Es difícil calcular cuántas organizaciones no gubernamentales de asistencia a los migrantes existen en el mundo. Según la Coalición Internacional contra la Detención (IDC por sus siglas en inglés), sólo en su red global se encuentran asociadas y trabajando unas 400 instituciones independientes, académicas, religiosas, profesionales y personales, las cuales operan en más de 100 países. Lo cierto es que, a nivel planetario, son muchísimas más y su trabajo es reconocido por sus evidentes aportes a la investigación, el seguimiento, la asistencia directa, la asesoría legal, el acompañamiento en los procesos de adaptación, la capacitación y, particularmente, el rescate ante situaciones peligrosas de cientos de miles de migrantes. Sin embargo, estas ONG son peligrosamente señaladas, perseguidas, acosadas, en fin, criminalizadas, sobre todo en aquellos países donde la migración es calificada como una amenaza a su soberanía y seguridad.

La criminalización ante el fenómeno de la movilidad humana no es nada nuevo. Desde siempre se ha utilizado la figura de los migrantes para justificar políticas más duras y radicales, pero últimamente el ataque se ha dirigido también contra las organizaciones que los asisten. Este hecho, como ya se ha advertido, durante los últimos años acontece en los principales países receptores de migración y donde precisamente se registra una cantidad nada despreciable de denuncias en contra de las operaciones que cientos de ONG llevan a cabo con el único objetivo de garantizar los derechos fundamentales de los migrantes.

La situación se hace más evidente en Europa y Estados Unidos. En la primera región por la altísima y permanente movilidad que se registra desde el norte de África a través del mar Mediterráneo, fundamentalmente, hacia Italia, España y Grecia. Y en los EEUU, por supuesto, en su frontera sur con México. En esas dos áreas también se concentran la mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos en materia de migración y donde se calcula el mayor índice de muertes. Entre los años 2014 y 2019, de las 33.400 desapariciones de migrantes en todo el mundo, 18.500 se suscitaron en el mar Mediterráneo, lo que representó más del 55% del total, según datos de la Organización Mundial de Migraciones (OIM) reportados por el Portal de Datos Mundiales sobre la Migración en un informe de mayo de 2021. El mismo reporte indica que de las 3.400 muertes registradas en el continente americano en el mismo período, el 60% ocurrieron en la frontera entre EEUU y México.

¿Qué es la criminalización? Caso Europa

La criminalización es un proceso complejo mediante el cual se busca construir en la imaginario colectivo una representación errónea o distorsionada de lo que antes era lícito, justo y necesario, para convertirlo en algo ilícito, rechazado socialmente y penalizado jurídicamente.

Para la ONG Protection Internacional, la criminalización busca obstaculizar la labor de las personas que luchan por la defensa de los derechos humanos y es un proceso que se da en dos etapas.

La primera fase se apoya en la formulación de leyes y marcos normativos orientados a restringir la acción de las organizaciones, tanto de ONG como grupos de solidaridad. La segunda etapa integra la participación de diversos actores, tanto públicos como privados, a través de diversos canales y soportes, principalmente medios de comunicación y, más recientemente, redes sociales.

La estrategia más utilizada es comparar o relacionar la labor de las ONG y de los grupos de solidaridad con las actividades del crimen organizado que opera alrededor de la actividad migratoria, como la trata y el tráfico de personas.

Para la red de ayuda humanitaria católica Caritas Europa, no sólo se trata de acciones judiciales contra las ONG sino también y fundamentalmente alentar su desprestigio para justificar ante la opinión pública -tanto de los países receptores como a nivel regional y global- acciones radicales, políticas más estrictas y el endurecimiento de medidas jurídicas contra los migrantes.

“Se ha normalizado una tendencia a poner obstáculos, demonizar, estigmatizar y criminalizar la asistencia humanitaria a los migrantes en toda Europa, creando un efecto escalofriante que resulta en desalentar la solidaridad. Nos referimos ampliamente a este fenómeno como la «criminalización» de la solidaridad, ya que se extiende más allá de las meras acciones judiciales”, indica una misiva publicada por la organización en junio de 2019.

A juicio de Caritas Europa, se ha fomentado “una narrativa tóxica” sobre la migración para afectar directamente la solidaridad internacional y el trabajo de cientos de ONG de la región, en momentos que se hace más imperativa su labor dada la escasez de vías legales para ingresar a países europeos, el aumento de la seguridad fronteriza y el incremento de travesías marítimas cada vez más peligrosas, factores que han impulsado el tráfico ilegal de seres humanos y la urgencia de medidas de protección ante acciones estatales que atentan los derechos de las personas migrantes, las fallas en el funcionamiento del sistema de asilo y la evidente falta de solidaridad entre los Estados de la Unión Europea (UE).

De hecho, entre 2015 y 2018, el número de casos judiciales contra ONG y personas particulares criminalizadas por actividades humanitarias en Europa se multiplicó por diez (de 10 a 104 casos), según un informe de junio de 2019 preparado por la Plataforma de Redes de Investigación Social sobre Migración y Asilo (ReSOMA), publicado en el portal de la Fundación Cepaim (Consorcio de Entidades para la Acción Integral con Migrantes). En el mismo se señala que el principal objetivo de estas acciones es restringir la acción de voluntarios, activistas, ONG, personal de barcos de rescate, familiares, periodistas, alcaldes y religiosos que trabajan en la asistencia directa de migrantes en situación de peligro.

Para Cepaim, la fiscalización de la solidaridad como producto de su criminalización, “deriva en sospecha, intimidación, acoso y vigilancia”, con nefastas consecuencias para el Estado de Derecho, la responsabilidad democrática, la cohesión social, la libertad de asociación y los derechos fundamentales en general, además de distraer al público de los problemas reales derivados de las políticas erráticas de asilo y migración de la UE.

