La violencia ejercida contra la mujer en Colombia por los actores armados opera como arma de guerra, en una forma de perjudicar al enemigo y avanzar en el control territorial y social de territorios estratégicos. De acuerdo con la Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, red que agrupa organizaciones de mujeres, sociales y de derechos humanos colombianas e internacionales con el objetivo de visibilizar los impactos del conflicto armado en la vida de las mujeres, jóvenes y niñas, esta violencia es de naturaleza multiforme y tiene efectos diferenciados sobre estos grupos vulnerabilizados.¹

Entre enero de 2002 y 2006, en promedio una mujer murió diariamente en Colombia a causa de la violencia armada, es decir, alrededor de 1.608 mujeres: 233 en medio de combates y 1.375 por fuera de combate, de las cuales 1.139 perdieron la vida por ejecución extrajudicial u homicidio político, 63 por homicidio contra mujeres socialmente marginadas y 173 fueron desaparecidas forzosamente.²

Durante más de medio siglo, bajo diferentes modalidades de violencia, se ha tomado el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, especialmente el de las mujeres campesinas, afros e indígenas, como un mecanismo para ejercer la dominación y el poder. No conforme con tener que sufrir el despojo de sus hogares, territorios ancestrales y la pérdida de esposos, hijos, parejas y padres, por reclutamiento, forzado o no, las mujeres, jóvenes y niñas colombianas también padecen de discriminación múltiple e intersectorial por motivos de sexo, raza, color y origen étnico.

Según recoge la Mesa de trabajo “Mujer y Conflicto Armado”, las formas de violencia más comunes empleadas en contra de mujeres, jóvenes y niñas colombianas, además de la violación del derecho a la vida y la desaparición forzada, son: violencia sexual en sus diversas formas; trabajos domésticos forzosos; imposición de normas y códigos de conducta; castigos por sus relaciones afectivas y vínculos familiares con actores armados del bando contrario; amenazas y ataques a las organizaciones de mujeres o tentativas de cooptación de las mismas; reclutamiento forzado de mujeres y niñas; amenazas a la vida e integridad que en muchas ocasiones obligan al desplazamiento forzado; bloqueos y confinamiento de sus comunidades.³

Según cifras actualizadas del Registro Único de Víctimas (RUV), un total de 9.16.309 personas manifiestan ser victimizadas por hechos violentos en el marco del conflicto armado colombiano, de las cuales 4.582.321 corresponden al sexo femenino⁴. El principal hecho reportado por las víctimas es el desplazamiento forzado⁵, situación en la que se encuentran un total de 8.101.759 personas de nacionalidad colombiana. Para el año 2017, las mujeres representaban casi la mitad de esta población, siendo víctimas también del feminicidio, amenazas, desaparición forzada, pérdida de bienes muebles o inmuebles, y actos terroristas.⁶

En el informe presentado por la activista por los derechos humanos y ex relatora de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Adhika Coomaraswamy, tras una visita a Colombia en noviembre de 2001, se constata que la violencia contra la mujer, en particular la violencia sexual perpetrada por grupos armados, “se ha hecho habitual en medio de un conflicto que degenera paulatinamente y de la falta de observancia del derecho internacional humanitario”⁷. Los testimonios de las mujeres víctimas del conflicto resultan desgarradores: son retenidas para ser convertidas en esclavas sexuales; son objeto de violaciones colectivas, muchas veces en presencia de sus parientes; son asesinadas tras ser mutiladas sexualmente; son retenidas y abusadas por ser parientes de “los otros” y sufren la vulneración de sus derechos reproductivos. En muchas ocasiones estas vejaciones son ocultadas por las víctimas por temor a amenazas de muerte, y también a menudo las que sobreviven quedan embarazadas y deben ocuparse del hijo fruto de violación.

Las mujeres combatientes se enfrentan a circunstancias similares. Las jóvenes reclutadas, tanto voluntaria como forzadamente, por la guerrilla como por los grupos paramilitares son utilizadas como esclavas sexuales, informantes, guías y mensajeras. Los testimonios sistematizados por la relatora demuestran que estas mujeres, mientras formaron parte de un grupo armado, se las sometió a distintos tipos de violencia basada en el sexo, como abusos sexuales o acoso por parte de los superiores. El control forzado de la natalidad también es ejercida, tanto mediante dispositivos intrauterinos anticonceptivos como el aborto. “Si una mujer quiere quedarse con el hijo, debe escapar”.⁸

Este escenario generalizado de violencia ha devenido en un cambio del rol de la mujer colombiana. En el caso del fenómeno del desplazamiento forzado, se ven afectadas fundamentalmente las mujeres en condición de pobreza, quienes son obligadas a movilizarse de un lugar a otro sin medios para subsistir, asumen la responsabilidad de la educación de las hijas e hijos, de ofrecer protección a todos los integrantes de la familia y de crear condiciones para asentarse en otro territorio, con toda la carga económica y psicológica que esto conlleva. La organización familiar resulta inevitablemente alterada y se produce una transformación en su núcleo, pues muchas veces el padre o los hijos mayores han sido asesinados, viéndose las mujeres obligadas a asumir nuevos roles, tanto en el ámbito privado, asumiendo la dirección del hogar, como en el ámbito público, asumiendo actividades en defensa de sus derechos políticos, económicos y sociales.

El nuevo rol de las mujeres trasciende las esferas de la educación y la crianza, quienes deben ocuparse de sacar a la familia adelante y llevar el sustento diario aun en medio de condiciones sociales y culturales desiguales respecto a los hombres y mujeres no desplazadas. De acuerdo con María Dolores Gandulfo, este nuevo rol es difícil de asumir porque la:

 “mayoría de las mujeres desplazadas provienen de áreas rurales las cuales son estructuras patriarcales, en donde es el hombre el que dirige y la mujer la que acata. (…) Esto hace que el cambio, al llegar a las ciudades, sea muy brusco y les sea difícil la primera adaptación a este nuevo rol de jefe de familia” (Gandulfo citado en Barros y Rojas, 2021)⁹.

Las mujeres se ven obligadas a desarrollar habilidades y actividades nuevas, transformándose en generadoras de ingresos, “para ellas y para sus familias, y en agentes participativas. Continúan ejerciendo su rol tradicional, pero lo modifican, asumiendo transitoriamente o de manera permanente, múltiples responsabilidades que responden a la necesidad urgente de sobrevivir” (Gandulfo citado en Barros y Rojas, 2012).

