la situación se agrava tomando en cuenta la incertidumbre jurídica en la que se encuentran, pues aunque el Gobierno de Biden anunció reformas en las políticas migratorias, éstas aún no se concretan. La revisión de las solicitudes de asilo puede tardar meses, en ese lapso las personas que esperan el proceso son retornadas a territorio mexicano donde se exponen a situaciones de vulnerabilidad y discriminación. Las expulsiones de migrantes desde la frontera no dejan de sucederse pese a la pandemia, incluso en casos de personas enfermas de la COVID-19, que son expulsadas sin realizar los avisos oficiales correspondientes ni seguir los protocolos adecuados.³

Asimismo, la frontera sur de EE. UU. se mantiene cerrada y, de hecho, la actual administración del país del norte reabrió uno de los centros de detenciones para menores en la frontera de Texas. El Gobierno estadounidense afirma que será una medida temporal debido a los más de 6.000 menores sin acompañantes que han llegado a la frontera en lo que va de año.⁴ Por su parte, en una reciente entrevista,⁵ Roberta Jacobson, asistente especial del presidente Joe Biden y coordinadora para la frontera con México, afirmó que para tomar las precauciones adecuadas a la pandemia “es muy importante que la gente que no tiene una cita agendada se quede dónde está y no trate de cruzar la frontera hasta que reciba la llamada”, también aseveró que aunque se suavicen las políticas de migración de la administración anterior, en especial los Protocolos de Protección a Migrantes (PPM) o programa “Quédate en México”, la mayoría de los solicitantes de asilo “no van a calificar” para el ingreso legal.

El 22 de febrero, la página de la Embajada y Consulado de Estados Unidos en México publicó un comunicado del Agregado de Seguridad, Edgar Ramírez, donde el funcionario es explícito en cuanto al protocolo para las personas con casos abiertos del Programa Quédate en México, dice: “Que quede claro: no venga ahorita a la frontera”, e insta a los migrantes a esperar una llamada para concertar una cita.⁶

Todo apunta a que México seguirá siendo la nación-frontera o el “muro” para la migración del Triángulo Norte y otros países de Suramérica, e incluso transcontinental (especialmente desde África), que utilizan el corredor migratorio como acceso a EE. UU. Luego de la represión y dispersión de la caravana de migrantes en Guatemala, ha proliferado la llamada “migración hormiga”, grupos pequeños de migrantes que buscan sortear la vigilancia y la represión de las fuerzas policiales, lo que no los exime de lidiar con el crimen organizado en torno a la trata de personas, la extorsión y la estafa, así como a la exposición y falta de atención en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Referencias

1 Disponible en: https://www.anahuac.mx/mexico/noticias/Migracion-y-COVID-19

2 Disponible en: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/02/mexico-registro-vacunacion-excluye-importantes-sectores-poblacion/

3 Disponible en: https://sinfronteras.org.mx/osc-presentan-informe-sobre-las-graves-afectaciones-del-covid-19-en-poblacion-migrante-y-refugiada-en-mexico/

4 Disponible en: https://www.voanoticias.com/estadosunidos/eeuu-abre-centro-menores-no-acompanados-llegan-frontera

5 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56093388

6 Disponible en: https://mx.usembassy.gov/es/si-eres-migrante-y-tienes-caso-pendiente-bajo-el-protocolo-mpp-no-vengas-ahora-a-la-frontera/