El crimen de salvar vidas

El otro frente de criminalización de los grupos de solidaridad y asistencia a los migrantes en Europa, especialmente en la región del Mediterráneo central y especialmente contra las ONG de rescate y salvamento, es el supuesto fomento de dichas organizaciones a la migración masiva hacia Europa por su presunta y no comprobada vinculación con los grupos criminales que giran alrededor del negocio de trata y tráfico de personas.

2019 fue un año particularmente significativo en lo que respecta a la criminalización de los grupos de solidaridad que asisten a los cientos de migrantes que diariamente arriesgan su vida cruzando el Mediterráneo en condiciones de peligrosidad. A mediados de ese año, autoridades italianas arrestaron a la capitana de la embarcación de rescate alemán Sea Watch 3, Carola Rackete, lo cual tuvo una repercusión tremenda en los medios de comunicación europeos, pues hizo evidente no sólo la postura italiana sobre la solidaridad internacional a los migrantes, sino también la dirección que entonces estaba tomando Europa en general sobre el tema.

Matteo Salvini, entonces ministro del Interior del gobierno italiano y líder de la ultraderecha de su país, meses antes de la detención de Rackete, prohibió a los barcos de salvamento marítimo atracar en los puertos italianos, por lo que la acción contra el Sea Watch 3 fue tan sólo una acción más de su dura gestión contra la migración y las ONG que rescatan a movilizados en situación de peligro.

Salvini calificó las tareas de Rackete como “un acto criminal y un acto de guerra” para justificar su detención. En una nota del diario El País de España se reconoció la dureza del funcionario y las reacciones de voceros gubernamentales de otros países de la UE.

“Las palabras y formas de Salvini ruborizan a media Europa. El mismo presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que cualquiera que salve vidas humanas no puede ser considerado criminal. Y Francia denunció la «estrategia de histeria» del ministro Salvini”, indica el reporte. No obstante, en el texto también se reconoce el doble rasero de países europeos sobre el tema, al señalar como un delito la acción de las ONG.

“Más allá de las palabras de unos y otros, en la práctica hace tiempo que la Unión Europea y sus Estados miembros reman en la misma dirección. En su lucha contra los traficantes, el espacio para la solidaridad se ha visto progresivamente reducido, si no criminalizado. A nivel legislativo, según la Directiva 2002/90/CE, el delito de tráfico consiste en «asistir a inmigrantes irregulares a entrar o permanecer en el territorio de un Estado miembro»”. Es decir, equiparan abiertamente la acción de las ONG de “asistir a los migrantes” con el proceder de organizaciones criminales con fines distintos al rescate o defensa de su derecho a la vida.

Sin embargo, datos concretos desmienten, tanto el presunto impulso de las ONG a la migración ilegal y su vinculación al número de muertes, como su relación directa o indirecta con el crimen organizado.

Según un informe del diario español El Mundo, basado en datos de la Organización Mundial de Migraciones (OIM), en 2019 las mafias de tráfico de personas “lanzaron al mar embarcaciones llenas de inmigrantes desde las playas libias independientemente de que hubiera barcos de ONG”.

“Desde el 1º de enero al 20 de agosto, según datos de la OIM, 7.531 inmigrantes se embarcaron de las playas libias sin embarcaciones de ONG en el mar, mientras que tan sólo 1.961 personas salieron de esas mismas playas cuando había al menos uno de estos barcos en aguas internacionales frente a esas mismas costas de Libia. Es decir, que la gran mayoría de inmigrantes a fueron embarcados por las mafias cuando no había ningún «taxi» en el mar, según la terminología de Salvini. Estas pateras fueron devueltas a tierra por la guardia costera libia o se hundieron o, las menos, llegaron a Lampedusa o Malta por sus propios medios”, indica la nota.

Es decir, la presencia de las ONG de rescate y salvamento no sólo reduce el número de muertes de migrantes sino también el tráfico ilegal de personas desde las costas de África hacia Europa.

Aún queda muchas metas por alcanzar para detener la criminalización de la solidaridad con los migrantes. Por ahora, las ONG y los grupos de rescate del Mediterráneo respiran con cierto alivio luego del anuncio, en abril de 2021, del inicio de un juicio penal por cargos de secuestro e incumplimiento del deber contra el ultraderechista y ex ministro italiano Matteo Salvini, por otra de sus acciones anti-migración más sonadas de 2019: la retención de un barco de la organización española Open Arms cargado de migrantes, al cual se le impidió que atracara en un puerto de Italia, por lo que debieron permanecer en el mar durante varios días.

Hablar de movilidad humana es hablar de historias de cambio, transformación, huida, rescate, encuentros y desencuentros. Asimismo, acercarse a la información que se genera sobre las permanentes corrientes migratorias en todo el planeta es encontrarse con estadísticas que mueven el alma, disparan alarmas y develan una realidad descarnada: la muerte de centenares de migrantes en su intento por encontrar una nueva vida.

Más allá del pasado conflictivo entre cristianos y musulmanes, así como la más reciente experiencia colonialista, en la actualidad, la relación entre Europa y el Islam se nutre de los conflictos entablados entre los países de mayoría musulmana con potencias occidentales durante la segunda mitad del siglo XX, en primer lugar. Luego, tenemos el fenómeno de las migraciones que se originan en tales países y que tienen a Europa como uno de sus principales destinos migratorios, así como la creciente estigmatización, a partir de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, de personas musulmanas, o personas provenientes de países de mayoría musulmana sin que necesariamente sean practicantes de dicha religión.

El capítulo actual de la islamofobia en Europa se aceleró sustancialmente con la crisis de refugiados que se produjo a partir de 2015, como consecuencia del recrudecimiento de la guerra civil en Siria, conflicto irónicamente acicateado por países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y que para entonces se intensificaba con la expansión del así denominado Estado Islámico.