Organismos de cooperación internacional han constatado los altos grados de violencia de la que son objeto las mujeres colombianas, con especial énfasis las mujeres afros e indígenas. La discriminación histórica y los efectos diferenciados del conflicto armado sobre la vida de las mujeres, jóvenes y niñas demanda su presencia en todas las fases del proceso de establecimiento y consolidación de la paz, tal como ha orientado ONU Mujeres, así como una mayor participación política a nivel social y gubernamental para avanzar en la reparación de las víctimas de violencia sexual y de género.

También requiere de todos los actores interesados en lograr la paz para profundizar en el conocimiento de las dimensiones de género presentes en el conflicto, para trabajar en la erradicación de los patrones históricos de exclusión, discriminación y abusos que perpetúan la desigualdad de la mujer en la sociedad colombiana, y conseguir cambios sustanciales que puedan ser mantenidos en el tiempo.

Referencias

1 Disponible en: http://americalatinagenera.org/newsite/images/794_mesa_de_trabajo_mujer_y_conflicto_armando.pdf

2 Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/vi_informe_mesa_mujer_y_conflicto.pdf

3 Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/vi_informe_mesa_mujer_y_conflicto.pdf

4 Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

5 Otros hechos: Acto terrorista, atentados, combates, desaparición forzada, secuestro, tortura, minas antipersonas, confinamiento, lesiones personales físicas y psicológicas.

6 Disponible en: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/enfoques-diferenciales/en-colombia-42-millones-de-victimas-del-conflicto-armado-son-mujeres-alan

7 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1529.pdf

8 Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1529.pdf

9 Disponible en: https://librepensador.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/sites/5/2015/10/El-rol-de-la-mujer-en-el-conflicto-armado-colombiano-Maestr%C3%ADa-en-gobierno-y-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-El-Libre-Pensador.pd

Entre los años 2017 y 2019 se pudo observar el fenómeno de las migraciones masivas de personas venezolanas hacia los países vecinos, particularmente los de la región andina, y Brasil en menor medida. Ante este considerable movimiento transfronterizo de grupos humanos, resulta importante mencionar que durante muchos años Venezuela ha sido históricamente un país receptor más no emisor de migrantes, tal como ha señalado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en distintos informes. A diferencia de otros países en la región, al menos desde mediados del siglo XX el territorio venezolano registró un proceso inmigratorio masivo de personas naturales de Europa y de América Latina y el Caribe. Dos momentos destacan: el primero, de mayoría europea, entre 1950 y 1960; y el segundo, de carácter Sur-Sur, entre 1960 y 1990¹.

Por el contrario, los países andinos no han sido receptores históricos de migrantes, por lo que la presencia de personas venezolanas resulta una novedad para sus poblaciones y para las economías de estos países, debido a su poca capacidad para absorber la mano de obra extranjera. En este sentido, lo que ha ocurrido es que la inmensa mayoría de migrantes venezolanos han tenido que incorporarse a la economía informal, con todo lo que ello supone en materia de desprotección laboral y social, encasillamiento y estigmatización de la población migrante, y que ha derivado en algunos países en un brote de manifestaciones xenofóbicas por parte de sectores de la sociedad y de las mismas autoridades gubernamentales, en contra de esta población.

El término xenofobia hace referencia al odio, recelo, hostilidad y rechazo hacia lo extranjero; es una ideología que consiste en el rechazo de las identidades culturales diferentes a la propia. La Declaración y Programa de Acción de Durban, plan de la comunidad internacional para adoptar medidas en la lucha contra el racismo y suscrito en consenso durante la Conferencia Mundial de Naciones Unidas de 2001 contra el Racismo, Discriminación Racial,  Xenofobia y  Formas Conexas de Intolerancia, establece que los Estados son los principales depositarios de la responsabilidad de luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como de elaborar planes nacionales e integrales de acción para cualquier manifestación de violencia de este tipo y de  adoptar políticas y programas orientados a combatir la incitación al odio en los medios de información, incluso en las plataformas digitales².

A pesar de este mandato, las autoridades de los principales países de acogida de personas migrantes venezolanas han sido, en diversas oportunidades, los principales promotores de la xenofobia en contra de esta población en situación de movilidad humana. Casos emblemáticos son las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, las del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, o las del presidente de Colombia, Iván Duque, quien anunció que excluiría del proceso de vacunación masiva contra la COVID-19 a venezolanos que se encuentren en condición irregular en ese país.

Uno de los incidentes más graves se registró en Brasil en 2018, cuando un grupo de manifestantes, en el municipio Pacaraima, del estado de Roraima, obligó a unas 1.200 personas de nacionalidad venezolana a cruzar la frontera de regreso a Venezuela, además de destruir el campamento en donde se alojaban y quemar sus pertenencias³. Este incidente fue especialmente sintomático de la tensa situación que se vive en algunos lugares por la presencia de migrantes.

En enero de 2019 se registró el asesinato, en plena vía pública, de una mujer a manos de su pareja, presuntamente de nacionalidad venezolana, hecho que conmocionó a esa nación, en parte por la inacción de la policía que tuvo oportunidad de evitar la muerte. Además de que los hechos en sí fueron lamentables, el presidente Lenín Moreno reaccionó de forma desafortunada. Señaló que había que revisar las fronteras, y añadió: “les hemos abierto las puertas [aludiendo a los inmigrantes venezolanos], pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”. Además, ordenó la conformación de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en calles, en lugares de trabajo y en los pasos fronterizos⁴.  Así, se terminó por asociar a las personas migrantes venezolanas con los crímenes violentos, lo cual es un caso claro de promoción de xenofobia.

En Perú, uno de los países que ha recibido más migrantes de origen venezolano durante los últimos años, se han producido numerosas declaraciones xenófobas por parte de autoridades municipales, así como abusos por parte de funcionarios policiales en algunos distritos de Lima. Una de las expresiones xenófobas más relevantes fueron las declaraciones de la diputada Esther Saavedra, quien solicitó al presidente Vizcarra el cierre de la frontera con la fuerza militar, y que expulsara a toda la población venezolana, tanto a personas “buenas” y “malas”, para evitar que Perú se convirtiera en el patio migratorio de la región. Aludía a que un millón de venezolanos, entre trabajadores y “delincuentes”, les quitaban los trabajos a los peruanos⁵.