En paralelo, los atentados terroristas que tuvieron lugar en París también en el año 2015, uno en el teatro Bataclan y otro en la sede del semanario humorístico Charlie Hebdo, así como otros tantos episodios de esta naturaleza que se han registrado en diversos países de la Unión Europea durante las últimas dos décadas, no han hecho sino reforzar la identificación de la población musulmana con el terrorismo. El paso siguiente es la identificación de esta misma gente con la inmigración, ello a pesar de que una parte significativa de los musulmanes europeos ya nacieron en ese continente.

Lo más preocupante es que todo este proceso viene aparejado con el fortalecimiento de la popularidad de partidos y movimientos de extrema derecha en países de todo el mundo occidental, incluyendo países europeos del norte, del sur y del este. Numerosos son los grupos de extrema derecha en toda Europa que coinciden en su rechazo a personas inmigrantes de religión islámica, tales como Movimiento Identitario y Generación Identidad, entre otros grupos, y que suelen expandirse a diversos países de la región.

Asimismo, se observa con preocupación el surgimiento y fortalecimiento de partidos políticos con acceso a espacios de poder, tales como Alternative für Deutschland en Alemania, Vox en España, Rassemblement National en Francia, la Lega en Italia, etc.

El caso de Vox es muy transparente al identificar Islam con terrorismo. En la reciente campaña electoral de Cataluña de 2021, el partido publicó un video en el que se suceden imágenes de construcción de mezquitas y clases de religión islámica en las escuelas con imágenes del atentado de agosto de 2017 acaecido en las ramblas de Barcelona. Así se transmite la plena identificación entre religión, infancia y conducta criminal que busca alarmar a la población y predisponerla en contra de un grupo humano en particular¹.

Más preocupante es cuando los partidos políticos extremistas e islamofóbicos llegan efectivamente a formar gobiernos, e impulsan sus agendas de reformas. Viktor Orban en Hungría es uno de estos casos. Su gobierno no tuvo problemas en expulsar a personas refugiadas provenientes de Siria, y de penalizar con cárcel a toda persona que ayudara a personas indocumentadas a solicitar asilo. En relación con las personas refugiadas provenientes de países de mayoría musulmana, fueron consideradas desde el Ejecutivo como invasoras, y reclaman el derecho como país de negarse a recibir musulmanes.

Ahora bien, expresiones compatibles con la islamofobia, a veces camufladas de políticas de seguridad, no son exclusivas de movimientos de extrema derecha. Muy por el contrario, partidos considerados democráticos ciertamente han tomado acciones para tratar de contener o controlar la vida cotidiana de comunidades islámicas, donde hacen vida personas inmigrantes.

El control, supervisión y cierre de mezquitas no se consideran acciones escandalosas cuando son tomadas por gobiernos de partidos indiscutiblemente democráticos, a pesar de que ello podría suponer una clara violación al derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión, establecido en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un caso reciente de cierre de mezquitas se produjo en Francia a raíz del asesinato del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, pero ya desde 2015 se han cerrado unas treinta mezquitas². Sobre estas acciones, siempre surge la interrogante acerca de si este tipo de castigos colectivos son adecuados y justos, o si se trata de simples represalias incompatibles con el Estado de derecho.

Especialmente sintomática de una relación conflictiva con el Islam en Europa es la prohibición del velo integral, con diversos niveles de severidad, en una decena de países del continente, pero encabezados por Francia y Bélgica que impusieron sus respectivas legislaciones al respecto desde el año 2010. Asimismo, tenemos la prohibición de portar símbolos religiosos en ciertos espacios públicos que, si bien afectan a practicantes de cualquier religión, fue motivada específicamente por la agenda política orientada a controlar la conducta de los miembros de las comunidades islámicas.

Más recientemente, la discusión sobre el separatismo islámico en Francia pone de relieve una potencial fuente de discordia entre grupos sociales pertenecientes a un mismo cuerpo nacional, en donde la profesión de fe musulmana, presente en cerca de seis millones de personas en ese país, está íntimamente relacionada con la inmigración, así como con las dificultades reales para su integración social. La lucha contra el separatismo islámico, promovida por el presidente Macron, encuentra resistencias entre voceros de la comunidad musulmana. De tal suerte que el gobierno francés ha venido promoviendo regulaciones para ejercer un control estricto sobre el financiamiento de las mezquitas, así como una mayor vigilancia de las organizaciones deportivas o culturales de las comunidades musulmanas, lo cual no parece indicar que exista una convivencia armoniosa. También es cierto que el propio presidente Macron reconoce una cuota de responsabilidad del Estado en el aislamiento de ciertas comunidades³.

Específicamente, en relación con la estigmatización de los musulmanes, llama la atención que, a menudo, miembros de las comunidades islámicas residentes o ciudadanos de países europeos se ven impelidos a pedir disculpas por los crímenes cometidos por sus correligionarios terroristas, siendo que se supone que las responsabilidades penales son individuales. Este tratamiento no se suele aplicar a terroristas cuando estos profesan alguna variante de cristianismo, y cuyos ataques también se han venido registrando en años recientes.

En buena medida, lo que aquí se refleja es una relación incómoda entre Europa y las personas musulmanas, sean migrantes o no, pero dicho debate tiene consecuencias en la recepción de nuevos migrantes o refugiados provenientes de países de mayoría musulmana.

Esta situación conflictiva no está al borde de una solución en el corto plazo. En buena medida, las dificultades para la integración de la población inmigrantes, sea cual sea su origen, podría estar en la base de esta situación. En el fondo, de lo que se trata es de la plena vigencia de los derechos humanos para todas las personas, y más específicamente de garantizar el goce de derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades inmigrantes en la Unión Europea.

Por último, convendría hacer un tratamiento más ponderado de las acciones terroristas, aclarando en todo momento que se trata de la responsabilidad de individuos que deben ser juzgados y condenados con arreglo a las normas, tal y como se suele tratar las manifestaciones de terrorismo provenientes de otros grupos sociales o de otras orientaciones políticas, y evitar estigmatizar a comunidades completas que por lo general cumplen la ley de los países en los que hacen vida.

Referencias

1 El País. “Twitter bloquea la cuenta de Vox por ‘incitar al odio’ contra los musulmanes”, 2021. Disponible en: https://elpais.com/espana/2021-01-28/twitter-cierra-la-cuenta-de-vox-por-incitar-al-odio-contra-los-musulmanes.html

2 El País. “Francia pone las mezquitas bajo la lupa”, 2020. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2020-10-24/francia-pone-las-mezquitas-bajo-la-lupa.html

3 BBC Mundo. “Decapitación en Francia: qué es el «separatismo islamista», el término en el centro del debate tras el asesinato del profesor Samuel Paty”, 2020. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-54621839

Observar la movilidad humana hacia Europa supone hacer el ejercicio de ver el cuadro general, y luego acercar el foco hacia realidades muy particulares y las dinámicas muy concretas que afectan el día a día. En primer lugar, Europa, y en especial su parte occidental, se ha convertido en un destino migratorio privilegiado del mundo desde mediados del siglo XX, una vez superada la crisis de la postguerra. Más recientemente, los países del sur de Europa también se han convertido en destinos migratorios, así como los lugares de tránsito obligatorio para quienes se desplazan desde África y también desde el Oriente Próximo, Asia Central y Oriental hacia las economías más avanzadas del norte del continente.

Más allá de cómo las diferentes oleadas de migración han podido llegar a Europa, asentarse e integrarse en las comunidades de acogida, preocupa, sobre todo, en qué medida las crecientes restricciones y controles para el ingreso a los países europeos incrementan los riesgos del desplazamiento migratorio a niveles que ponen en riesgo los derechos humanos de los migrantes, con una intención disuasoria de resultados discutibles. Este exceso de restricciones y controles pudiera estar obligando a cada vez más gente a atravesar el mar Mediterráneo en frágiles embarcaciones, cruzar las carreteras europeas en camiones no aptos para el traslado de personas, e incluso abordar contenedores de mercancías, en todos los casos, corriendo grandes riesgos.

Dentro del drama de la movilidad humana en Europa destaca la situación de los refugiados, y las políticas migratorias de la Unión Europea. Una buena parte de las personas que ingresan a Europa buscando refugio lo hacen huyendo de situaciones que han sido acicateadas o directamente provocadas por intervenciones militares de países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Tales son los casos de Libia, Siria, Irak y Afganistán, así como otras situaciones políticas complejas.

Si bien es cierto que la mayoría de los países de la Unión Europea han aceptado la puesta en marcha de un mecanismo de cuotas de personas refugiadas, el bloqueo de esta política que han mantenido gobiernos de países como Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, no hacen sino agravar la situación de las personas que quedan confinadas en campos de refugiados que no cuentan con las condiciones mínimas para llevar la existencia con dignidad y respeto por los derechos humanos, particularmente en Grecia.

Asimismo, la pandemia de la COVID-19 no vino sino a agravar la situación de las personas refugiadas y migrantes en varios sentidos. Por una parte, muchos refugios se convirtieron en centros para la propagación del virus, las personas refugiadas y migrantes han sido estigmatizadas como portadoras de la enfermedad y, por si fuera poco, las medidas de confinamiento, así como su impacto económico, han supuesto una merma en la recepción de remesas en los países de origen migratorio, lo cual pudo haber impulsado a muchas personas de aquellas naciones a tomar el camino hacia Europa a finales de 2020, como lo sugiere la reciente crisis de migrantes en las islas Canarias.

Las restricciones adoptadas para contener la pandemia también supusieron el cierre de puertos, motivo por el cual muchas embarcaciones de rescate de migrantes fletadas por distintas ONG europeas se han visto obligadas a esperar semanas para ser aceptadas en algún puerto mediterráneo, con todo lo que ello entraña en materia de suministros, agotamiento, conflictos entre las personas rescatadas, etc.

Otro acuciante problema es el de las personas que se pueden considerar migrantes climáticos, o bien, aquellas que abandonan sus hogares al constatar que el cambio climático no les permite seguir con sus actividades económicas tradicionales, particularmente agrícolas, y que se ven obligadas a buscar su sustento en economías en mejor situación, pero que también suelen ser los países que más contribuyen con el propio cambio climático, debido a sus elevados niveles de consumo de energía y recursos de todo tipo.

Un aspecto especialmente preocupante de las migraciones en general, y las que se dirigen a Europa en particular, es el desconocimiento que tenemos del verdadero número de migrantes cuyos desplazamientos no son detectados por las autoridades, y que posiblemente caigan en manos de mafias que ponen en marcha procesos signados por la explotación, la violencia y el abuso, con las violaciones de los derechos humanos que todo ello supone. Actualmente se asume que unas 110 mil personas cruzan el mar Mediterráneo cada año para llegar a las costas de la Unión Europea, al menos hasta el año 2019, pero desconocemos cuántas pasan sin ser cuantificadas.

La Organización Mundial para las Migraciones ha denunciado el uso de la violencia y prácticas como las expulsiones masivas que son violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos. Si bien no aluden a ningún país en particular, muchas denuncias apuntan a la grave situación que se ha venido registrando en la ruta balcánica.

Asimismo, se ha denunciado que ciertos países establecen mecanismos sutiles para evitar acoger refugiados y migrantes de países de mayoría musulmana, lo cual no puede ser sino calificado como una política discriminatoria por razones de religión u origen nacional.

Una situación especialmente dramática, que debe apelar a las conciencias de los gobernantes europeos, es el tipo de acuerdos, incluido el financiamiento, a las autoridades libias para contener la migración a través del mar Mediterráneo. Como los han venido denunciando los voluntarios de los barcos de salvamento de las ONG que operan en el área, devolver refugiados a un país en guerra es una violación del derecho internacional marítimo, y resulta completamente inaceptable desde el punto de vista humanitario. Las condiciones en las que sobreviven migrantes y refugiados en Libia son completamente inaceptables para los países democráticos. Sin embargo, se consienten las violaciones de los derechos humanos como el precio que hay que pagar para evitar migraciones ilegales hacia Europa.