Alarman las recientes manifestaciones de xenofobia y discriminación contra la población venezolana en ese país, como lo es el caso de la marcha xenófoba que un grupo de personas realizó el pasado 20 de febrero en contra de los inmigrantes y “refugiados” venezolanos, transmitida en vivo a través de plataformas digitales y justificada en el asesinato de un peruano en Colombia presuntamente a manos de un ciudadano de nacionalidad venezolana. Asimismo, la sede de la Embajada de Venezuela fue atacada con rocas y objetos contundentes, rompiendo ventanales y causando daños materiales en sus instalaciones (incendio de la señalética consultar, entre otros)⁶.

La situación es similar en Chile, donde personas venezolanas han denunciado ser objeto de violencia xenófoba, políticas discriminatorias y restricciones severas para acceder a trabajos formales, a los sistemas de salud públicos y a las ayudas públicas debido a su condición migratoria irregular. Vale la pena destacar un episodio que tuvo lugar durante el mes de junio de 2020, cuando el gobierno de Sebastián Piñera anunció, en el marco de la pandemia de la COVID-19, la implementación de un “Plan Humanitario de Regreso Ordenado” para que poblaciones migrantes establecidas en Chile pudiesen retornar a sus países de origen.

La condición para poder optar a dicho programa sería la firma de una declaración jurada en la que estas personas renunciarían a la residencia en el país, a toda solicitud de refugio, y en la que asumirían el compromiso de no volver a Chile por un período de 9 años. Ante esto, distintas organizaciones pro-migrantes denunciaron el carácter xenófobo de dicho programa, siendo un ataque directo contra la libertad de circulación de las personas y contra el derecho a migrar a otros lugares, y perjudicando, principalmente, a millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo que se mueven de un país a otro para buscar mejores oportunidades laborales⁷. Tras recibir duras críticas, el 12 de junio el programa fue suspendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno.

Durante la ola de protestas acaecidas en diversos países de la región en 2019, la migración venezolana fue frecuentemente acusada de propiciar situaciones de alteración del orden público. Llama la atención en este sentido, que 59 personas de nacionalidad venezolana fueran detenidas y expulsadas de Colombia, acusadas de generar violencia en el marco de las protestas y participar en saqueos en la ciudad de Bogotá. Un hecho similar ocurrió con 17 venezolanos en Ecuador, que fueron acusados de estar implicados en protestas y poseer presuntamente información acerca de los traslados del presidente Moreno, todo ello en el marco de las protestas por el incremento del precio de los combustibles en ese país. Algo similar ocurrió en Bolivia con la expulsión de nueve venezolanos por presunta vinculación con el expresidente Morales. Finalmente, otros nueve venezolanos fueron expulsados de Chile en el marco de las protestas por el incremento del pasaje del metro en la ciudad de Santiago.

Dentro de estos contextos se empieza a crear construcciones discursivas que se irán reproduciendo a través de distintos actores gubernamentales y no gubernamentales, y fundamentalmente a través de los medios de comunicación, que van delineando en un tipo de sujeto marcado por el etiquetamiento y la estigmatización. Este entramado de construcciones discursivas en torno al inmigrante, diversos especialistas en la región lo han denunciado como prácticas de xenofobia.⁸

Más allá de las manifestaciones sociales en contra de la inmigración, resulta preocupante cuando son las autoridades quienes promueven la xenofobia, sin considerar que su gestión debe acatar la legislación nacional e internacional suscrita en materia de derechos humanos de migrantes, y que sus decisiones deben tener algún sustento en la realidad. Así, por ejemplo, la noción de que la migración venezolana se relaciona con la delincuencia en Colombia resulta indemostrable a la luz de los datos disponibles, como ya se ha hecho saber a la opinión pública.

Por otra parte, instrumentar el discurso antiinmigración para tratar de obtener votos resulta una conducta reprochable desde el punto de vista democrático, e irresponsable por las potenciales consecuencias que ello pudiera acarrear tanto para la población migrante como para sus propios connacionales en tanto que se debilitan las instituciones democráticas, tal y como la historia lo demuestra.

Es importante mencionar que tanto Ecuador, como Colombia, Perú y Chile han ratificado la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de 1990, como también la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1966, razón por la cual están obligados internacionalmente a la protección contra toda forma de discriminación y xenofobia contra las poblaciones migrantes.   

En este sentido, el pasado 19 de febrero, las Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú emitieron una comunicación conjunta en donde se solicitaba facilitar la movilidad de los migrantes venezolanos, adoptar medidas para la regularización y evitar su exclusión social y económica, así como la homologación de tales políticas. Asimismo, estiman que, debido al persistente cierre de fronteras, como consecuencia de la pandemia, los riesgos de la migración irregular recaen sobre las personas de origen venezolano, del mismo modo que se experimenta un auge de expresiones de intolerancia, xenofobia y aporofobia que estigmatizan y criminalizan a la población migrante⁹.    

Referencias

1 Cepal. “Dimensiones regional, local e individual de la migración venezolana: el caso de la frontera con Roraima (Brasil)”, en Notas de Población   N^o 110. 2020. See all articles of this issue Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45807/1/S2000236_07_MOTA.pdf

2 “La Declaración y Programa de Acción de Durban de un vistazo”. Disponible en: https://www.un.org/es/durbanreview2009/pdf/ddpa_at_a_glance_sp.pdf

3 BBC Mundo. “Ataque a venezolanos en Brasil: disturbios en Pacaraima contra campamento de inmigrantes”, 2018).  Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45240028

4 La Vanguardia. “Indignación en Ecuador con el asesinato de una mujer embarazada”, 2019. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190121/454221784604/asesinato-ecuador-mujer-embarazada-diana.html

5 El Nacional. “Congresista peruana pide la salida de venezolanos: ‘Vienen a quitar trabajos’”, 2019. Disponible en: https://www.elnacional.com/mundo/congresista-peruana-pide-la-salida-de-venezolanos-vienen-a-quitar-trabajo/

6 Somos Tu Voz. “Marcha xenófoba en Perú atacó con piedras Embajada de Venezuela”. 2021. Disponible en: https://www.somostuvoz.net/destacado/marcha-xenofoba-en-peru-ataco-con-piedras-embajada-de-venezuela/