A pesar de todo este cuadro, también hay espacio para el optimismo. Numerosas organizaciones no gubernamentales hacen grandes esfuerzos por rescatar a migrantes en alta mar, las poblaciones de muchos países están conscientes de la necesidad de prestar ayuda a quienes llegan a sus países, y con frecuencia los sistemas de justicia toman decisiones en favor de los migrantes, teniendo en cuenta sus derechos fundamentales. En el marco de la pandemia, algunos países han optado por tomar medidas en favor de los migrantes ilegales, tales como suspender las deportaciones, o decretar permisos generales de forma temporal. También es cierto que estas medidas se han adoptado en el marco de una creciente preocupación por la posible escasez de trabajadores extranjeros para toda suerte de empleos, pero en particular para aquellos considerados esenciales.

Así tenemos que los retos en materia de migración y refugio en Europa son numerosos, y exigen un abordaje consensuado, coherente, basado en el derecho internacional humanitario y en los derechos humanos, pero sobre todo de un compromiso de las instituciones, de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general en favor de la solidaridad y en la asistencia humanitaria.

Un contexto general

La Unión Europea, junto con los Estados Unidos de América y otros países occidentales se han convertido en destinos migratorios para una buena parte de las personas que deciden migrar en busca de mejores condiciones de vida. Las mujeres representan, en este sentido, un poco más de la mitad de las más de 80 millones de personas que se desplazan hacia países europeos, ello de acuerdo con los datos emanados del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que solo alrededor de 30 millones de personas se dirigían específicamente a países de la Unión Europea, y a su vez provenían de países extracomunitarios. De manera que tenemos una gran proporción de personas, incluso mujeres, que migran de forma legal y segura. Por lo que es de lamentar que este no sea el caso de todas las mujeres que migran.

Si bien las migraciones hacia la Unión Europea han sido fundamentalmente masculinas, a partir de los años 70 comenzaron a feminizarse. Ya para los años 90, se observa que las mujeres migran cada vez más de forma independiente y con un proyecto migratorio propio, y no como parte de solicitudes de reunificación familiar^1.

A pesar de que las mujeres extranjeras se incorporaron al mercado laboral desde las primeras olas migratorias de postguerra, hasta la actualidad persiste una representación de las mujeres inmigrantes como de baja cualificación, y dedicadas a labores del hogar, cuando la realidad suele ser muy distinta. En países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económicos (OCDE), las mujeres inmigrantes con títulos universitarios representan solo tres puntos porcentuales menos que los hombres inmigrantes. Inclusive, en algunos países, la proporción de mujeres migrantes con títulos universitarios es mayor que la de las mujeres autóctonas².

Riesgos del desplazamiento migratorio

Si bien se sabe que una buena parte de las migraciones de mujeres a la Unión Europea son gestionadas, conducidas legalmente, y a menudo fomentadas por los propios países receptores, otras mujeres ingresan de forma ilegal, asumiendo enormes riesgos para sus vidas y su integridad personal.

Conforme las políticas de control migratorio se hacen más estrictas, los riesgos del desplazamiento de quienes ingresan de forma ilegal se incrementan enormemente. Recordemos que quienes se desplazan hacia la Unión Europea de esta manera, lo deben hacer atravesando geografías muy complejas. Bien que se trate del cruce del mar Mediterráneo, o bien, de rutas por tierra afectadas por los recientes conflictos de Oriente Próximo y del Norte de África, cualquier persona corre grandes riesgos para llegar a su destino, incluso más si se trata de mujeres. Resulta especialmente preocupante la ruta del Mediterráneo Central que implica un paso a través de Libia, un país actualmente sumido en un conflicto bélico, en donde las personas que migran a menudo son esclavizadas, y usadas como monedas de curso legal, como se ha venido denunciando durante los últimos años.

En el caso particular de las mujeres, se sabe que muchas de ellas terminan siendo víctimas de redes de trata de personas, por lo que su arribo a territorio europeo puede ser el inicio de una experiencia de esclavización, en este caso de índole sexual, situación de la que difícilmente se pueden escapar, al menos en el corto plazo. Se sabe que, en la Unión Europea, el 71 % de las víctimas de trata son mujeres. Asimismo, la forma más común de trata de mujeres es la prostitución, el 66 % según algunas fuentes, seguida por la explotación laboral³.

Inserción laboral de las mujeres

Las mujeres migrantes suelen ser las que tienen más dificultades para conseguir un empleo formal en los países de la Unión Europea, lo cual las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad en comparación con los hombres migrantes y con cualquier otra categoría de personas. Además, la crisis generada por la COVID-19 se ha manifestado con mayor fuerza en mujeres inmigrantes. Se sabe que la tasa de paro de este colectivo en España duplica a la de las trabajadoras autóctonas. De acuerdo con la encuesta de Población Activa, el 2020 cerró con una tasa de paro del 29,4 % de las mujeres extranjeras o con doble nacionalidad, que por lo general se desempeñaban en el sector de servicios. Ello quiere decir que aproximadamente la mitad de las mujeres inmigrantes en España perdieron sus empleos. Se debe tener en cuenta que las trabajadoras autóctonas en ese país quedaron con una tasa de paro del 15,7 % en el mismo estudio⁴.

Sin embargo, la situación crítica generada por el coronavirus no vino sino a reforzar una tendencia anterior: las mujeres migrantes y refugiadas tienen muchos más problemas para conseguir un empleo en Europa, según un estudio realizado en España, Italia, Austria y Grecia en 2019⁵.

En el caso de Francia, para el año 2017 había 7,9 millones de inmigrantes, y las mujeres representaban el 51,8 % del total. Si bien esta situación de mayoría femenina se observaba al menos desde 2008, no fue sino hasta 2014 que se tomaron medidas para favorecer el empleo femenino en ese país. Sin embargo, se ha dicho que las limitaciones para mejorar la inserción laboral de mujeres radican en el dominio de la lengua, los modos de acceso al empleo y la exposición a distintas formas de violencia⁶.

La situación es algo mejor para aquellas mujeres que ingresan a territorio europeo por la vía de la reunificación familiar. Aunque no están exentas de sufrir de exclusión social y discriminación, al menos pueden refugiarse en las redes familiares y comunitarias previamente constituidas, las cuales parecen haber sido claves para sobrellevar las dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-19.

En relación con la migración de mujeres, se debe señalar que las situaciones anteriormente descritas contrastan con las condiciones que tienen las mujeres de los países comunitarios para migrar a otros países igualmente pertenecientes al bloque. En estos casos, las migraciones de mujeres resultan seguras y probablemente más provechosas en términos de inclusión social, desarrollo personal y en el goce pleno de los derechos humanos. Un asunto que otorga muchas ventajas a las mujeres provenientes de países del bloque es la facilidad para el reconocimiento de títulos académicos, mientras que las mujeres migrantes se enfrentan al no reconocimiento de sus títulos, por lo que deben ocupar puestos por debajo de sus capacidades⁷, o bien, ocupar puestos acordes con sus capacidades, pero con menores remuneraciones.

Las mujeres dejadas atrás

Conforme los desplazamientos migratorios son más prolongados y costosos, y la inclusión laboral de inmigrantes es más cuesta arriba, las mujeres que quedan atrás deben esperar mucho más tiempo para recibir la anhelada ayuda por vía de remesas familiares. Ciertamente, se conoce de numerosas experiencias de personas, incluso mujeres, que llegan al país de destino migratorio pasados varios años. Esta situación es común a las personas que se trasladan desde África, así como las que provienen desde distintas regiones de Asia, desde Oriente Próximo, hasta el Sureste Asiático. Otros tienen menos suerte, y no logran llegar con vida a sus destinos.

En cualquier caso, ello supone que los familiares que quedan en los países de origen, a menudo mujeres, tienen pocas o ninguna posibilidad de recibir alguna ayuda de parte de sus familiares migrantes por vía de remesas, lo que se suma al hecho de que ya no están cerca para ayudar de cualquier otra forma.

De manera que los obstáculos ejercidos sobre la inmigración ilegal incrementan también las dificultades de familiares en los países de origen, fundamentalmente mujeres, adultos mayores, niños y niñas. Mientras tales dificultades se prolonguen en el tiempo, una vez que adquieran la edad suficiente, es probable que otros jóvenes intenten emprender el desplazamiento migratorio, reproduciendo la dinámica de la inmigración irregular en Europa.

Referencia

1 Disponible en: https://epale.ec.europa.eu/es/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france

2 Disponible en: https://www.socialwatch.org/es/node/11612

3 Disponible en: https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200322/ineficaz-lucha-trafico-mujeres-7897673

4 y 5 Disponible en: https://www.lavanguardia.com/economia/20210214/6246258/trabajadoras-inmigrantes-perdedoras-crisis-covid-coronavirus.html

6 Disponible en: https://epale.ec.europa.eu/es/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france

7 Disponible en: https://epale.ec.europa.eu/es/blog/linsertion-professionnelle-des-femmes-migrantes-en-france

Coronavirus, trabajo y migración

La pandemia de la COVID-19 ha generado una serie de consecuencias tanto en los flujos migratorios hacia Europa, como en el tratamiento que los inmigrantes han recibido en razón de la aplicación de las medidas de confinamiento, la pérdida de empleos derivada de la contracción económica de 2020 y, más recientemente, a su inclusión de en los planes de vacunación de cada país perteneciente a la Unión Europea.

La contracción económica en sí misma es un factor expulsor de migración, que se puede percibir en las economías europeas. El Reino Unido, por ejemplo, tiene alrededor de 1,7 millones de personas en paro. Recientemente, se evidenció que la población británica está experimentando una caída de su población, muy relacionada con el éxodo que la pandemia ha generado en la ciudad de Londres. Se sabe que al menos 1,3 millones de personas han abandonado el país entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, de acuerdo con datos del Centro de Excelencia de Estadística Económica. Solo Londres ha perdido unos 700 mil habitantes que tienen en común el haber nacido en el extranjero¹. En este caso, se debe tener en cuenta que en estas cifras se incluyen inmigrantes desde países de la Unión Europea y desde países extracomunitarios.

Como ha ocurrido también en países como España, las personas migrantes suelen ser más vulnerables a la pérdida de empleo, debido al tipo de labores que suelen realizar, a menudo en el sector de servicios, lo cual ha generado algunos temores por la escasez de fuerza de trabajo.

Por otra parte, las medidas de confinamiento suponen todo un reto para las personas migrantes en situaciones irregulares. Los confinamientos estrictos implicaban permanecer sin acceso a recursos para la adquisición de alimentos. Esta carencia fue solventada con ayudas gubernamentales para todas las poblaciones, salvo aquellos grupos de personas que permanecían en la irregularidad. En el caso de España, se dispuso que el sistema de acogida de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo mantuvieran los programas de ayudas económicas, e incluso se flexibilizó el protocolo que exigía la presentación de determinados documentos, mientras durase el estado de alarma. Sin embargo, estas medidas no contemplaban ningún tipo de disposición en favor de migrantes ilegales sin interacción con el sistema de acogida, razón por la cual los mecanismos de solidaridad entre inmigrantes y las ayudas de organizaciones no gubernamentales han sido fundamentales².