7 La Izquierda Diario. “Xenófobo ‘Plan humanitario’ de Piñera para retorno de migrantes varados”, 2020. Disponible en: http://www.laizquierdadiario.com/Xenofobo-Plan-humanitario-de-Pinera-para-retorno-de-migrantes-varados

8 BBC Mundo. “Cómo los venezolanos se están convirtiendo en el chivo expiatorio por las protestas en Sudamérica”, 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50559187

9 El Comercio. “Defensorías del Pueblo de Colombia, Ecuador y Perú piden facilitar migración venezolana”, 2021. Disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/defensorias-pueblo-colombia-ecuador-venezolanos.html

El proceso de movilidad humana registrado en el último tiempo en la República Bolivariana de Venezuela es un fenómeno relativamente reciente. Es a partir de los años 80 cuando comienza un discreto pero creciente fenómeno migratorio de personas venezolanas hacia países del norte. Desde entonces ha habido sustanciales variaciones en relación con los destinos migratorios elegidos por las personas nacidas en Venezuela, así como en el perfil de migrantes. Sin embargo, las migraciones masivas propiamente dichas solo se vienen registrando en este país a partir del año 2014.

Las migraciones venezolanas desde los años 80 habían estado caracterizadas por ser mayoritariamente femeninas, estar concentradas en personas de estratos socioeconómicos medios y altos, y tener a países como los Estados Unidos, España e Italia como destinos migratorios. Luego de 2015, se hizo evidente que la emigración venezolana era mayoritariamente masculina, concentrada en personas de estratos socioeconómicos medios y bajos, y en donde los países de destino migratorio pasaron a ser, fundamentalmente, de América Latina y, más específicamente, Colombia, Perú y Chile, aunque también con una presencia importante en países como Ecuador y Argentina.

Es precisamente la historia de Venezuela como país de destino migratorio lo que marca el destino de sus propias emigraciones. Se puede constatar que las migraciones de retorno de nacionales de países del sur de Europa como de América Latina ha facilitado la constitución de redes migratorias, de manera que la migración de retorno arrastra a la migración venezolana sin doble nacionalidad, en buena medida debido a la efectiva integración que el país ofrecía a sus inmigrantes en décadas pasadas.

Otro factor que ha contribuido a estimular la emigración reside en los acuerdos migratorios binacionales, que, con legislaciones inspiradas en la reciprocidad, facilitaron procesos de migración venezolana hacia países que fueron históricamente expulsores de grupos humanos hacia Venezuela. Asimismo, no se puede ignorar la importancia del acuerdo de libre tránsito de personas en el marco del Mercado Común del Sur (Mercosur), que en la práctica permitió el desplazamiento de personas por toda América del Sur. En años recientes, sin embargo, estas facilidades han quedado suspendidas debido a obstáculos erigidos para el control de las migraciones venezolanas.

Cabe señalar que desde el año 2014 se activa contra Venezuela un bloqueo económico, financiero y comercial, siendo este el más importante factor causante de la emigración: los efectos devastadores del paquete de medidas coercitivas unilaterales impuesto contra Venezuela, de naturaleza estadounidense y europea, ha generado una grave y masiva violación de una amplia gama de derechos humanos de la población venezolana ante su incapacidad de acceder a alimentos, medicamentos y servicios públicos de calidad.

Con respecto a las cifras de la migración venezolana, organismos multilaterales como la División de Población de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han mostrado dificultades para establecer una medición de los flujos migratorios de origen venezolano debido al peso que ocupa la migración de retorno¹ y las personas con doble nacionalidad. Ello ha ocasionado diferencias en las estadísticas de las propias agencias de la ONU de casi el 100 % para el año 2019. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reconoce que su propio registro no es confiable, y señalan que es probable que se cuente una persona varias veces debido a que no es un registro biunívoco, de manera que la misma persona puede ser registrada tantas veces como cruce la misma frontera en diferentes ocasiones. Asimismo, no diferencia la emigración internacional de las corrientes migratorias circulares y pendulares (que entre otras, incluyen personas que cruzan la frontera y regresan en breve tiempo, por motivos comerciales, laborales, educativos o de salud).

La Plataforma de Coordinación para Refugiados y Personas migrantes Venezolanas (R4V), aclara en cada reporte de actualización que sus cifras no tienen como base registros biunívocos, mediante la siguiente coletilla: “esta cifra representa la suma de personas migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No necesariamente implica identificación individual, ni registro de cada individuo, e incluye un grado de estimación” (R4V, 2019). Sin embargo, a pesar de la importante aclaratoria metodológica, las notas de prensa e informes de la Plataforma le confieren a la cifra la cualidad de ser la cantidad de “venezolanos” en el extranjero, sin tomar en cuenta el riesgo de sobreestimación que ello comporta. De allí la cifra de 4,5 millones de migrantes que se cita con mucha frecuencia en la prensa internacional.

Basados en tales cifras, gobiernos, sectores políticos, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales y medios de comunicación no suelen abstenerse de divulgar cifras de migrantes venezolanos exageradas y sobreestimadas, tratando de equiparar dicha migración con una “crisis de refugiados”, impidiendo así que se conozca el fenómeno en sus múltiples dimensiones.

No obstante lo anterior, la tendencia de la migración venezolana hacia la región ha presentado actualmente un abrupto viraje durante 2020. Incluso meses antes del comienzo de la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, más de 200 mil personas retornaron a Venezuela, desde Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, principalmente, por todas las vías posibles, producto de los masivos desalojos, despidos, violencia y actos discriminatorios en su contra. Han sido numerosas las denuncias realizadas por migrantes venezolanos sobre la poca o nula atención recibida por parte de las autoridades de esos países, sin contar con que dicha población no ha sido beneficiada con planes de protección social, ni tampoco se ha contemplado un plan regional para garantizar su traslado seguro a Venezuela.

Las características socio-demográficas y laborales de la población migrante venezolana, la escasa información que poseen sobre los riesgos, oportunidades y condiciones de los lugares de destino, así como sobre las estrategias de incorporación en el mercado laboral (dadas las condiciones de partida de algunas de estas personas), son factores que pueden condicionar la vulnerabilidad con respecto a la protección de sus derechos humanos en los países de destino, debido a conductas discriminatorias, xenofobia, escaso acceso a servicios de salud y educación, falta de empleo, explotación laboral y trata de personas.

Referencias

1 En este sentido, no debe obviarse que los datos para 1987 señalaban que la población nacida en el exterior residente en el país alcanzaba el 7,40 % de la población total, con una presencia importante de personas de nacionalidad de países latinoamericanos. Por otro lado, en relación con Europa, el Instituto Nacional de Estadísticas de España evidenció procesos de migración de retorno de españoles o descendientes de españoles nacidos en Venezuela.

Millones de personas de distintas regiones de Colombia han sido víctimas del desplazamiento forzoso durante más de 50 años, esto, en un contexto de confrontación entre diversos grupos armados y bandas organizadas del narcotráfico por el control de territorios estratégicos, pugnas por la tenencia de la tierra, eliminación de la pequeña propiedad y desestructuración de la economía agraria, desarrollo de proyectos macroeconómicos y la pérdida por parte del Estado colombiano del monopolio del uso legítimo de la violencia. Así, grandes contingentes de grupos humanos, predominantemente campesinos, se han visto obligados a desplazarse de manera involuntaria y no planificada desde zonas rurales hasta centros urbanos y áreas metropolitanas de Colombia, de lo que ha derivado un reordenamiento sociodemográfico del territorio colombiano y la formación de un modelo de ciudad de alta segregación socio-espacial en la que coexisten fuertes contrastes socioeconómicos¹.

Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para finales de 2019 había 79,5 millones de personas desplazadas en el mundo como resultado de persecución, conflicto, violencia, violaciones a los derechos humanos o eventos que alteraron gravemente el orden público², y un total de 45,7 millones de personas desplazadas internamente. Colombia es, seguido por la República Árabe Siria, el primer país con el mayor número de personas desplazadas internamente, con cerca de 8 millones³, y con un número de migrantes radicados en el exterior que se estimaba para finales de 2015 en al menos 4 millones y medio de personas.

De acuerdo con los Principios Rectores sobre el Desplazamiento Interno Forzado, primer documento de las Naciones Unidas dedicado a la cuestión de los desplazados internos, se entiende por personas desplazadas:

… [Aquellas] que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida._⁴

El Estado colombiano reconoció por primera vez el problema del desplazamiento forzado interno durante la administración del expresidente Ernesto Samper (1994-1998), mediante la promulgación de Ley 387 1997: “Ley para la Atención de la Población Desplazada”. Dos años antes de la publicación de este instrumento, en 1995, comenzó a saberse en el país de la existencia de un significativo y silencioso éxodo que para entonces superaba el medio millón de personas, la mayoría de ellos campesinos que por diverso tipo de hostigamientos, en su mayoría asociados al conflicto armado, habían tenido que abandonar sus hogares⁵. En julio de 1997 el Congreso colombiano aprobó la Ley 387 1997, donde define, en su artículo 1, que:

Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público.⁶

El documento establece que toda persona de nacionalidad colombiana, víctima del desplazamiento forzoso, tiene derecho a solicitar y recibir ayuda internacional, a gozar de los derechos civiles fundamentales reconocidos internacionalmente, a beneficiarse del derecho fundamental de reunificación familiar, a regresar a su lugar de origen y a que su libertad de movimiento no sea sujeta a más restricciones que las previstas en la ley. También se estableció la creación del Sistema Nacional de Atención Integral a la población desplazada víctima de la violencia armada, con el objetivo de desarrollar e implementar programas, proyectos y planes de carácter público y privado dirigidos a la atención integral de estos grupos vulnerables; a su reincorporación en la sociedad colombiana y a mitigar los efectos de los procesos y dinámicas que provocan el desplazamiento.

Las raíces de esta situación se encuentran en los últimos años de la década de 1940, momento en el que las guerras intestinas y la violencia bipartidista liberal-conservador desatada tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán (1948) dan inicio a un masivo éxodo de población campesina hasta la capital y otras ciudades del país, situación que se extiende hasta entrada la década de los sesenta, con el surgimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y que se agudiza a partir de la década de los ochenta “con el narcotráfico, la guerra contrainsurgente desplegada por las fuerzas militares y el impulso de organizaciones de autodefensa, que degeneraron en grupos paramilitares y en aparatos de justicia privada”⁷. Investigaciones señalan que los casos de desplazamiento forzado registrados durante la década de 1990 produjeron una de las crisis humanitarias más grandes en la historia de Colombia: “41 % de los afectados señalan como responsables de su desplazamiento a las guerrillas, 21 % a los paramilitares, la mayoría de ellos congregados en las Autodefensas Unidas de Colombia, y 0,8 % a los agentes del Estado”⁸. Se estima que el 87 % de la población total desplazada proviene de zonas rurales⁹.

De este complejo cuadro ha derivado la necesidad de millones de personas colombianas de movilizarse dentro del territorio para resguardar sus vidas y conseguir mejores condiciones económicas y sociales. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia se organiza en seis regiones¹⁰ y, a su vez, se divide en 32 departamentos y 132 provincias (caracterizadas por compartir características geográficas y culturales). Dentro de este mapeo, tenemos que, por ejemplo, el Eje Cafetero, ubicado en el centro-oeste del país e integrado por los departamentos Quindío, Risaralda y Caldas, ha sido un territorio especialmente afectado por el conflicto armado. Es una zona estratégica para actores armados ilegales y para el establecimiento de latifundios y megaproyectos, por su abundancia de recursos naturales y su ubicación privilegiada entre Bogotá, Cali y Medellín, y violencias como el desplazamiento y el despojo han sido una constante en esas dinámicas¹¹.

Investigadores coinciden en que el desplazamiento forzoso en Colombia, más que una consecuencia del problema en torno a la tenencia de la tierra y del conflicto armado, constituye una estrategia de guerra aplicada por diversos actores armados para mantener el control sobre territorios con recursos estratégicos. Las estrategias aplicadas para la expulsión de la población y el control sobre el territorio pasan por masacres, persecuciones, asesinatos selectivos, tomas armadas de pueblos, reclutamiento de jóvenes y prohibición de circulación y prácticas de determinadas actividades¹².