Inmigrantes como portadores del virus

El coronavirus también ha sido instrumentalizado para tratar de obstaculizar todavía más el arribo de migrantes a través del mar Mediterráneo. Aparte del cierre de puertos propiamente, también se ha tratado de estigmatizar a la población migrante como portadores del virus.

El debate entre la protección de la ciudadanía europea y los derechos de las personas migrantes no hizo sino agudizarse en los periodos más difíciles de la pandemia. Así fue que en el mes de abril de 2020, el gobierno italiano aprobó el cierre de puertos luego de la solicitud de autorización para atracar del barco Alan Kurdi, con 150 migrantes, medida que generó una situación de gran caos. Fue a partir de entonces cuando Italia comenzó a disponer de embarcaciones para que los migrantes pasaran un periodo de cuarentena, antes de poder llegar a puerto, lo cual era la alternativa a las devoluciones en caliente³.

La interacción entre los campos de refugiados, fundamentalmente en Canarias y en la isla griega de Lesbos con el coronavirus ha derivado en verdaderas crisis y en situaciones de grave violación a los derechos humanos de las personas refugiadas. El incendio producido en el mes de noviembre de 2020 en el campo de Moria, cuando unas 12 mil personas se quedaron sin techo, incluyendo una proporción importante de mujeres y de niños y niñas, puso a prueba la solidaridad de los gobiernos de los diferentes países. A dicha situación se arribó en buena medida por la renuencia de los miembros de la Unión Europea a retener a las personas refugiadas en campos, evitando así su traslado a otros países, así como su ingreso en los sistemas de acogida respectivos. La crisis de la pandemia sirvió en buena medida de excusa para prolongar una situación a todas luces insostenible, siendo que se disponía de los recursos suficientes para evitar tales eventos, y controlar la propagación del coronavirus⁴.

Vacunación de inmigrantes

La crisis del coronavirus supuso un quiebre en materia de solidaridad entre naciones. Durante los primeros meses de la pandemia eran frecuentes las noticias de encarnizadas disputas entre países para controlar y efectuar decomisos de material de protección contra el virus, y en particular las mascarillas. Más recientemente, asistimos a un nuevo capítulo de esta misma historia, pero esta vez con las vacunas recientemente desarrolladas, y que terminaron por ser controladas por los países más ricos, relegando a los demás a la espera. En este caso, se han ignorado las advertencias de expertos quienes señalan que en realidad la vacunación solo será efectiva si se realiza de forma coordinada a nivel mundial.

En este sentido, cabría preguntarse cuál es la disposición de la Unión Europea en este particular. La Comisión Europea emitió recomendaciones para los planes de vacunación entre las que se incluye la consideración de las personas refugiadas, particularmente las que se encuentran en centros de internamiento o en campos. En un sentido parecido opinaba el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, que sostenía que tanto migrantes como refugiados debían considerarse como grupos vulnerables, y que debían recibir la vacuna.

Ahora bien, el acatamiento de estas recomendaciones no es unánime, aunque todavía no se sabe con certeza cuál será la actuación de cada país, debido a que no todos lo han especificado en sus planes. Sin embargo, ya se conoce que el gobierno de Polonia solo vacunará a las personas extranjeras con residencia legal. Mientras que países como Alemania, Países Bajos, Francia y España sí incluyen a personas extranjeras en sus propios planes. Además, se sabe que el gobierno griego, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, están avanzando en la vacunación de personas que permanecen en campos de refugiados en Grecia⁵.

Se puede concluir, luego de una observación de los procesos en donde interactúan el coronavirus con las personas inmigrantes y refugiadas en la Unión Europea, que no hay una política común para abordar el problema, de manera que algunos países han mostrado mucha más solidaridad y disposición de respetar los derechos humanos de estas poblaciones que otros.

Referencias

1 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55855960

2 Disponible en: https://www.europapress.es/epsocial/migracion/noticia-gobierno-garantiza-ayudas-migrantes-refugiados-sistema-acogida-crisis-covid-19-20200320162745.html

3 Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/destacada/el-miedo-al-virus-no-viaja-en-patera/10011-4263093

4 Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/unos-200-refugiados-entran-en-el-nuevo-campo-de-lesbos-las-primeras-24-horas/10004-4341671

5 Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/20210210/6232388/paises-europeos-refugiados-vacunacion-covid.html

Antes de abordar el tema de las estadísticas de migración en el mundo, debemos hacer referencia a las numerosas limitaciones que podemos encontrar para su elaboración, dada la complejidad del fenómeno, ya que esta población está sometida permanentemente a tres factores que signan su dinámica: la natalidad, la mortalidad y la misma movilidad en que se encuentra este colectivo. Estas circunstancias suponen que los números de los que estamos hablando se mueven todos los días, en tanto que se producen nacimientos, fallecimientos, así como entradas y salidas de las fronteras nacionales de todos los países, más allá de los contextos particulares.

Asimismo, los Estados enfrentan dificultades para detectar flujos de migrantes, bien porque carecen de la capacidad necesaria o bien porque los propios migrantes buscan eludir los controles cuando existen riesgos de ser detenidos o devueltos a sus países de origen.

Otra limitación de los datos lo constituyen las diferencias legales al interior de cada Estado con respecto a la definición de migrante. En algunos países basta con que la persona nazca dentro de su territorio para ser considerado ciudadano. En otros países, la nacionalidad solo se transmite por los padres, de manera que ocurre que personas que nacen dentro de las fronteras de un país, son considerados extranjeros. Ello supone que determinados grupos étnicos pueden estar en situación de apatridia, y por tanto, cuantificados inadecuadamente como inmigrantes.

La División de Población, dependiente del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha venido publicando cada dos años la información relacionada con la migración acumulada en todos los países del mundo, valiéndose de las fuentes más fidedignas que están disponibles¹.

Así tenemos que, a mediados del año 2019, último año disponible, en el mundo se registra 271,6 millones de personas migrantes, distribuidos de la siguiente manera de acuerdo con el nivel de ingresos de los países de destino migratorio.

Tabla N° 1: Número de Personas migrantes según el nivel de ingresos de país de destino (2019)

Como se puede apreciar en la tabla anterior, en los países de mayores ingresos reside casi la mitad de las personas migrantes que se registran a nivel mundial, mientras que los países de ingresos medios, medios altos, medios bajos y bajos acumulan el 50,25 %. Es posible que una mejora de la calidad de los datos no haga sino incrementar un poco esta diferencia a favor de los países de ingresos medios y bajos, que pudieran tener registros de migrantes con menor cobertura.

Por otro lado, en la siguiente tabla tenemos la información del destino de las migraciones según continentes. Así tenemos que:

Tabla N° 2: Personas migrantes por continente de destino (2019)

Como podemos observar, Asia, Europa y América del Norte son los tres principales destinos migratorios si se toman como continentes. El caso de Asia, que es el continente con más migrantes, que alcanza el 30,76%, explica en buena medida cómo hasta la mitad de las personas migrantes se encuentran en países de ingresos medios o bajos, como veíamos en la tabla anterior. Asimismo, vemos que Europa es la región occidental en donde más personas migrantes residen, el 30,30%, mientras que América del Norte le sigue con el 21,59 %.

Ahora bien, vale la pena observar el crecimiento del stock de migrantes durante las últimas tres décadas. Así tenemos que Europa pasó de los 49.608.231 migrantes en 1990, a los 82.304.539 migrantes en 2019, lo cual representa un incremento del 60,27 %.

Con respecto a Europa, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, Europa incluye a todos los países de este continente, tanto los que pertenecen a la Unión Europea (UE) como los que no, tales como Rusia, Ucrania, entre otros. Por otra parte, entre estas personas migrantes se cuentan las que migran desde un país europeo al otro, de manera que también incluyen, por ejemplo, las personas alemanas que migran a Inglaterra, las personas holandesas que migran a Francia o las rusas que arriban a España.

Ahora bien, tomando solo los países de la UE, y solo las personas migrantes provenientes de países extracomunitarios, el total de migrantes acumulados hasta el 1 de enero de 2019 alcanza las 20,9 millones de personas de fuera de la UE, así como las 30,2 millones de personas nacidas fuera de la UE, aunque en este último caso se adicionan quienes sí poseen alguna nacionalidad de uno de los países miembros, ello de acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Europea².   

Por otra parte, la población migrante de América del Norte pasó de los 27.610.408 migrantes en 1990, a los 58.647.822 migrantes en 2019, lo cual representa un incremento equivalente al 47,08%. En este caso, el grueso de las personas migrantes se concentra fundamentalmente en los Estados Unidos de América, un total de 50.661.149 migrantes, seguido por Canadá, con 7.960.657 migrantes, ambos para el año 2019.

Mucho más modesto es el incremento experimentado en América Latina y el Caribe, que pasó de las 7.161.371 personas migrantes en 1990, a las 11.673.288 en 2019, lo que representa un incremento del 61,35 %, e incluye, como es lógico, las migraciones entre estos mismos países.

Si hacemos un seguimiento de los países en donde residen más migrantes en 2019, tenemos la siguiente relación

Tabla N° 3: Países con mayor cantidad de migrantes recibidos (2019)

Más allá de que Estados Unidos de América es el país en donde más residen personas migrantes, llama la atención que solo hay dos países americanos y seis europeos en la lista de los primeros 20 países con más migrantes. Si bien no es la región con más migrantes en el mundo, se debe señalar que de Oriente Próximo hay cinco países en la lista, así como otros cinco del resto del continente asiático. Solo aparece un país africano, Suráfrica, y un país oceánico, que es Australia.

Por otra parte, resalta que mientras algunos países han visto incrementada su población de migrantes durante las últimas tres décadas, hay otros países en donde la población de migrantes ha permanecido estable durante el mismo periodo, lo cual puede obedecer a las diferentes formas de medición, o a otros fenómenos sociales. Si tomamos los mismos veinte países de la tabla anterior, y los ordenamos por el porcentaje de incremento de su población migrante entre 1990 y 2019, tenemos lo siguiente:

Tabla N° 4 Países con más migrantes según porcentaje de incremento de su población migrante (1990 -2019)

Como podemos observar, los puestos de los países con mayor cantidad de inmigrantes se alteran notablemente cuando se analiza el porcentaje de incremento de su población migrante con respecto a la situación que tenían en 1990. Mientras países como España, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia e Italia han visto sus poblaciones migrantes incrementadas en al menos un 300%, países de Europa Oriental y Asia Central han experimentado un estancamiento en cuanto a su población migrante, como es el caso de Kazajstán o Rusia; mientras que otros países han experimentado un proceso de reducción de su población migrante, como Ucrania y la India.

Los países occidentales altamente industrializados de Europa, América del Norte y Oceanía también han registrado grandes incrementos de su población migrante, ocupando así las posiciones medias de la tabla. En este caso tenemos al Reino Unido que ha incrementado su población migrante en un 161,68 %, mientras que Alemania registra un incremento de 121,22%. El país con más población migrante, los Estados Unidos de América, también ha visto como su población migrante se ha duplicado en el periodo considerado, alcanzando un incremento del 117,89 %.  

Para culminar, es necesario tener en cuenta las diferencias entre lo que cada país considera migrante según su legislación. Este aspecto constituye, sin duda, una fuente de heterogeneidad en los datos, pero que en muchas ocasiones se presentan como si fuesen comparables. Por otra parte, la calidad y cobertura de los registros administrativos es fundamental para la obtención de los datos presentados, de manera que fenómenos como la inmigración ilegal o las debilidades en la cobertura territorial de los estados introducen más distorsiones a la información.

Referencias

1 Disponible en: https://www.un.org/development/desa/pd/data-landing-page

2 Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_es