Derivado de estas formas de violencia, la movilización no voluntaria a los centros urbanos se ha convertido en el principal tipo de desplazamiento humano en Colombia (urbano-rural), aunque en los últimos años se ha reconocido que ha habido un traslado del conflicto armado a los principales centros urbanos del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali), originándose una nueva tipología de movilidad humana de carácter intraurbana¹³. El confinamiento ha sido también una de las estrategias implementadas por los grupos irregulares en la disputa por los territorios, sometiendo a la población nativa a medidas de prohibición de salida y circulación, ejerciendo control sobre instituciones externas que ingresan a las regiones y la vigilancia sobre el abastecimiento de alimentos, y mediante la siembra de minas antipersona que rodean las localidades¹⁴.

Este complejo panorama, en el que una amplia gama de derechos humanos de la población colombiana son vulnerados por diversos actores, plantea retos a la sociedad civil, instituciones estatales y organizaciones internacionales, de cara a la necesidad de trazar líneas de acción en materia de políticas públicas destinadas a la atención integral de estos grupos vulnerables que, por demás, están caracterizados por una amplia heterogeneidad. Asimismo, la implementación de medidas ajustadas a las circunstancias actuales y reales de estos contingentes humanos obliga, necesariamente, a avanzar en un análisis profundo de las causas históricas, económicas y sociales que han originado y mantenido en el tiempo la presencia de estos flujos migratorios internos a pesar de los diversos programas, planes, marcos e instrumentos jurídicos adoptados por las administraciones del país durante las últimas décadas.

Referencias

1 Martha Inés Villa. “Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía”. Revista Controversia, 2006; Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2000).

2 Acnur, 2020.

3 Según Acnur, la cifra exacta es de 7.976.412. Según la Unidad de para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas, la cifra asciende a 8.101.759 personas desplazadas internamente.

4 Ibidem, 1998.

5 Id. Villa, 2006.

6 Ibidem. Acnur, 1997.

7 y 8 Sandra Milena González. “El desplazamiento forzado interno. Una comparación entre Colombia y Perú”. Universidad de Antioquia. Colombia, Estudio Político, 2018.

9 Centro Nacional de Memoria Histórica. Una nación desplazada: informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, CNMH – UARIV.  (CNMH, 2015).

10 Región Caribe; región Eje Cafetero y Antioquia; región Pacífica; región Central; región Llanos/Orinoquía; región Amazonía.

11 Comisión de la Verdad, Colombia, 2020.

12, 13 y 14 Ibíd. Villa, 2006.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha señalado que la irrupción de la pandemia de la COVID-19 en la región vino a exacerbar los ya altos niveles de desigualdad, informalidad laboral, desprotección social y vulnerabilidad presentes en los países latinoamericanos y caribeños, caracterizados por sistemas de protección social débiles, fragmentados, y por la presencia de asentamientos urbanos marginados con limitado acceso a servicios públicos.¹

Por otro lado, la región también concentra el segundo número más alto de muertes por el virus después de Europa, con un registro de 601.256 fallecimientos². Para el 8 de marzo de 2021, Brasil y Colombia se ubicaban como los países con el mayor número de casos confirmados de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Brasil a la cabeza, con 11.019.344 contagios, seguido por Colombia, con una cifra de 2.276.656 casos³. De esta cifra, se recuperaron 2.180.777; fallecieron 6.598 personas; y se mantienen activos alrededor de 30 mil casos, según datos del Ministerio de Salud de Colombia.

Ante la crisis sin precedentes derivada de la pandemia de la COVID-19, el gobierno de Iván Duque ha implementado una serie de medidas restrictivas orientadas a detener la propagación del virus SARS–CoV–2, tales como confinamiento, cuarentena, aislamiento preventivo y restricciones de movilidad. No obstante, organismos internacionales y estudios académicos han advertido que dichas medidas han provocado un considerable aumento de la pobreza y la desigualdad a nivel global, siendo perjudicadas, principalmente, las personas que trabajan en la economía informal y que dependen de los ingresos que generan diariamente.

El 12 de marzo de 2020, tras seis días de la confirmación del primer caso de COVID-19 en territorio colombiano, las autoridades gubernamentales declararon el estado de emergencia sanitaria para la contención del virus, y posteriormente, el 24 de marzo, la cuarentena obligatoria nacional por 19 días, medida que para la fecha únicamente había sido adoptada en la región por los gobiernos de Venezuela y Argentina. En el caso colombiano, la cuarentena fue solicitada por diversas organizaciones del sector de la salud, las que instaron al gobierno, en una carta pública, a la aplicación de “medidas más drásticas de las que se han tomado hasta la fecha, para evitar los nefastos cambios de indicadores epidemiológicos que ha sido una constante en esta crisis”.⁴

El Decreto 457 contempló la restricción de la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, la suspensión del transporte doméstico por vía aérea y la imposición de sanciones penales (como multas y encarcelamiento) a quienes incurrieran en una violación de la normativa. Como era de esperarse, estas medidas tuvieron efectos negativos sobre la actividad económica y, en consecuencia, generaron la pérdida de empleos e ingresos para un amplio sector de la sociedad colombiana, históricamente marcada por la desigualdad, la discriminación y la exclusión social.

Mientras las personas ubicadas en estratos medios y altos de la población poseen condiciones socioeconómicas para hacer frente a las medidas de aislamiento y confinamiento, las que se encuentran en estratos bajos y medio-bajos ven especialmente afectados sus ingresos ante el descenso del empleo informal y las restricciones de movilidad, además de estar expuestas a un riesgo mucho mayor de contraer el virus.⁵

Este fue el contexto que impulsó a una parte importante de migrantes de origen venezolano que se encontraban en Colombia a emprender el viaje de regreso a su país, precisamente debido a que esta población sobrevivía fundamentalmente en la economía informal. Sin embargo, como consecuencia de las medidas de cierre de fronteras, las personas que retornaban se vieron obligadas a utilizar pasos irregulares, con los riesgos que todo ello comporta.

Debido a que el retorno de personas venezolanas se produjo en varios países de la región, por Colombia transitaron personas provenientes de Perú, Ecuador y Chile, que forzosamente tenían que buscar alternativas a los pasos fronterizos clausurados para poder llegar a Venezuela. Se estima que entre la frontera entre Colombia y Venezuela pasaron más de 200 mil personas entre marzo y diciembre de 2020, buena parte de ellas en condiciones muy depauperadas.⁶

Un estudio realizado por la Universidad de los Andes sobre el patrón socioeconómico en la ciudad de Bogotá, arrojó que los grupos socioeconómicos más vulnerables están expuestos a un mayor contagio de la COVID-19. Por ejemplo, hasta julio de 2020, en el estrato 1 hubo 93 contagios y 3,1 muertes por cada 10.000 hogares; en el estrato 2 hubo 56,4 contagios y 2 muertes; mientras que en el estrato 6 solo 8 contagios y 0,6 muertes. Es decir, “más de 10 veces es la diferencia de contagios entre los de arriba y los de abajo”. Por la forma como se integró la población venezolana a la economía colombiana, es de suponerse que esta población respondía a las características de los estratos más bajos, así como sus mayores riesgos para la infección por coronavirus. Este hecho se ve constatado por la información recopilada por las autoridades sanitarias venezolanas a través de los dispositivos instalados en los pasos fronterizos desde el mes de marzo de 2020, en donde fue evidente que conforme pasaron los meses, la cantidad de personas infectadas provenientes de Colombia fueron en ascenso.⁷

Por otra parte, el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos de América, y que pasa por el Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, se vio ralentizado como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, se registró que entre enero y octubre de 2020, las autoridades panameñas interceptaron a 287 migrantes africanos que provenían de Colombia, que constituye uno de los países de paso. En 2019, esta cifra era de alrededor de 5 mil personas. Se debe tener en cuenta que por lo general, los migrantes provenientes de países de África y Asia viajan en avión hasta algún país con frontera con Colombia con visas de turistas, para luego internarse en territorio colombiano y continuar su viaje hasta el norte, pagando coyotes en cada frontera. La suspensión de vuelos implicó una caída de este flujo.⁸

En este sentido, la dinámica migratoria en Colombia durante la crisis pandémica se ha visto claramente alterada. Por una parte, se produjo la migración venezolana de retorno, tanto desde el propio territorio colombiano como desde otros países de la región y por el otro lado, las migraciones hacia Panamá, provenientes de África y Asia, han quedado suspendidas, salvo para quienes ya se encontraban en el continente americano al momento de iniciarse la suspensión del tráfico aéreo intercontinental.

Referencias:

1 Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/pandemia-provoca-aumento-niveles-pobreza-sin-precedentes-ultimas-decadas-impacta

2 Disponible en: https://ticotimes.net/2021/02/03/latin-america-and-caribbean-top-600000-covid-19-deaths

3 Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/

4 Disponible en: https://www.eltiempo.com/uploads/files/2020/03/17/20.03.16%20-%20GREMIOS%20MEDICOS%20-%20Carta%20al%20Presidente%20Duque.pdf

5 Disponible en: https://www.france24.com/es/20200406-colombia-tela-roja-ayuda-coronavirus-pobreza-cuarentena

6 y 7 Disponible en: https://sures.org.ve/wp-content/uploads/2020/09/VISION-PANORAMICA-SOBRE-EL-COVID-19-Y-LA-MIGRACION-VENEZOLANA.pdf

8 Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/pese-a-peligros-en-rutas-africanos-eligen-america-para-escapar-de-crisis-y-pobreza-en-sus-paises-nota/

El desplazamiento forzado del que es víctima la población colombiana desde hace 50 años, con su origen en la violencia bipartidista desatada a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y en la ola de violencia del narcotráfico y la guerra contrainsurgente durante la década de 1980, ha tenido connotaciones especiales y muy específicas sobre los grupos étnicos de ese país, como lo son las comunidades afrocolombianas e indígenas¹. Son estos grupos humanos los que han sufrido, en mayor medida, los efectos del desgarramiento cultural y psicosocial que produce el proceso de deslocalización y desterritorialización que deja tras de sí la migración forzada. Al mismo tiempo, la pérdida del territorio que acarrea el conflicto interno colombiano, ha alterado distintos aspectos de la vida de las comunidades –economía, cosmovisiones y prácticas culturales–, al cual está indisolublemente ligada debido a que este es un espacio dotado de una profunda carga simbólica y de múltiples sentidos ordenadores de la realidad².

El fenómeno del desplazamiento forzado colombiano responde a una lógica de la concentración de la propiedad agraria y control territorial por parte de latifundistas, grupos armados y bandas organizadas del narcotráfico, así como al desarrollo de megaproyectos ligados a inversión en grandes obras de infraestructuras y explotación de recursos naturales llevado a cabo por el capital nacional y trasnacional. En medio de estas pugnas y alianzas entre diversos actores legales e ilegales, las comunidades afrocolombianas e indígenas han sido desterradas y despojadas de sus territorios ancestrales, mediante prácticas que acarrearon graves vulneraciones a los derechos humanos, caracterizadas por masacres, asesinatos selectivos y desapariciones forzosas de personas³.

Según cifras del Sistema de Información sobre Derechos Humanos y Desplazamiento (Sisdhes), creado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), un total de 32.217 personas fueron desplazadas forzosamente en Colombia durante 2020, siendo el Pacífico colombiano (conformado por municipios costeros de los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca) una de las regiones más afectadas; solo en uno de los departamentos que forma parte de esa región, Nariño, se concentró el mayor número de eventos de desplazamiento (30), dejando 11.470 personas en esta situación. De igual modo, más del 50 % de las víctimas de desplazamiento pertenecían a pueblos étnicos diferenciados, siendo la población afrodescendiente la que presentó mayor número de desplazados con 9.150 personas, mientras que 7.049 pertenecían a pueblos indígenas⁴.

El Pacífico es una de las regiones más afectadas ante la violencia de los grupos armados y las actividades criminales e ilegales de las bandas del narcotráfico. Codhes precisó, en un boletín publicado en noviembre de 2017, que para ese año esta región concentraba el 33 % del total de las acciones armadas y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en agresiones directas contra la población civil por parte de grupos armados ilegales sin identificar, la Fuerza Pública, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras guerrillas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)⁵. Así también, para el mismo año, el Pacífico colombiano concentró el 68 % de los desplazamientos masivos y múltiples ocurridos a nivel nacional⁶. De acuerdo con la organización, esto obedece a que esta área, que reúne la mayoría de los territorios afrodescendientes titulados y de resguardo indígena, constituye el corredor de salida de narcóticos hacia otros países y concentra el mayor número de hectáreas cultivadas de coca (Nariño y Cauca).

Recientemente la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hizo un llamado a las autoridades colombianas a tomar medidas efectivas para proteger a la población de la violencia persistente a lo largo de todo el país, haciendo énfasis en la necesidad de que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad desarrolle una política pública para desmantelar “las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, tal y como se solicitó en el Acuerdo de Paz de 2016”. Asimismo, urgió a las autoridades a llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos reportadas, y a que defiendan los derechos de las víctimas a la justicia, a la compensación y a la reparación⁷. 

En este sentido, investigadores en la materia sostienen que una de las causas del sostenimiento en el tiempo de esta tragedia humanitaria interna descansa en la debilidad del aparato estatal colombiano. De acuerdo con Ceballos Bedoya, la fragmentariedad y precariedad de la institucionalidad del Estado colombiano ha sido una constante en la historia nación, condición que explicaría el por qué las autoridades estatales se ven impedidas de ejercer y mantener el control sobre amplias porciones del territorio nacional. “En un Estado estructurado y operante el desplazamiento forzado no dejaría de ser un evento esporádico, coyuntural, sin que se configurara una catástrofe humana de tan prolongada duración y tan incontenible fuerza como la de la experiencia colombiana”.⁸

Ante la ausencia de una institucionalidad sólida y la no tenencia del monopolio del uso legítimo de la violencia para el mantenimiento del orden interno, la sociedad colombiana se encuentra frente a un Estado vulnerable, incapaz de proveerle seguridad y servicios. Así, se abren espacios para la emergencia de dinámicas paraestatales que derivan en la disputa de distintos grupos por el poder y que se expresan en un ambiente generalizado de violencia. De acuerdo con información del Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), para el período 2018-2019 habían desplegados a lo largo del territorio colombiano 15 grupos narcoparamilitares con actuaciones definidas⁹ y con vínculos estrechos con el aparato estatal. Sobre este punto, la organización no gubernamental Human Rights Watch ha denunciado durante décadas la coordinación activa entre brigadas del Ejército colombiano, destacamentos policiales, unidades gubernamentales y los grupos paramilitares en el objetivo común, entre otros, del combate contra la guerrilla. En palabras de un funcionario municipal colombiano, la relación entre ambos actores constituye “un matrimonio”¹⁰.

En un artículo publicado por la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), Marino Córdoba, activista por los derechos humanos y director de la organización, narra los sucesos ocurridos los días 20 de diciembre de 1996 y los días 26 y 27 de febrero de 1997 en el municipio Riosucio, departamento del Chocó, episodio que pasó a la historia bajo el nombre de “Operación Génesis”y que ha sido una de las más cruentas acciones de guerra protagonizada por paramilitares e instituciones del Estado colombiano contra la población civil afrocolombiana. Allí unieron fuerzas el ejército colombiano y paramilitares en una supuesta maniobra antisubversiva, estableciéndose en el lugar, ejerciendo control sobre la circulación de la población y los alimentos, improvisando cementerios clandestinos y obligando a los pobladores a abandonar su territorio. Decenas de personas fueron desaparecidas y asesinadas, otras tuvieron que huir para salvar sus vidas. Cuando las comunidades denunciaron los hechos, “les cayó todo el peso de la ley, muchos fueron asesinados y desaparecidos, otros aún tienen procesos judiciales y las comunidades han sido y son estigmatizadas como colaboradoras de la guerrilla o paramilitares”¹¹.

Ante este este dramático cuadro de violencia generalizada, resulta imperativo apoyar la labor que desde hace décadas vienen realizando distintas organizaciones de la sociedad civil colombiana, orientadas a la implementación de acciones para sensibilizar a los distintos sectores de la sociedad nacional respecto a la urgente necesidad de proteger a las poblaciones afro e indígenas del país, particularmente afectadas por la violencia armada. Asimismo, instar a las instituciones colombianas a fortalecer su compromiso en el seguimiento y la veeduría a las obligaciones del Estado para garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales de la población en situación de desplazamiento forzado interno.

Referencias

1 Elsa Rodríguez. “Región andina: dinámicas poblacionales y políticas públicas- Encuentro internacional”, en ACNUR, 09/07/2008. Disponible en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Pueblos_indigenas/palau_2008_indigenas_afrocol_despl.pdf?view=1

2 Luis A. Arias. “Indígenas y afrocolombianos en situación de desplazamiento en Bogotá”, en Portal de revistas Universidad Nacional de Colombia, 01/01/2011. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/download/28365/38859

3 Revertir el destierro forzado: protección y restitución de los territorios usurpados a la población desplazada en Colombia, en Comisión Colombiana de Juristas, 2006. Disponible en: https://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/revertir_el_destierro_forzado.pdf

4 Jennifer Gutiérrez y Francy Barbosa “Desplazamiento forzado en Colombia. ¿Qué pasó en 2020?”, en Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 16/02/2021. Disponible en: https://codhes.wordpress.com/2021/02/16/desplazamiento-forzado-en-colombia-que-paso-en-2020/

5 y 6 “Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES”, en Boletín CODHES Informa, 10/2017. Disponible en: https://codhes.files.wordpress.com/2018/05/boletc3adn-codhes-informa-93.pdf

7 Comunicado Oficina del Alto Comisionado (2020), “Bachelet insta a Colombia a aumentar la protección de la población debido al aumento de la violencia en zonas rurales”, 15/12/2020. Disponible en: https://www.hchr.org.co/index.php/informacion-publica/comunicados-de-prensa/450-ano-2020/9504-bachelet-insta-a-colombia-a-aumentar-la-proteccion-de-la-poblacion-debido-al-aumento-de-la-violencia-en-zonas-rurales

8 María A. Ceballos. “El desplazamiento forzado en Colombia y su ardua reparación”, en Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 15, Nº 29, 2013. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/51408659.pdf

9 Indepaz. “Informe sobre presencia de grupos armados en Colombia. Actualización 2018 y 2019”, 08/2020. Disponible en: http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-GRUPOS-ARMADOS-2020-OCTUBRE.pdf

10 Human Right Watch. “La ‘sexta division’. Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia, 01/2001. Disponible en: https://www.hrw.org/es/report/2001/10/04/la-sexta-division/relaciones-militares-paramilitares-y-la-politica-estadounidense

11 Marino Córdoba. “24 años de la operación Génesis, un genocidio que sigue impune en Colombia”, en Afrodes, 23/12/2020. Disponible en: http://www.afrodescolombia.org/operacion-genesis-marino/#more-4306